Son innumerables los detalles aparentemente insignificantes que se dan por sentados en la política española actual y que habrá que reflexionar si, a estas alturas, o harturas, queremos que se sigan dando por sentados. Voy a escoger uno.

Detalle que se da por sentado: «la opinión jurídica de todos los expresidentes del Gobierno es jurídicamente valiosa, y por tanto hay que reconocerla, tenerla legalmente en cuenta incluso en la tramitación de las propias leyes y, como lógica consecuencia, pagarla, y bien«.

Explico cómo se plasma esto.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, o, mejor dicho, del Estado, como, como ha aclarado el Tribunal Constitucional pese a la dicción literal del artículo 107 de la Constitución que prevé su existencia. Está regulado en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, modificada por Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre. Son variadas sus funciones, todas de la máxima relevancia, e incluyen, entre otras, intervenir en fase prelegislativa, o sea, informar sobre las normas antes de ser aprobadas. En la tramitación de las leyes sus informes no son vinculantes, pero sí preceptivos.

La importancia jurídica de este organismo consultivo es tan incuestionable que si su informe es preceptivo en la tramitación prelegislativa de una norma de carácter reglamentario, y no se ha emitido, esa norma podrá ser anulada por los tribunales, y si la autoridad consultante es un miembro del Gobierno y desea apartarse del dictamen, la resolución debe ser adoptada por el Consejo de Ministros (art. 2.2 párrafo cuarto Ley Orgánica).

Para quien no conozca este organismo, debe dejarse muy claro, pues, que no es uno de tantos entes creados para mamandurria y que sus funciones son de verdad importantísimas, en la teoría y en la práctica, y el prestigio teórico y práctico de sus dictámenes, indiscutible. Se trata de un elemento básico de nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, aunque no exclusivamente, para la tramitación de normas.

Y veamos lo que su normativa reguladora dispone sobre expresidentes del Gobierno, como figura en la propia web del Consejo de Estado:

«Componen el Pleno, además de los miembros que integran la Comisión Permanente, los Consejeros natos y los electivos. Son Consejeros natos, por razón de otro cargo que ostentan o hayan ostentado: Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno y hayan manifestado al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él. Su mandato es vitalicio (art. 8.1 Ley Orgánica).«

¿En qué argumento exactamente se basa nuestro ordenamiento jurídico para considerar que es jurídicamente valiosa la opinión jurídica de expresidentes del Gobierno, y que lo es en todo caso y para siempre? No en la Constitución, puesto que se limita a decir en su artículo 107 que «El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.»

Tampoco dice nada el Preámbulo de la Ley de 1980 que reguló el Consejo de Estado, porque sencillamente no dice nada de nada sobre nada, más que esto:

«A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:«

El paso de los expresidentes al Consejo de Estado no estaba previsto en la versión de 1980 de la ley reguladora del Consejo de Estado; esto, que hasta entonces no se había planteado, se incluyó por reforma legal en tiempos del presidente Rodríguez Zapatero. Con la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre se incorporó una modificación a la versión original del artículo 8 de la Ley reguladora:

«1. Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento podrán manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él.

Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desempeñar las funciones y cometidos que se prevean en el reglamento orgánico, el cual incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o suspensión en el ejercicio efectivo del cargo de Consejero nato.

Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno.«

O sea, que hasta 2004 la opinión jurídica de los expresidentes no era jurídicamente valiosa sí o sí y para siempre, de forma vitalicia; desde entonces, lo es.

Y se argumenta en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2004, que introdujo esa modificación, en los siguientes términos:

«Con el ánimo de enriquecer y potenciar tan relevante función consultiva se ha estimado conveniente incorporar al Consejo de Estado a los ex Presidentes del Gobierno. El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la realidad del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso democrático, la más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valiosísimo patrimonio que acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución, lo que redundará sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que esta sirve.

Para la incorporación de los ex Presidentes del Gobierno al Consejo de Estado se crea la categoría del Consejero nato con carácter vitalicio, por ser esta la que mejor se adecua a las funciones y cometidos que han de desempeñar, todo ello sin perjuicio de que en el futuro desarrollo reglamentario se determine más precisamente su estatuto jurídico personal.»

Nos encontramos pues con que un importantísimo organismo que informa sobre normas antes de que sean aprobadas, cuyos informes tienen enorme eco en la sociedad -sobre las leyes más relevantes en tramitación sus informes son citados hasta por los medios de comunicación- y que condiciona la tramitación de normas reglamentarias hasta el punto de que si no se emite su informe se pueden anular esas normas reglamentarias, tiene a los expresidentes emitiendo opiniones jurídicas de esa relevancia; si es que el expresidente quiere estar ahí, porque no es obligatorio. En estos momentos lo está Rodríguez Zapatero; lo estuvo Aznar. Lo podrían estar, si quisieran, González y, en el futuro, Rajoy.

¿Usted cree que es muy valiosa jurídicamente la opinión de Aznar, Zapatero, González y que lo es en cualquier caso y lo es para siempre?

¿Cree usted que

El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la realidad del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso democrático, la más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valiosísimo patrimonio que acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución, lo que redundará sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que esta sirve

como dice el preámbulo de la ley como justificación de esto?

¿Cree usted que será jurídicamente valiosa en su día la opinión de Rajoy, por su caudal de experiencia política, su conocimiento de la realidad del Estado y su compromiso democrático, y que su opinión redundará en beneficio de la Administración y de los ciudadanos?

¿Cree usted que sería también jurídicamente valiosa la opinión de un expresidente que hubiera sido condenado por corrupción, o por cualquier otro delito? ¿Del que hubiera desarrollado una política nefasta como presidente del Gobierno, la política en opinión de usted nefasta? ¿De quien tuviera una conducta personal opuesta a lo intachable? ¿De quien, por ejemplo, estuviera en la cárcel, incluso?

¿Usted cree que todos los expresidentes, por serlo, saben mucho de Derecho? ¿Tanto como para que su opinión, emitida en un órgano colectivo consultivo, condicione normas?

¿Usted cree, en definitiva, que la opinión de CUALQUIER expresidente del Gobierno, hayan sido como hayan sido su trayectoria, su probidad, su formación, el resultado de las políticas que desarrolló como presidente y su actuación posterior y anterior como político y como ciudadano, DEBE tenerse en cuenta para condicionar normas?

¿Cree usted eso?

Y no estoy hablando de DINERO. Estoy hablando DE OPINIÓN. De si ES jurídicamente valiosa la OPINIÓN de un expresidente.

A usted le puede parecer que lo importante es que el expresidente del Gobierno COBRA por formar parte del Consejo de Estado, y además de cualquier otra cosa que pueda cobrar como expresidente. Los medios se hicieron eco de los 72.000 euros anuales que iba a cobrar Rodríguez Zapatero por ejercer esa función, compatibles con otros ingresos como expresidente.

Pero mí, personalmente, que un expresidente cobre por serlo, no solo no me parece mal sino muy bien. Las puertas giratorias son muchísimo más perjudiciales para la sociedad que un sueldo vitalicio digno, y no puede exigirse, siendo realistas, que alguien vuelva a su situación anterior a ganarse la vida desde cero o en el punto donde dejó perdida su vida profesional quizá muchos años atrás. Que no cobren tras dejar de ejercer el cargo no solo es demagogia, sino que significa, ni más ni menos, que solo pueden ser políticos los ricos o los funcionarios. Ciertamente no los autónomos o quienes honradamente no quieran hacer uso de su influencia para conseguir clientela, porque no es fácil volver a la vida profesional tras años de baja, como saben cualquiera que ha sufrido una baja prolongada por enfermedad y las mujeres que se reincorporan tras una excedencia por cuidado de hijos.

Lo que discuto, o someto a reflexión, es POR QUÉ debemos entender que la opinión de un expresidente es SIEMPRE valiosa, y por qué ha de presumirse que dispone de un caudal de conocimientos y experiencias y una calidad democrática que los hacen insustituibles ya para siempre en el encaje normativo del Estado. Por mucho que su opinión sea solo la de uno más en un órgano colectivo. Cobre o no cobre por emitir esa opinión.

A mí, personalmente, no me interesa la opinión jurídica del Sr Rajoy, ni me parece que deba tenerse en cuenta en algo tan grave como la tramitación de normas. No observo en él ese caudal de experiencias valiosas y esa elevada calidad democrática que, a tenor de la exposición de motivos citada, fundamentan el valor de su futura aportación jurídica en el Consejo de Estado, ni, como jurista que soy, aprecio en él especiales conocimientos jurídicos.

Tampoco me interesa la opinión de los otros expresidentes vivos, cuya actuación como presidentes dejó mucho que desear en su día, y/o cuya actuación posterior como ciudadanos particulares haciendo uso de puertas giratorias y de mecanismos de enriquecimiento personal con contactos establecidos cuando su vida política no me permiten deducir la mejor impresión de su forma de ser y sus conocimientos jurídicos.

Ofrezco esto como material para la reflexión. E insisto: no estoy hablando de dinero, de lo que cobran por ser consejeros de Estado. Estoy hablando de algo MUCHO más serio. De perpetuar en los mecanismos de poder a quienes habrá que discutir si de verdad es necesario que se perpetúen en los mecanismos del poder, como pequeño engranaje solo, sí, pero presumiendo que concurre lo que no tiene por qué necesaramente concurrir: la honradez, la calidad democrática y la experiencia valiosa.

Por mi parte, ya lo tengo muy reflexionado.

Y tenga en cuenta, por si no lo sabe, que en Comunidades Autónomas existe mecanismo análogo. En Madrid, el exministro de Justicia Sr. Gallardón, poco menos que unánimemente reconocido como el peor de la democracia, está formando parte del Consejo Consultivo equivalente a nivel autonómico del Consejo de Estado, en su calidad de expresidente de la Comunidad de Madrid, emitiendo opiniones jurídicas que nos afectan a todos los madrileños; y formará parte, si quiere, también, la Sra. Aguirre. Las opiniones jurídicas de estas dos personas cuyos conocimientos de Derecho son los que prefiero no comentar, y cuya trayectoria política y talante personal tampoco quiero ni mencionar, se consideran jurídicamente valiosas.

¿Usted cómo lo ve?

Verónica del Carpio Fiestas