Manual para ganar discusiones sin tener razón en Twitter, tertulias televisivas y debates parlamentarios, escrito por Schopenhauer en el siglo XIX

Dialéctica erística o el arte de tener razón, expuesta en treinta y ocho estratagemas” es el nombre de un breve ensayo (treinta y tantas páginas) del filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1768-1860). El texto completo puede encontrarse por ejemplo aquí o aquí e incluso leído en Youtube, en audio de poco más de una hora; está basado en Aristóteles, con aportes propios de Schopenhauer de contenido y enfoque. Cómo es posible querer ganar una discusión prescindiendo de que se tenga o no razón e induciendo a error al auditorio, parecería inconcebible, porque que gane y brille la verdad con honradez intelectual es lo único que debería interesar en una discusión en cualquier ámbito, y no digamos si la discusión es pública y política, ¿no? Aunque las cosas no son tan sencillas:

“¿Cuál es el origen de esto? La maldad natural del género humano. Si no fuese así, si fuésemos honestos por naturaleza, intentaríamos simplemente que la verdad saliese a la luz en todo debate, sin preocuparnos en absoluto de si ésta se adapta a la opinión que previamente mantuvimos, o a la del otro; eso sería indiferente o en cualquier caso, algo muy secundario. Pero ahora es lo principal. La vanidad innata, que tan susceptible se muestra en lo que respecta a nuestra capacidad intelectual, no se resigna a aceptar que aquello que primero formulamos resulte ser falso, y verdadero lo del adversario. Tras esto, cada cual no tendría otra cosa que hacer más que esforzase por juzgar rectamente, para lo que primero tendría que pensar y luego hablar. Pero junto a la vanidad natural también se hermanan, en la mayor parte de los seres humanos, la charlatanería y la innata improbidad. Hablan antes de haber pensado y aun cuando en su fuero interno se dan cuenta de que su afirmación es falsa y que no tienen razón, debe parecer, sin embargo, como si fuese lo contrario. El interés por la verdad, que por lo general muy bien pudo ser el único motivo al formular la supuesta tesis verdadera, se inclina ahora del todo al interés de la vanidad: lo verdadero debe parecer falso y lo falso verdadero.”

Y quien dice “vanidad” dice otros muchos motivos, por ejemplo, “Muy pocos son capaces de pensar, sin embargo todos quieren tener opiniones”, afirma Schopenhauer…  schopenhauer

Y es que, dice Schopenhauer, “en la dialéctica hay que dejar a un lado la verdad objetiva, o considerarla como algo accidental; y, simplemente, no ocuparse más que de cómo defender las afirmaciones propias y cómo invalidar las del otro. En lo que a estas reglas se refiere, es permisible no tener en cuenta la verdad objetiva porque en la mayoría de los casos se desconoce su paradero.

Y para ganar en una discusión sin tener razón Schopenhauer ofrece 38 estratagemas concretas para “el arte de ganar una discusión sin tener razón”. Vamos a empezar por la 38 y última, que es una de las más populares: la grosería.

“ESTRATAGEMA FINAL
Cuando se advierte que el adversario es superior y se tienen las de perder, se procede ofensiva, grosera y ultrajantemente; es decir, se pasa del objeto de la discusión (puesto que ahí se ha perdido la partida) a la persona del adversario, a la que se ataca de cualquier manera. Puede denominarse a este procedimiento argumentum ad personam, distinguiéndolo así del argumentum ad hominem, que consiste en alejarse del objeto de la discusión atacando alguna cosa secundaria que ha dicho o admitido el adversario. Ad personam, en cambio, se procede abandonando por completo el objeto en discusión y atacando a la persona del adversario; así, uno se torna insolente y burlón, ofensivo y grosero. Se trata de pasar de la apelación de la fuerza del espíritu a la fuerza del cuerpo, o a la bestialidad. Esta regla es muy popular; como todo el mundo está capacitado para ponerla en práctica, se utiliza muy a menudo.”

Hasta ahora vamos bien. Esto en efecto se ve en redes sociales, tertulias televisivas y debates parlamentarios con frecuencia; lo que Schopenhauer recomendaba en el siglo XIX ahí sigue, muy popular. Vamos a seguir con la estratagema 16:

“ESTRATAGEMA 16
Argumenta ad hominem o ex concessis. Con respecto a una afirmación del adversario, tenemos que buscar si de alguna manera no estará en contradicción -en caso necesario, por lo menos en apariencia -con alguna otra cosa que él haya dicho o admitido previamente, o con los principios de una escuela o secta que él haya alabado aprobado; también con hechos de quienes pertenecen a tal secta, o con los de miembros falsos o supuestos, o con su propia conducta. Si, por ejemplo, él defiende el suicidio, se le espeta: ”¿Por qué no te ahorcas tú ?”. O si afirma que la permanencia en Berlín no le es grata, se le increpa inesperadamente: “¿Por qué no te marchas de aquí en el primer correo?”.”

Diría que estos argumenta ad hominem o ex concessis siguen siendo también muy populares. Vayamos con la estratagema 12.

“ESTRATAGEMA 12
Si la conversación versa sobre un concepto general que carece de nombre propio y tiene que designarse trópicamente mediante una similitud, enseguida hemos de elegir nosotros el símil, de manera tal que sea lo más ventajoso posible para nuestra afirmación. Así, por ejemplo, los nombres con que en España son designados los dos partidos políticos, serviles y liberales, los eligieron, evidentemente, estos últimos. El nombre de “protestantes” lo eligieron ellos; el de “evangélicos”, también; pero el de “herejes”, los católicos. Sirve también para nombrar las cosas de manera que resulten más apropiadas a nuestro interés: por ejemplo, si el adversario ha propuesto un cambio, se le llamará innovación, pues se trata de una palabra aborrecida. Actuaremos de manera contraria si somos nosotros quienes hacemos la propuesta. En el primer caso se llama a lo opuesto “orden establecido”; en el segundo, “un pellejo”. Aquello que alguien desintencionada e imparcialmente llamaría algo así como “culto” o “doctrina pública de la fe”, otro que quisiera hablar en su favor, lo llamaría “piedad” o “beatitud”, y un enemigo, “hipocresía” o “superstición”. En el fondo se trata de una sutil petitio principi, ya que con la palabra, en la denominación utilizada, damos ya por supuesto aquello que queremos probar y que luego derivamos mediante un simple juicio analítico. A lo que uno denomina “asegurar su persona”, “poner bajo custodia”, su enemigo lo llama “encerrar”. Un orador traiciona previamente su intención por medio del nombre que da a las cosas. Uno dice “la espiritualidad”; otro, “los curas”. Entre todas las estratagemas ésta es instintivamente la que más se usa. Fervor religioso/ fanatismo; desliz o galantería/ infidelidad; equívoco/indecencia; contratiempo/ bancarrota; “por medio de influencia y relaciones”/ “mediante corrupción y nepotismo”; “sincero reconocimiento”/ “buena retribución”.”

No creo que nadie pueda sostener razonablemente que era solo en el siglo XIX cuando esta estratagema se utilizaba en España; en los medios de comunicación, los debates políticos televisivos y parlamentarios, las redes sociales, esta estratagema 12 la veo con frecuencia, o, mejor dicho, con mucha frecuencia. Se ve que sigue siendo popular y útil. Por cierto, tiene gracia que Schopenhauer ponga el ejemplo de España, cuando ningún otro pone de país concreto en ninguna de las estratagemas; quizá ya en el siglo XIX la política española era especialmente interesante desde el punto el vista de la dialéctica. Pero sigamos, ahora con la estratagema 8:

“ESTRATAGEMA 8
Provocar la irritación del adversario y hacerle montar en cólera, pues obcecado por ella, no estará en condiciones apropiadas de juzgar rectamente ni de aprovechar las propias ventajas. Se le encoleriza tratándole injustamente sin miramiento alguno, incomodándole y, en general, comportándose con insolencia.”

Bueno, bueno, hay que ver qué moderno es Schopenhauer; esto parece una descripción exacta de un cierto modo de comportamiento en Twitter. Pero sigamos, con la estrategema 18:

“ESTRATAGEMA 18
Si notamos que el adversario comienza una argumentación con la que va a derrotarnos, no tenemos que consentirle que siga adelante con ella; hay que impedirle a toda costa que la concluya, interrumpiendo o desviando a tiempo la trayectoria de la discusión al encaminarla hacia otras cuestiones. Brevemente, le salimos al paso con una mutatio controversiae [cambio del tema de la discusión].

A estas alturas casi llega el momento de preguntarse cómo es posible que Schopenhauer escribiera esto cuando no había Twitter. Vayamos con la estratagema 28:

“ESTRATAGEMA 28
Esta estratagema está especialmente indicada para cuando discuten personas doctas ante un público que no lo es. Si no se tiene ningún argumentum ad rem y ni siquiera uno ad hominem, se intenta uno ad auditores [al auditorio], esto es, se arguye una observación inválida, cuya invalidez sólo reconoce el experto. si bien el adversario lo es, no así el auditorio: a sus ojos, nuestro adversario pasará por ser el derrotado, y aún más rotundamente, si la observación que se hizo pone en ridículo de algún modo su afirmación. La gente está enseguida dispuesta a la risa; y se obtiene el apoyo de los que ríen. Para mostrar la nulidad del comentario, el adversario tendría que debatir largamente y remitirse a los principios de la ciencia o a otra cosa por el estilo, con lo que no obtendría fácilmente atención.
Ejemplo. El adversario dice: “En la formación de la costra rocosa primigenia, la masa desde la que cristalizaron el granito y toda la roca restante se hallaba fluida a causadel calor, es decir, derretida; el calor debió de ser por lo menos de 200° R.; la masa cristalizó bajo la superficie marina que la cubría.” Hacemos el argumento ad auditorem, aduciendo que bajo aquella temperatura, ya incluso antes de los 80°, el mar habría cocido y se habría esfumado en forma de vapor. Los espectadores ríen. Para refutarnos, nuestro adversario tendría que demostrarnos que el punto de ebullición no depende sólo del calor, sino también de la presión atmosférica y que ésta es tan intensa que incluso si la mitad del agua marina sube en forma de vapor, aun a la temperatura de 200° R. no da lugar a cocción alguna. Mas él no se aventura a demostrarlo, pues para quienes no son físicos se necesita prácticamente todo un tratado.”

Hay que ver la cantidad de veces que he visto esta estratagema 28 en debates públicos de contenido jurídico. Las estratagemas 32 y 36 también las he visto muchas veces, en todo tipo de debates:

“ESTRATAGEMA 32
Una forma rápida de invalidar o, al menos, hacer sospechosa una afirmación del adversario que no nos conviene es subsumirla bajo una categoría aborrecible con la que pueda tener alguna semejanza, con la que se la relaciona sin más: por ejemplo “esto es maniqueísmo, esto es arrianismo; esto es pelagianismo; esto es idealismo; esto es espinozismo; esto es panteísmo; esto es brownianismo; esto es naturalismo; esto, ateísmo; esto es racionalismo; esto, espiritualismo; esto es misticismo; etc.”. Con lo que suponemos dos cosas: 1) que la afirmación es idéntica o, al menos, está contenida en tal categoría y podemos exclamar: “¡Oh, esto no es nuevo para nosotros!” y 2) que tal categoría ya está refutada del todo y no puede contener ni una sola palabra de verdad.”

“ESTRATAGEMA 36
Desconcertar y aturdir al adversario con absurda y excesiva locuacidad. Esto tiene que ver con que frecuentemente creen los hombres, al escuchar palabras huecas, que se trata de graves pensamientos. Si el adversario es consciente de su propia debilidad y lo oculta, si está acostumbrado a escuchar cosas que no entiende haciendo como si las hubiese entendido, entonces puede impresionársele si con aire de seriedad y haciendo que parezcan verdades profundas, se le espetan los mayores absurdos como si fueran la prueba palpable de lo que se desea defender.”

Esta última estratagema, que he visto especialmente empleada si se habla de Economía, me recuerda a este chiste de Gila:

schopenhauer 3

Estas estratagemas que he trascrito son solo unas cuantas de las 38; saber que existen permite detectar las falacias de una discusión actual, por ejemplo sobre política, y no solo en Twitter o redes sociales. ¿Interesa que la gente sepa detectar las falacias en discusiones públicas, por ejemplo políticas, o entre políticos? Supongo que sí. Cómo va ser que no, ¿no?

Aunque, es curioso, no sé por qué, de repente me he acordado de cómo la Filosofía, que enseña a pensar, está quedando marginada en los estudios reglados…

Verónica del Carpio Fiestas

agua

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Stéphane Poussier y apología del terrorismo

El gendarme Arnaud Beltrame reemplazó voluntariamente a uno de los rehenes en un atentado terrorista yihadista en Francia y murió asesinado el día 24 de marzo de 2018, en una muerte heroica que conmocionó a su país, y que también nos conmocionó y nos reconcilió con la condición humana a otros que no somos franceses. Poco después, Stéphane Poussier, excandidato del partido o plataforma política de izquierdas La France Insoumise en las elecciones legislativas de 2017, publicó dos tuits en los que se felicitaba o ironizaba sobre esa muerte. Con fecha 27 de marzo de 2018 Stéphane Poussier fue juzgado, en el aproximadamente equivalente a un juicio rápido, y condenado por apología del terrorismo a un año de prisión con suspension de condena y siete años de privación de derechos civiles. Su propio partido se desmarcó de esos tuits, anunció que iba a denunciar a Stéphane Poussier por apología del terrorismo y al tuitero lo ha expulsado de inmediato. En cuanto al tuitero condenado, reconoció que había actuado de forma irracional, anunció que no recurriría la sentencia, que aceptaba plenamente, y presentó excusas a la familia del gendarme asesinado.

Transcribo lo que al respecto ha publicado Le Figaro:

Candidat malheureux de La France insoumise aux législatives en 2017, il avait écrit sur Twitter: «À chaque fois qu’un gendarme se fait buter (…) je pense à mon ami Rémi Fraisse», un jeune militant écologiste tué en 2014 par une grenade tirée par un gendarme dans le sud-ouest de la France. «Là, c’est un colonel, quel pied! Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins», avait-il ajouté. Ses remarques ont provoqué de vives réactions sur Twitter, et son compte a été désactivé. Les tweets ont été condamnés par son ancien mouvement, la France Insoumise et par son leader Jean-Luc Mélenchon. Poussier a été exclu du parti samedi.

Transcribo lo que al respecto ha publicado Le Monde:

“Apologie du terrorisme : l’ancien candidat de La France insoumise Stéphane Poussier condamné à un an de prison avec sursis

L’ancien candidat de La France insoumise s’était réjoui de la mort vendredi du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame lors des attaques dans l’Aude.

Stéphane Poussier est condamné à un an de prison avec sursis, et se voit privé de ses droits civiques pendant sept ans. L’ancien candidat La France insoumise (LFI) aux élections législatives, Stéphane Poussier était jugé en comparution immédiate pour apologie du terrorisme, mardi 27 mars après-midi, au tribunal de grande instance de Lisieux. Le procureur avait requis six mois de prison, dont deux mois ferme.

Il s’était félicité, dans des publications sur Twitter et Facebook, de la mort du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui avait pris la place d’une otage lors de l’attaque du supermarché de Trèbes (Aude) vendredi et avait été tué par l’assaillant. Alors qu’Arnaud Beltrame est unanimement salué comme un héros, qu’un hommage national lui sera rendu mercredi et que les députés ont observé mardi une minute de silence à sa mémoire, ces messages publiés sur les réseaux sociaux ont provoqué un tollé.

LFI a exclu Stéphane Poussier de ses rangs, envisageant même de porter plainte contre lui, d’après les mots de son leader Jean-Luc Mélenchon.

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Mardi au tribunal, Stéphane Poussier a présenté ses excuses à la famille d’Arnaud Beltrame. « J’ai réagi de manière irrationnelle », a-t-il dit.
Transcribo lo que al respecto ha publicado Le Parisien:
“Apologie du terrorisme : un an de prison avec sursis pour l’ex-candidat LFI Stéphane Poussier.
Interpellé dimanche pour avoir publié deux tweets se félicitant de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, Stéphane Poussier était jugé ce mardi en comparution immédiate.
Samedi dernier, Stéphane Poussier s’était félicité sur Twitter de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué lors de l’attaque terroriste de Trèbes. Des tweets qui ont provoqué indignation et écœurement. Interpellé et placé en garde en garde à vue dès dimanche matin, cet ex-candidat de la France Insoumise (LFI) aux législatives de juin dans le Calvados a été jugé ce mardi à Lisieux (Calvados), en comparution immédiate, et a écopé d’un an de prison avec suris.
Poursuivi pour apologie d’un acte de terrorisme, Stéphane Poussier a été condamné après deux heures d’audience. Le tribunal l’a également privé de ses droits civiques et civils pendant sept ans. Dans son délibéré, le président Lionel Da Costa Roma a estimé que le prévenu avait diffusé « des messages sans équivoque » sur l’attentat survenu le 23 mars dernier. Sur son compte Twitter, l’ancien candidat LFI a présenté la mort du lieutenant-colonel Beltrame, tué lors de l’attaque, « de façon positive, voire très positive», a souligné le magistrat.
«L’apologie du terrorisme n’est, pas plus que le négationnisme, une opinion. C’est un délit », a tranché David Pamart, pour le parquet. Le procureur de la république avait requis six mois de prison, dont quatre avec sursis, à l’encontre du prévenu. A la sortie de l’audience, Stéphane Poussier a déclaré qu’il ne fera pas appel de la décision. Le parti de Jean-Luc Mélenchon s’était aussitôt désolidarisé de Poussier, et de ses propos qualifiés «d’abjects et honteux».
«C’était inapproprié et cruel pour la famill»
Dans l’un de ses tweets, le prévenu de 61 ans s’était notamment vanté de «prendre son pied» suite au meurtre du militaire. Mardi, Stéphane Poussier s’est pour la première fois excusé : «C’était inapproprié et cruel pour la famille, les proches et les collègues d’Arnaud Beltrame.» Pour autant, ce mea culpa n’a pas convaincu le tribunal. Lors de sa garde à vue, le sexagénaire avait été «beaucoup plus revendicatif», a rappelé Lionel Da Costa Roma. Stéphane Poussier avait assumé sa «haine froide» des gendarmes. Pour son avocate, il s’agissait alors «d’une simple opinio» qui relève davantage de la liberté d’expression.”

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«L’apologie du terrorisme n’est, pas plus que le négationnisme, une opinion. C’est un délit», a tranché David Pamart, pour le parquet. Le procureur de la république avait requis six mois de prison, dont quatre avec sursis, à l’encontre du prévenu. A la sortie de l’audience, Stéphane Poussier a déclaré qu’il ne fera pas appel de la décision. Le parti de Jean-Luc Mélenchon s’était aussitôt désolidarisé de Poussier, et de ses propos qualifiés «d’abjects et honteu ».”

Transcribo lo que al respecto ha publicado Huffingtonpost:
“Stéphane Poussier, ex-candidat Insoumis, condamné à un an de prison avec sursis pour “apologie du terrorisme”
Il avait publié deux tweets le jour de la mort du gendarme héroïque.
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“JUSTICE – L’ancien candidat de la France insoumise (LFI) aux législatives du Calvados, Stéphane Poussier, a été reconnu coupable d’apologie du terrorisme et condamné ce mardi 27 mars à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lisieux, rapporte l’AFP, confirmant l’information de plusieurs médias dont BFMTV et France 3. Il a fait l’objet d’une comparution immédiate.

 Il avait été interpellé dimanche à 11h30 à son domicile de Dives-sur-Mer, dans le Calvados, pour avoir publié samedi deux tweets se félicitant de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué après s’être substitué à un otage dans l’attaque terroriste du supermarché de Trèbes.
 

Candidat malheureux de La France insoumise dans la 4e circonscription du Calvados, Stéphane Poussier, 60 ans, avait écrit sur Twitter: “À chaque fois qu’un gendarme se fait buter (…) je pense à mon ami Rémi Fraisse”, un jeune militant écologiste tué en 2014 par une grenade tirée par un gendarme.

 “Là, c’est un colonel, quel pied! Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins”, avait-il ajouté. Ses remarques ont provoqué de vives réactions sur Twitter, et son compte a été désactivé.
Liberté d’expression

D’après son avocate Floriane Gabriel, citée par France Bleu Calvados-Orne, “Monsieur Poussier se prévaut de la liberté d’expression et d’opinion et il conteste la qualification d’apologie du terrorisme.”

Invité à expliquer son geste, Stéphane Poussier, qui a une condamnation à son casier judiciaire pour non paiement d’une pension alimentaire en 2000, a déclaré à la barre: “J’étais en colère qu’il y ait une telle unanimité. Je voulais me différencier de cette unanimité”. Le prévenu a aussi évoqué des moments d'”irrationalité” depuis une opération chirurgicale qu’il a subie en 2017.

Cet ancien commercial dans la téléphonie, aujourd’hui au RSA, a indiqué à la presse après sa condamnation qu’il ne ferait “pas appel” de ce jugement qu’il dit “accepte(r) pleinement”. À la barre, comme devant la presse, il s’est excusé à plusieurs reprises auprès des proches et des collègues du gendarme pour ses propos “cruels”.

Le tribunal a considéré que ces tweets contenaient une “présentation favorable voire très favorable” des “conséquences d’un acte terroriste”, a indiqué son président Lionel Da Costa Roma. “C’est une expression publique qui tombe sous le coup de la loi” y compris au regard de la convention européenne de droits de l’homme, a ajouté le magistrat. Le tribunal a toutefois tenu compte du “caractère très limité dans le temps, ponctuel” de ces propos.

Les tweets ont été condamnés par son ancien mouvement, La France insoumise, et par son leader Jean-Luc Mélenchon. Selon LFI, Stéphane Poussier a été exclu du parti dès samedi. “Lundi La France insoumise veut porter plainte pour apologie du terrorisme contre Stéphane Poussier”, a indiqué dimanche Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter.”

Durant l’audience mardi le procureur de la République David Pamart avait requis une peine plus importante que celle décidée par le tribunal: six mois de prison dont quatre avec sursis. La peine maximale encourue pour ce type de délit est de 7 ans de prison et de 100.000 euros d’amende.”

 

Otro resumen en Actu.

Enlace al tuit de Melénchon en relación con Stéphane Poussier: “Lundi la @franceinsuomise veut porter plaite por apologie du terrorisme contre Stephane Poussier”.

 

Hasta aquí las noticias sobre el caso Stéphane Poussier, con una selección de enlaces a medios de comunicación franceses.

Y ahora volvamos a España.

Cualquiera que frecuente las redes sociales sabe que tuits parecidos, y mucho peores, a los del Sr. Poussier son relativamente frecuentes en España. Y sabe también que cada vez que se persigue penalmente a un tuitero por ello las redes sociales arden, como tópicamente se dice, diciendo en tono más o menos moderado o agresivo lo que ya a estas alturas es para algunos sectores un mantra: que España es un país fascista vergüenza de Europa, que la Audiencia Nacional es ni mas ni menos que el franquista Tribunal de Orden Público redivivo, y que no solo es inadmisible que se persiga a nadie como apología del terrorismo, porque el propio delito es sin más inaceptable, sino que es inadmisible que se persiga por cualquier otro posible delito relativo a libertad de expresión, la cual, dicen, carece de límites de todo tipo más allá de la propia voluntad individual de decir lo que cada cual tenga a bien decir según su santísima voluntad, y que ello no ha de generar responsabilidades civiles o penales de ningún tipo, y que sostener lo contrario es totalitario, franquista, contrario a los derechos humanos y/o fascista. En Francia se ha puesto bajo custodia policial, juzgado y condenado en unos días por apología del terrorismo a un tuitero que incluso había sido candidato a las elecciones legislativas, por un delito, según las noticias, y el propio partido del tuitero no solo no lo apoya sino que habla de denunciarlo, y el propio tuitero ha pedido perdón y ha anunciado que no recurre la sentencia, mientras que aquí prefiero no pensar qué pasaría en caso análogo, aunque en realidad no tengo ni que pensarlo, que ahí están casos y las reacciones de todos conocidos. ¿O también es Francia un país totalitario, franquista, contrario a los derechos humanos y/o fascista? ¿Y La France Insoumise también es totalitaria, franquista, contraria a los derechos humanos y/o fascista? ¿Y es un idiota el propio tuitero por reconocer que había actuado irracionalmente, presentar excusas y no recurrir? ¿En serio que hay que suprimir en España el delito de apología del terrorismo o delito análogo y cualquier otra persecución contra la expresión pública de ideas? ¿En serio que da todo igual?

¿O quizá es que no da todo igual, a la vista del caso del Sr. Poussier y de como en Francia esas actuaciones se consideran inaceptables y rechazables y se ve con naturalidad, incluso por quienes son próximos ideológicamente, que puedan ser perseguibles penalmente? Ahí lo dejo.

Y, por cierto, si en Francia es posible perseguir y condenar en apenas unos días por apología del terrorismo, y por un tribunal de zona, quizá aquí no necesitemos una Audiencia Nacional dedicada a perseguir tuiteros y con meses o años de juicios. Y aunque solo sea por motivos de coste económico; que los juicios no son gratis para el Estado y no sobra precisamente el dinero en la Administración de Justicia como para dedicar un tribunal de ámbito estatal años o meses a que tramite un carísimo pleito penal por un par de tuits.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

 

 

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Reflexión sobre falta de igualdad en importantes órganos colegiados, con un ejemplo: el Consejo de Estado

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, conocida como Ley de Igualdad, dispone en su artículo 1 lo siguiente:

Artículo 1. Objeto de la Ley

1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.

Que tras once años de vigencia de esta ley ese “objeto” no se ha conseguido es evidente, y no hace falta para percibirlo leer los reportajes y artículos publicados con ocasión del 8-M de 2018; solo hace falta tener los ojos de la mente abiertos.  Pero el 8-M de 2018 llegó y pasó y ahora hay que ver qué problemas concretos existen y qué soluciones se pueden proponer. Aquí voy a poner de manifiesto un problema concreto del cual no veo que se hable. Ya adelanto que no sé cuál sería la mejor solución; solo sé que la Constitución proclama la igualdad como principio esencial inspirador del ordenamiento jurídico y la obligación de los poderes públicos de promoverla, y la Constitución tiene ya cuatro décadas, y hay cuestiones concretas en las que nada concreto se ha hecho por los Poderes Públicos para promover esa igualdad, ni siquiera por la Ley de Igualdad, y que seguimos igual que hace cuatro décadas y que una vez detectado y expuesto el problema que voy a exponer, dejo la solución para reflexión colectiva. Me refiero a la falta de paridad en importantes órganos colegiados derivada de que sus miembros lo son por ser a su vez cabeza o miembros de otros organismos o por ostentar o haber ostentado determinado cargos, de forma tal que la consecuencia es que apenas hay mujeres en esos órganos colegiados. 

Voy a explicarlo con un ejemplo concreto: el Consejo de Estado.
He escogido el Consejo de Estado como ejemplo por su evidente importancia constitucional, práctica y técnica, bien conocida por cualquier jurista, en el entendido de que es eso, un ejemplo.
Sobre el Consejo de Estado dice la Constitución lo siguiente:

“Artículo 107. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.”

Estamos, pues, nada menos, que el caso del máximo órgano consultivo, y no solo del Gobierno. Sobre su importantísima función, voy a citar el ilustrativo análisis del artículo 107 de la Constitución que figura en la web del Congreso de los Diputados, enlace aquí:

“El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la naturaleza del Consejo de Estado y el alcance de la función que desarrolla. En su Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, sostuvo que el Consejo de Estado, tal como establece el artículo 20.1 de su Ley Orgánica 3/1980, se configura también como órgano consultivo de las Comunidades Autónomas. Abundando en esta idea, en la posterior Sentencia del mismo Tribunal 56/1990 se afirmaba que el Consejo de Estado, pese a la dicción literal del artículo 107 de la Constitución, que se refiere a él como supremo órgano consultivo del Gobierno, tiene en realidad el carácter de órgano del Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución establece. Así resulta -resaltaba el Tribunal Constitucional- de su composición y de sus funciones consultivas que se extienden también a las Comunidades Autónomas, según se prevé explícitamente en el diseño competencial a que se remite la Constitución, realizado por los artículos 20 a 23 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

Pero ha sido la Sentencia del Tribunal Constitucional 204/1992 en la que, de una manera más desarrollada, se aborda la cuestión. En ella se llega a la conclusión de que es cierto que el artículo 107 de la Constitución se está refiriendo a la función consultiva que el Consejo de Estado desarrolla para el Gobierno de la Nación en concreto. Pero la circunstancia de que el citado precepto constitucional no contemple expresamente más que dicha función, no quiere decir que el Consejo de Estado haya de quedar confinado al ejercicio de esa específica función y que no pueda extenderse el alcance de su intervención consultiva. Se afirma en la Sentencia que en realidad, el ámbito de actuación del Consejo de Estado es mucho más amplio, y se ha venido configurando históricamente como órgano consultivo de las Administraciones Públicas. El hecho de que no forme parte de la Administración activa, su autonomía orgánica y funcional, garantía de objetividad e independencia, le habilitan para el cumplimiento de esa tarea, más allá de su condición esencial de órgano consultivo del Gobierno, en relación también con otros órganos gubernativos y con Administraciones públicas distintas de la del Estado, en los términos que las leyes dispongan, conforme a la Constitución.”

Ninguna duda cabe de la importancia constitucional y normativa del Consejo de Estado. Y en cuanto a su importancia práctica, baste mencionar unos cuantos puntos: que ha de informar en la tramitación de leyes y que sus dictámenes suelen ser de altísima calidad técnica, como puede comprobar cualquiera que consulte los dictámenes que constan en la web del Boletín Oficial del Estado, enlace aquí; que es abundante y compleja la jurisprudencia sobre los efectos invalidantes de ausencia del preceptivo informe del Consejo de Estado en normas reglamentarias dictadas por el Gobierno, es decir, que en esos casos el Gobierno seguir o no del Consejo de Estado, pero dependiendo de los casos no puede  sin más saltárselo; y que lo que diga el Consejo de Estado condiciona lo que ha de hacerse en ciertos casos de indemnizaciones.

No estamos hablando, pues, de un cementerio de elefantes. Estamos hablando de un órgano jurídico esencial en la elaboración de normas jurídicas.

Está regulado por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, enlace aquí. Su composicion está regulada en el título segundo, artículos 3 y siguientes:

“Artículo tercero.

Uno. El Consejo de Estado actúa en Pleno o en Comisión Permanente.

Dos. También podrá actuar en secciones con arreglo a lo que dispongan su Reglamento orgánico.

Artículo cuarto.

Uno. Integran el Consejo de Estado en Pleno:

  1. a) El Presidente.
  2. b) Los Consejeros permanentes.
  3. c) Los Consejeros natos.
  4. d) Los Consejeros electivos.
  5. e) El Secretario general.

Dos. El Presidente y los demás Miembros del Gobierno podrán asistir a las sesiones del Consejo en Pleno e informar en él cuando lo consideren conveniente.

Artículo quinto.

Componen la Comisión Permanente el Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general.

Artículo sexto.

Uno. El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.

Dos. En las vacantes, ausencias y enfermedades del Presidente le sustituirá el Consejero permanente a quien corresponda según el orden de las Secciones.

Artículo séptimo.

Los Consejeros permanentes, en número igual al de las Secciones del Consejo, son nombrados, sin límite de tiempo, por Real Decreto entre personas que estén o hayan estado comprendidas en alguna de las categorías siguientes:

Primero.–Ministro.

Segundo.–Presidente o miembro de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

Tercero.–Consejero de Estado.

Cuarto.–Letrado Mayor del Consejo de Estado.

Quinto.–Académico de número de las Reales Academias integradas en el Instituto de España.

Sexto.–Profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales en Facultad universitaria con quince años de ejercicio.

Séptimo.–Oficial general de los Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas.

Octavo.–Funcionarios del Estado con quince años de servicios al menos en Cuerpos o Escalas para cuyo ingreso se exija titulo universitario.

Artículo octavo.

Serán Consejeros natos de Estado:

  1. a) El Director de la Real Academia Española y los Presidentes de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación.
  2. b) El Presidente del Consejo a que se refiere el artículo ciento treinta y uno punto dos de la Constitución española.
  3. c) El Fiscal general del Estado.
  4. d) El Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
  5. e) El Presidente del Consejo General de la Abogada.
  6. f) El Presidente de la Comisión General de Codificación.
  7. g) El Director general de lo Contencioso del Estado.
  8. h) El Director del Centro de Estudios Constitucionales.

Artículo noveno.

Los Consejeros electivos de Estado, en número de diez, serán nombrados por Real Decreto, por un periodo de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los siguientes cargos:

  1. a) Diputado o Senador de las Cortes Generales.
  2. b) Magistrado del Tribunal Constitucional.
  3. c) Defensor del pueblo.
  4. d) Presidente o Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
  5. e) Ministro o Secretario de Estado.
  6. f) Presidente del Tribunal de Cuentas.
  7. g) Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
  8. h) Presidente o miembro del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma.
  9. i) Embajador, procedente de la carrera diplomática.
  10. j) Alcalde de capital de provincia, Presidente de Diputación Provincial, de Mancomunidad Interinsular, de Cabildo Insular o de Consejo Insular.
  11. k) Rector de Universidad.

Artículo diez.

Uno. El Secretario general será nombrado por Real Decreto entre los Letrados Mayores, a propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno.

Dos. Asistirá con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.”

Obsérvese que el sistema de designación de consejeros del Consejo de Estado exige pertenencia a otras entidades o grupos  u ostentar o haber ostentado determinados cargos.

Vayamos, por ejemplo, a la lista de consejeros natos, es decir, los que forman parte del Consejo de Estado por su condición a su vez de presidentes de otras importantes entidades.  En la columna de la derecha figura si se trata de un varón o mujer, y el dato de cuántas mujeres ostentan a día de hoy o han ostentado el cargo, más algún otro dato de interés. Es importante precisar que no puedo asegurar la certeza sobre la situación; esto es elaboración propia, y en muchos casos no hay transparencia ni fuentes seguras y la recopilación es laboriosa, por lo que me disculpo anticipadamente por los errores que haya podido cometer. Como fuente se ha procurado en lo posible usar las propias webs de las respectivas instituciones.

a) El Director de la Real Academia Española y los Presidentes de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación.

En esos momentos, varón, varón y varón (no hay precedentes de mujeres en la presidencia de la Real Academia Española y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; de la de Ciencias Morales y Políticas no ha sido posible localizar datos históricos).

En la Real Academia Española hay 8 mujeres, de 45 académicos de número. En la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación hay una única mujer, de 33 académicos de número. En la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la “mesa directiva” tiene 1 mujer, de 8 miembros.

    b) El Presidente del Consejo a que se refiere el artículo ciento treinta y uno punto dos de la Constitución española. [Consejo Económico y Social]

En estos momentos, varón. No hay precedente de mujeres.

c) El Fiscal general del Estado.

En estos momentos, varón. En toda la historia solo ha habido una mujer.

d) El Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

En estos momentos, varón. No hay precedente de mujeres.

e) El Presidente del Consejo General de la Abogacía

En estos momentos, mujer, único caso en toda la historia.

    f) El Presidente de la Comisión General de Codificación

En estos momentos, varón, porque lo es el Ministro de Justicia. En toda la historia solo ha habido una mujer.

Si se comprueba quiénes son los miembros técnicos de la Comisión General de Codificación, las cinco secciones están presididas por varones.

g) El Director general de lo Contencioso del Estado.

En estos momentos, varón, si consideramos que la figura actual es el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. En toda la historia solo ha habido una mujer.

    h) El Director del Centro de Estudios Constitucionales (hoy Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).

En estos momentos, varón. En dos ocasiones ha sido dirigido por mujeres.

Por cierto que el propio Consejo de Estado ha tenido desde 1978 siete presidentes, todos ellos varones, como figura en la web del Consejo. El actual es varón.ce1

Y ahora vamos a trascribir la lista de consejero actuales, tal y como figuran en la web del Consejo de Estado.Voy a centrarme en los consejeros permanentes, por la importancia de su función, y en los natos, por ser el tema principal de este post.

Quiero dejar claro que esto no es en absoluto una crítica al Consejo de Estado. Es una crítica al legislador, que en cuatro décadas de Constitucion y once de la Ley de Igualdad al parecer no ha encontrado momento para reflexionar en serio sobre los efectos desde el punto de vista de la igualdad del sistema de designación de órganos colegiados. Me pregunto si, después del 8-M de 2018, ese momento de reflexión es ya inaplazable, o si seguimos en el papel mojado de los artículos 11, 14 y 16 de la Ley de Igualdad, y si para influir en la toma de decisiones normativas o de otro tipo seguimos pensando que da igual que quienes influyan sean mayoritariamente hombres porque así se ha establecido el propio marco normativo:

Artículo 11.
Acciones positivas.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
 Artículo 14.
Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.
2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.
3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.[…]
Artículo 16.
Nombramientos realizados por los Poderes Públicos.
Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan
Y estamos hablando que hasta en el órgamo supremo consultivo que interviene en el proceso de elaboración de normas jurídicas no solo no hay igualdad fáctica sino que esa falta de igualdad procede incluso del propio mecanismo legal de designación, que a su vez olvida la falta de igualdad fáctica; es decir, que el legislador considera irrelevante que la opinión legalmente preceptiva sobre normas jurídicas en tramitación y sobre otros temas de indiscutible importancia sea, no solo mayoritariamente masculina, sino abrumadoramente masculina. Que algo análogo sucede en todo tipo de órganos colegiados, que haga su propia comprobación quien lea esto; por ejemplo, digamos al azar, el Consejo Económico y Social, otro órgano consultivo del Gobierno con miembros designados por otras entidades.
ce5

Por cierto: todos los expresidentes del Gobierno son miembros natos del Consejo de Estado, si desean incorporarse, como expliqué en anterior post. O sea, que ya tenemos otra cantera de consejeros del Estado varones, otra más. Y es que en cuarenta años de una Constitución que proclama el principio de igualdad no solo da igual que en el procedimiento de elaboración de las normas órganos colegiados que informen estén de forma abrumadoramente mayoritaria compuestos por varones sino que hemos tenido ni un solo presidente del Gobierno que sea mujer. Todo normal. Circulen.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

 

 

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Caso Juana Rivas y responsabilidad del abogado

Se va a tratar aquí del caso Juana Rivas y de deontología del abogado y de responsabilidad civil por el ejercicio de la abogacía, es decir, de dos conceptos que deben proteger a quien busca asesoramiento jurídico procesal y extraprocesal del profesional de la abogacía, que constituyen la esencia de la abogacía. Esos conceptos puede que no protejan a la Sra. Rivas, y a sus hijos. No voy a explicar en qué consiste el enormemente mediático caso Juana Rivas; por corta que sea la memoria, presumo que se recordarán al menos las grandes líneas de un caso que llenó portadas y programas de televisión durante mucho tiempo del año 2017, y, en cualquier caso, Internet sí tiene mucha memoria y ahí está todo, y no repetiré lo que es tan fácilmente accesible.

La deontología profesional está en la base de la colegiación obligatoria de los abogados, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; si los Colegios profesionales aparecen en la Constitución (artículo 36 de la Constitución, sobre Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas) es precisamente por eso: por la protección en favor de terceros. Ya desde la sentencia del Tribunal Constitucional nº 111/1993 de 25 de marzo de 1993, enlace aquí, sobre tema de instrusismo profesional en general, viene entendiendo el Tribunal Constitucional que merecen especial protección aquellas actividades que inciden

“sobre bienes jurídicos de la máxima relevancia -vida, integridad corporal, libertad y seguridad-, [que] no solo necesitan para su ejercicio la realización de aquellos estudios que requieren la posesión de un título universitario ad hoc, sino que también merecen la especial protección que garantiza el instrumento penal frente a toda intromisión que pudiere suponer la lesión o puesta en peligro de tales bienes jurídicos.“.

Y en el caso Juana Rivas aparecen indiscutiblemente tres bienes jurídicos de máxima relevancia, si bien el segundo de ellos es más bien un principio general que un bien juridico en sentido estricto:

  1. Tutela judicial efectiva sin indefensión. El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del importantísimo artículo 24 de la Constitución, que incluye la defensa letrada, es un bien jurídico de máxima relevancia en nuestro ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales. No por casualidad está en la restringida lista de derechos cuya vulneración permite acceder a los particulares al Tribunal Constitucional vía recurso de amparo.
  2. El interés superior del menor. Siempre hay que tenerlo en cuenta como primordial en cualquier tema de relación de parejas o exparejas con menores de edad, es principio indiscutible de nuestro ordenamiento y del ordenamiento internacional, desde hace décadas, no reciente (veáse post de este blog del año 2014 en el que se explica cómo era pura propaganda que se dijera que era de reciente incorporación a nuestro ordenamiento); así, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y  Convención de Naciones Unidas de 1989, y así lo viene declarando el Tribunal Constitucional reiteradamente, por ejemplo, en sentencia de 13 de junio de 2013, con cita de anteriores: “nuestra legislación en materia de menores [lo] define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con el niño”
  3. La libertad.  La posición procesal de la Sra. Rivas podría afectar incluso a su libertad, yendo más allá de la tutela judicial efectiva a secas, dado que el incumplimiento de resoluciones judiciales no es ajeno a posibles responsabilidades penales.

Recordemos también que el apartado 1 del artículo 546 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone lo siguiente:

“1. Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representación técnica de Graduado Social en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.·

No hay ninguna duda, pues, de que el derecho a disponer de un asesoramiento por abogado es importantísimo, y que lo es más, si cabe, cuando confluyen intereses de menores y riesgo procesal y hasta penal.

Y creo también que la asistencia jurídica que deben garantizar los poderes públicos no es simplemente la de cualquiera, si concurren riesgos para bienes jurídicos de máxima relevancia, sino la de abogado. Por cierto, soy feminista, y utilizo el masculino “abogado” y no otra fórmula terminológica tipo “abogado y abogada”, no porque me guste hacerlo así en masculino, que no me gusta, sino porque  es así, en masculino, como está recogido, que yo sepa, en la totalidad de normativa que regula el ejercicio de la abogacía,  incluyendo definición de abogado, derechos y deberes del abogado, negligencia punible y responsabilidad civil, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Estatuto de la Abogacía y el Código Penal.

Y abogado, o abogada, no es cualquiera, por muy “asesor jurídico” o “asesora jurídica” que se llame, ni siquiera cualquiera que haya terminado la licenciatura o el grado de Derecho o hasta imparta docencia universitaria, sino exclusivamente quien es definido como abogado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española:

Artículo 6.

Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al Licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico.

En cuanto a la colegiación obligatoria para el ejercicio de la abogacía, el tema está resuelto por varias sentencias del Tribunal Constitucional, como la nº 123/1987, enlace aquí, y la nº 89/1989, enlace aquí; esta última dice que “La colegiación obligatoria, como requisito exigido por la Ley para el ejercicio de la profesión, no constituye una vulneración del principio y derecho de liberad asociativa, activa o pasiva, ni tampoco un obstáculo para la elección profesional” y “la colegiación obligatoria es perfectamente compatible con la exigencia democrática que la C.E. impone como requisito expreso“, y también esto, como consecuencia de la “conjunción de fines privados y públicos” de los colegios profesionales:

“Eso justifica que la C.E., en su art. 36, haya querido desgajar o separar a los Colegios Profesionales del régimen general asociativo y que dicho precepto -como antes se ha indicado- no prevea que su «creación y ejercicio sean libres», como lo hace al referirse a los sindicatos y a los partidos (arts. 7 y 6 C.E.) y que establezca, asimismo, la reserva legal, lo que marca, por otra parte, su diferenciación con las «organizaciones profesionales» del art. 52 de la C.E., dirigidas a la defensa y promoción de intereses económicos.

Y es que al cumplirse por los Colegios Profesionales otros fines específicos, determinados por la profesión titulada, de indudable interés público (disciplina profesional, normas deontológicas, sanciones penales o administrativas, recursos procesales, etc.), ello justifica innegablemente la opción deferida al legislador para regular aquellos Colegios y para configurarlos como lo hace la Ley 2/1974 y las normas complementarias citadas, que en nada vulneran el contenido de la norma constitucional (art. 36) habilitante, ni tampoco el art. 22, por las razones expuestas.”

En cuanto a la responsabilidad civil profesional del abogado, tan protegida está en nuestro ordenamiento jurídico que no solo se responde por vía civil y colegial -expedientes de tipo deontológico con finalidad sancionadora-, sino hasta penal; así la llamada prevaricación del abogado del artículo 467 del Código Penal, que incluye las negligencias profesionales especialmente graves del abogado, y el artículo 199.2 del Código Penal sobre secreto profesional. Hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 546.2, recoge la responsabilidad civil del abogado, aunque no la regule porque su regulación queda al ámbito de la ley ordinaria (simplificando, Código Civil en cuanto a responsabilidad contractual y, en su caso, extracontractual, que dan lugar a indemnización por los daños causados, y Estatuto General de la Abogacía Española):

“2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.”

Y la Sra. Rivas queda fuera de toda esta protección deontológica, de responsabilidad civil y hasta penal del abogado al haber sido asesorada por una persona ajena a la abogacía. En concreto me refiero a  una “asesora jurídica”, que no estaba colegiada en ningún colegio de abogados, según declaró ya en agosto de 2017 el Consejo General de la Abogacía Española en un comunicado colgado en su web oficial, y cualquiera puede comprobar, respecto del momento de la consulta concreta del dato, entrando en el Censo de Letrados oficial, enlace aquí.

Contra la “asesora jurídica” de la Sra. Rivas el Colegio de Abogados de Granada acaba de presentar querella por posible intrusismo profesional, según noticias difundidas.

No voy a entrar en si las funciones ejercidas en relación con la Sra Rivas por la llamada “asesora jurídica” Sra. Granados entran o no entran en el ámbito del Derecho Penal sobre intrusismo profesional. Ya lo dilucidarán los tribunales, aplicando los principios penales correspondientes de presunción de inocencia, interpretación restrictiva de los tipos penales y demás. Ahora bien, ha de quedar claro que una hipotética inexistencia de responsabilidad penal por delito de intrusismo, caso de declararse, solo significará una cosa: que hay inexistencia de responsabilidad penal por delito de intrusismo. No significará que ese asesoramiento haya sido acertado o que no lo haya sido, ni que haya podido causar daños o que no los haya causado.

Porque una cosa es el tipo penal de intrusismo profesional, y otra muy distinta las relaciones jurídicas entre particulares y las reglas generales de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Conforme al artículo 1.902 del Código Civil, “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado“, es decir, que cualquiera que causa un daño con nexo causal acreditado responde económicamente. Pero ese artículo, regla general en nuestro ordenamiento, es muy difuso, y además tiene un plazo muy corto, un año, para reclamar.

Y lo que no habría sido nada difusa es la posibilidad de sometimiento a una posible múltiple responsabilidad -civil, penal, deontológica- en caso de tratarse de una abogada colegiada, y no de una también difusa figura “asesora jurídica”, incluyendo, al ser la Sra. Rivas una particular, las posibles responsabilidades derivadas del Derecho del Consumo.

La circunstancia de que la Sra. Rivas haya estado asesorada por una “asesora jurídica” que no esté colegiada ha privado a la Sra. Rivas, y a sus hijos, de poder estar protegida, pues, por muchas vías. Cuidado, que quede claro que no digo que exista esa responsabilidad concreta en el caso; lo que digo que puede existir, como en toda relación, y no digamos ya en una relación de asesoramiento jurídico que supera el ámbito de las relaciones de amistad y buena voluntad exentas de responsabilidad civil según alguna jurisprudencia menor, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, secc. 13ª, de 27 de octubre de 2017.

Y en este caso, a estas alturas, aparte de que la postura procesal inicial no impidió la entrega de los menores, se han abierto además ya para la Sra. Rivas dos vías de posibles perjuicios, la segunda de los cuales con perjuicios también para los propios menores que podrían perder la patria potestad de su madre:

  1. Indemnización a la expareja por los gastos de su estancia en España. Noticia aquí.
  2. Apertura del juicio oral por dos delitos de sustracción de menores y subsidiariamente de desobediencia a orden judicial, con petición por la Fiscalía de cinco años de prisión y de retirada de la patria potestad de los menores por seis años. Noticia aquí.

Acaben como acaben estas dos vías, es evidente que ya hay un daño, el daño emocional, pues no es baladí precisamente verse metido en esas. Y daño lo habrá económico también, si hay indemnización, y moral económicamente cuantificable, si hay prisión y pérdida de la patria potestad.

¿Dónde quedan aquí el secreto profesional del abogado, la responsabilidad conforme al canon del “máximo celo y diligencia” exigible al abogado conforme al artículo 42 de Estatuto de la Abogacía, la responsabilidad penal por prevaricación del abogado, el sometimiento al control deontológico, la existencia de un seguro de responsabilidad civil? No quedan en ningún sitio, en lo que respecta a la asesora jurídica, porque no es abogada colegiada. Podríamos, eso sí, hacer elucubraciones teóricas, en cuanto a una posible indemnización, sobre si se podrían aplicar analógicamente las reglas sobre responsabilidad civil del abogado al igual que se han aplicado por el Tribunal Supremo a algún caso  en el  que el responsable de un daño exigido por vía de responsabilidad extracontractual no era ni siquiera jurista..

Y no debemos olvidar es que el Código Deontológico de la Abogacía Española, entre una extensa lista de deberes y obligaciones, contempla también la independencia de criterio incluso frente al propio cliente, y que no es deber del abogado decir que sí a todo lo que el cliente quiera oír, sino, al contrario, decirle la verdad objetiva, no la que quiera oír, e informarle de los riesgos razonables.

Y me pregunto una cosa. ¿Estaba la Sra. Rivas suficientemente informada de los riesgos jurídicos de forma absolutamente objetiva e imparcial, conforme a los criterios del consentimiento informado? Y me lo pregunto, no porque yo sepa del tema de sustracción internacional de menores especialmente, que no sé, sino porque en verano de 2017 tuve la curiosidad profesional de hacer seguimiento cotidiano del tema en los medios de comunicación y redes sociales y leí una y otra vez a juristas muy serios que, yendo en contra del griterío general, ponían muy en duda la línea de defensa que entonces se seguía.

Y, aparte de eso, me pregunto qué seguro de responsabilidad civil tiene la asesora jurídica y qué posibilidades habría para que la Sra. Rivas le reclamase por la vía de responsabilidad contractual o extracontractual. Porque si hay daño y nexo causal, importa muy poco que la asesora jurídica esté o no colegiada, porque puede ser responsable civilmente conforme a las reglas generales de la responsabilidad civil contractual o, más bien quizá extracontractual, si el vínculo fuera indirecto a través de un ayuntamiento.

Quién sea la persona responsable del daño, no lo sabemos; puede que no haya daño y puede que no haya nadie responsable porque la decisión de la línea de defensa haya sido personal y libre de la Sra. Rivas y perfectamente informada, y no se acredite nexo causal asesoramiento-daño. Así que es perfectamente posible que quien asesoró con hasta ahora escasamente afortunado resultado pueda no tener ninguna responsabilidad civil, esté o no colegiado; responsabilidad, además, que solo pueden exigir los perjudicados.

Aunque claro, con mucha más dificultad que si hubiera sido abogada, porque los colegios de abogados no pueden ejercer control deontológico a quien no está colegiado y porque las relaciones tampoco están sometidas a las reglas específicas de diligencia y de deontología de la abogacía, que son más estrictas que las reglas generales de una responsabilidad contractual o extracontractual ajena a la abogacía.

Y es que eso es lo que sucede cuando uno se deja asesorar por quien no está colegiado.

En verano de 2017 vi con estupefacción creciente cómo, coincidiendo con la sequía veraniega de noticias, saltó a la portada de medios de comunicación el caso Juana Rivas o, más precisamente el caso de dos menores. Una madre no devolvió a sus hijos a la expareja y padre, en contra de orden judicial, y se organizó un revuelo dentro y fuera de redes sociales con un eslogan, “Juana está en mi casa”; los niños fueron devueltos en cuanto acabó la sequía veraniega de noticias, como aposté conmigo misma a que sucedería, y el caso pasó de las portadas a páginas interiores.

“Juana Está En Mi Casa”, se decía entonces como sorprendente eslogan. Pero en mi casa no estuvo nunca Juana. En contra de lo que se decía en ese eslogan, si la Sra. Rivas se hubiera presentado en mi casa con sus niños, por su propio bien y el de sus hijos le habría dicho tres cosas: 1) que se buscara urgentemente un abogado o una abogada en ejercicio con quien contrastar la línea de defensa seguida hasta entonces, porque tenía pinta la cosa de ir jurídicamente mal encaminada y al final serían ella y sus hijos quienes sufrirían las consecuencias de una posible mala decisión; 2) que quien asesora mejor no es quien dice las cosas que se quieren oír, sino quien dice las cosas como son y 3) que, además, tuviera en cuenta que siempre es mejor opción un abogado o una abogada en ejercicio que no quien asesora sin sometimiento a deontología profesional ni reglas específicas de responsabilidad civil, penal y deontológica.

Ah, por cierto, repito, soy feminista, como puede comprobar cualquiera que eche un vistazo a cualquiera de mis blogs, a mi Twitter, a mi Facebook y a mi Instagram. Y soy también otra cosa: una jurista que lleva muchos años estudiando la responsabilidad civil del abogado.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

 

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El auto del Tribunal Constitucional de 27 de enero de 2018 en relación con la investidura de Puigdemont y la solicitud del Gobierno que ha dado lugar a ese auto

Por su evidente interés general, adjunto el texto completo del auto del Tribunal Constitucional de 27 de enero de 2018 dictado en relación con la investidura del Sr. Puigdemont y el texto completo del escrito de solicitud del Gobierno que ha dado lugar a ello. Los difundo porque creo que desde un punto de vista jurídico resulta imposible interpretar el auto del Tribunal Constitucional sin disponer del texto completo del escrito,  y creo también que este auto es un documento histórico que marcará un antes y un después en la historia del Tribunal Constitucional, como lo fue, en 1983, la sentencia del asunto Rumasa. Aparte de otras cuestiones de importancia notoria, la adopción en fase de admisión de unas medidas cautelares inaudita parte y además dictadas de oficio, no fácilmente susceptibles de entender como contempladas, que yo sepa, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni en la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 721 y siguientes sobre medidas cautelares, sin duda dará lugar a un muy profundo análisis procesal y constitucional por juristas.

[NOTA: actualización a 29-enero-2018. El Tribunal Constitucional ha difundido con esta fecha el texto completo del auto, que incorporo al post; con fecha 27-1-2018 el Tribunal Constitucional solo divulgó dos hojas del auto, y en nota de prensa dijo que era la parte dispositiva, y no difundió el resto del texto del auto (antecedentes y fundamentos de Derecho), que fueron difundidos con fecha 29-1-2018]

[NOTA: actualización a 30-enero-2018. El Tribunal Constitucional ha difundido con esta fecha auto de esta misma fecha que resuelve y desestima el recurso del Sr. Puigdemont y otros; el texto del auto también se incluye infra]

En este enlace,  nota de prensa del Tribunal Constitucional de 27-1-2018, pdf NOTA INFORMATIVA Nº 5-2018; esa nota de prensa del TC explica que solo se divulga por el TC en esa fecha la parte dispositiva del auto, y que el texto íntegro del auto se divulgaría en los próximos días.

Enlace conjunto en la web del Tribunal Constitucional auto de 27-1-2018 y a la nota de prensa aquí.   auto tc 3

atc 7

La solicitud del Gobierno no consta, que yo sepa, en web oficial alguna y por eso la incorporo a texto completo, dada su importancia.

A continuación la parte dispositiva del auto, en imágenes con las dos hojas de que consta:

auto tc 1auto tc 2

A continuación la imagen de la primera hoja del auto a texto completo [incluido por actualización del post a 29-1-2018]

atc 10

A continuación la imagen de la primera hoja del recurso del Gobierno:

atc 6

Por su interés adjunto también en documento completo el informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Estado de 25 de enero de 2018 en relación con el mismo asunto, contrario a la presentación del recurso:

El dictamen del Consejo de Estado puede localizarse también en la web del Boletín Oficial del Estado, en este enlace (expediente 84/2018) que se completa con este otro enlace (expediente 85/2018).

Verónica del Carpio Fiestas

agua

 

 

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Abolición definitiva de la pena de muerte en España: necesidad de una reforma constitucional

En tiempos de runrún sobre reforma constitucional, cada cual tiene su propia idea sobre cuál es la más reforma más importante. Por mi parte creo que la reforma más importante es la que se refiere al derecho humano más importante: la vida. En España ya no existe ahora pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico,  pero ello no debe inducir a  la errónea creencia de que la Constitución de 1978 prohíbe la pena de muerte. El artículo 15 de la Constitución dispone que “Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra“.

art 15 CE

La Constitución de 1978 no abolió pues por completo la pena de muerte, y la derogación completa se efectuó por una simple ley del año 1995, la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra, no por la Constitución. Por tanto, a tenor del artículo 15 de la Constitución la pena de muerte siguió siendo posible constitucionalmente, y no era una hipótesis irreal. De hecho, ya durante la vigencia de la propia Constitución, en 1985, se aprobó normativa penal militar, luego derogada, que preveía pena de muerte para varios delitos en tiempo de guerra, y definido ese concepto jurídico indeterminado de “tiempos de guerra” por el legislador ordinario de mayoría absoluta, no por la Constitución (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar). Ha llegado el momento de una abolición de rango constitucional clara, completa, sin salvedades y en toda circunstancia.

Y  no solo porque no debe dejarse ni en todo ni  en parte la regulación de la pena de muerte en manos de cualquier arbitrario legislador ordinario que tenga mayoría absoluta y que sienta la tentación de reintroducir la pena de muerte con cualquier pretexto, ni tampoco solo porque la Unión Europea considera esencial la abolición de la pena de muerte, veánse sus directrices, y que la abolición constituye una de las condiciones para la adhesión a la UE, ni tampoco solo porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos no coincida con el artículo 15 de la Constitución, ni tampoco solo porque la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 7 de junio de 2016, establece en su artículo 2 sobre “Derecho a la vida” que
1. Toda persona tiene derecho a la vida.
2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.

La cosa va más allá. La Constitución no solo tiene la función normativa de regulación inmediata y la programática donde se incluyen los principios inspiradores del ordenamiento jurídico; tiene también una esencial y fortísima función simbólica y educativa, y es razonable que sea un texto completo en sus principios y comprensible por cualquiera, sin remisiones ni modificaciones o matizaciones tácitas por haber participado en convenios u organismos internacionales, que son datos nada fácilmente accesibles ni comprensibles y susceptibles de interpretaciones sobre su alcance y eficacia. Aquí no debe haber dudas ni de redacción  ni de interpretación ni de comprensión. Y desde un planteamiento simbólico y didáctico es importante que el Estado, que ostenta el monopolio de la violencia, haga declaración pública y solemne en su texto fundamental de que no tiene derecho alguno a tomar la vida de los ciudadanos, como realidad y como símbolo de lo sagrado de la vida humana, y hacerlo de forma perfectamente comprensible por cualquiera, sea cual sea su nivel de formación, y con independencia de la normativa internacional o de la Unión Europea, y además no modificable por el legislador ordinario. Es decir, que debe hacerlo en la Constitución y de forma clara.

Y las “salvedades” al derecho a la vida no solo son malignas en sí mismas. También transmiten a la ciudadanía unas impresiones muy peligrosas mucho mas allá incluso de dar a entender que en Derecho Penal hay salvedades admisibles y discutibles al derecho a la vida, aparte de la legítima defensa y casos análogos. ¿Qué conclusión pueden extraer quienes lean hoy y quienes hayan leído desde 1978 el artículo 15 de la Constitución y hayan visto que la Constitución establece excepciones a la abolición de la pena de muerte? La única conclusión posible:

  • que la Constitución y el Estado en realidad no consideran sagrada la vida humana
  • que el Estado tiene derecho a matar como sanción, y que puede ejercerlo, y que simplemente ha decidido limitarse un poco
  • que las excepciones son admisibles y que es una simple cuestión de graduar su concreto alcance, mayor o menor, para lo cual tener mayoría absoluta es el dato relevante
  • y además que el Estado es omnisciente y que no puede equivocarse nunca en temas graves, o que si comete errores graves le da igual cometerlos y que no sean subsanables o indemnizables y es irresponsable de los daños, porque la pena de muerte aplicada por esencia es obviamente irreversible y por esencia además excluye la posibilidad de error y de la indemnización a la víctima del error, y como dice la propia Unión Europea, ningún ordenamiento jurídico puede considerarse a salvo de error judicial.

Y si al Estado según el artículo 15 de la Constitución, le da igual el riesgo de cometer errores irreparables y no indemnizables a la víctima en temas gravísimos, ¿cómo se va a preocupar por los errores cotidianos en temas menores, y de indemnizarlos? Y si el propio Estado en su Constitución no considera sagrada la vida, ¿puede exigirle a la ciudadanía que la considere sagrada, simplemente alegando que el Estado ostenta el monopolio de la violencia?

Y el artículo 15 de la Constitución es nada menos que el primer artículo de la parte de la Constitución que se ocupa de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Es decir, que hasta visualmente lo primero con que se topa quien lea en la Constitución el importantísimo apartado sobre derechos fundamentales y libertades públicas es que el derecho a la vida es condicional y que el Estado puede suprimirlo. Y a partir de ese texto, que ni siquiera es fácil saber si es o no jurídicamente autosuficiente, hay que ponerse a hilar jurídicamente fino sobre su interpretación y vigencia en general y en relación con normas internacionales y de la Unión Europea. Como si eso estuviera al alcance de cualquiera o se dedujera de la mera lectura del texto de la Constitución.

1 Constitución

Constitución. Índice sistemático.

El artículo 15 de la Constitución dispone que “Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra“, repito. Así que del tenor literal de la Constitución se desprende pues constitucionalmente vigente la pena de muerte porque la Constitución solo la derogó en parte, y permite al legislador ordinario, por mayoría absoluta en las Cortes, suprimirla o dejarla vigente o introducirla de nuevo  como considere oportuno, y en esos términos ambiguos referentes a “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra“. Esa salvedad no solo discrimina a los militares, sino que por sus términos literales podría discutirse si es aplicable constitucionalmente a civiles también, aparte de dejar ese también ambiguo “tiempos de guerra” a la peligrosa interpretación del legislador ordinario.

¿Alguien quiere dejar al legislador ordinario la posibilidad de imponer o no pena de muerte,  más la interpretación práctica de qué son “leyes penales militares” y a quiénes afectan exactamente, más la interpretación práctica del concepto “tiempos de guerra“? Yo ciertamente no quiero ninguna de las tres cosas.

Y ha sucedido, porque en 1985 se aprobó la indicada ley penal militar que luego fue derogada en 1995, y mañana podría volver a aprobarse otra simplemente por mayoría absoluta, o tendríamos que ponernos a discutir cuál es el alcance jurídico de la normativa internacional y de la Unión Europea y hasta qué punto hay derogación tácita del artículo 15 de la Constitución y si ya no es posible que el legislador español pueda reintroducir la pena de muerte.

Por cierto que no hace falta remontarse mucho en el tiempo para saber que tribunales penales militares también se han aplicado contra civiles, aparte de que el articulo 117.5 de la propia Constitución disponga que “La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución“. Por citar un caso postconstitucional notorio de infausta memoria en el que estaban en juego la libertad de expresión y la condena era de prisión, en 1977 un consejo de guerra juzgó a componentes del grupo Els Joglars, incluyendo Albert Boadella, que fue a prisión, por ofensas al ejército, y el caso no pasó a la jurisdicción civil hasta 1981.

Y no se piense pues que la circunstancia de que la Constitución haga referencia a las “leyes penales militares” tiene como única interpretación posible la de incluir solo a los militares profesionales. Es ilustrativo el debate parlamentario de cuando se aprobó el artículo 15 de la Constitución (reseña periodística aquí) y no digamos ya la tramitación parlamentaria de la ley penal militar de 1985; según resumen periodístico, de la época, bajo el expresivo titular de “Vuelve la pena de muerte“, el proyecto de Código Penal Militar de 1985 extendía, a los efectos del mismo, “la condición de militar no sólo a los militares profesionales y a los obligatoria o voluntariamente incorporados a filas, sino también a los que, con cualquier asimilación militar, presten servicio al ser movilizados o militarizados por decisión del Gobierno“, y más o menos así quedó en el luego derogado en 1995 artículo 8 de la ley de 1985.

¿De verdad queremos correr el riesgo de encontrarnos de nuevo con algo de eso y de ponernos a discutir interpretaciones? ¿De verdad queremos seguir dejando que quien lea la Constitución piense que el Estado tiene derecho de vida y muerte sobre la ciudadanía y que el derecho a la vida no es sagrado, y que los errores irreparables del Estado dan igual?

La Constitución de 1978 fue un enorme avance histórico en esta materia porque ni la Constitución de la II República de 1931 ni la Constitución de la I República ni la Constitución de Cádiz ni ninguna otra de nuestra historia constitucional preveían la abolición. Demostremos públicamente que hemos avanzado desde que el anteproyecto de Constitución de 5 de enero de 1978, hace cuarenta años, ni siquiera incluyó la abolición parcial de la pena de muerte, y desde que la versión definitiva aprobada siguió considerando que matar por ley es una opción aunque limitada. La solución es tan fácil como lleva años proponiéndose, y es sencillamente que el artículo 15 de la Constitución diga “Queda abolida la pena de muerte” o, si usamos los términos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado”. No sé a qué estamos esperando.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

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Sobre responsabilidad en redes sociales

Se ha difundido la idea de que lo que no es sancionable penalmente es libertad de expresión y que la libertad de expresión equivale a poder decir sin consecuencias jurídicas cuantas cosas desagradables, falsas, groseras o agresivas cada cual considere oportunas y que además, por tanto, debe promoverse esa libertad, y así se entiende por muchos cada vez que hay una condena, o una absolución, o una detención, por motivos de difusión de mensajes en redes sociales. Ninguna de esas tres equivalencias es cierta. El principio de intervención mínima en Derecho Penal y el principio de presunción de inocencia dejan fuera de la sanción penal numerosas conductas, y así debe ser. Pero ello no significa en absoluto que una conducta antijurídica deba quedar extramuros del Derecho, ni que todo el Derecho sea el Derecho Penal. Quienes en redes sociales se indignan masivamente cada vez que hay una condena, o una absolución, por difundir mensajes en redes sociales, parecen dar por sentado que solo existe un Derecho: el Derecho Penal; leen que no sé quién ha sido condenado o absuelto por algo, sea o no en tema de libertad de expresión, y como da lo mismo ocho que ochenta, incluso en muchos medios de comunicación, dan por sentado que se trata de sancionar y que eso es lo importante. Pero ni todo el Derecho es Derecho Penal ni tiene por qué serlo; y afortunadamente no lo es. No estamos en una dictadura en la que lo que no está prohibido es obligatorio, en la que todo entra bajo la tutela del Derecho Penal. Pero que algo no entre ni deba entrar, en el Derecho Penal, no significa que no entre en el ámbito del Derecho, del Derecho Civil. El Derecho abarca todo, lo que hacemos y lo que no hacemos, guste o no, y es omnicomprensivo, y en puridad no existen las llamadas “lagunas”, para las cuales el propio Derecho establece los mecanismos de solución. Y hay en Derecho Civil un principio esencial el neminem laedere, que parece que se olvida una y otra vez cada vez que se habla de redes sociales.

¿Es que se ha olvidado que no todo es ilícito penal, que también existe el ilícito civil?

Los tres grandes principios que ya recogía Ulpiano hace casi 2.000 años, y que hemos heredado del Derecho Romano, no han envejecido ni un día: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere, o sea, vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Y si la regla primera y la última son principios de tipo ético que podría suscribir cualquiera, si bien sin relevancia jurídica, la segunda, el nemimen laedere, sigue vigente en sentido estricto como principio básico que rige nuestro Derecho, y en concreto el ámbito del llamado Derecho de Daños o de responsabilidad civil, y ha tenido un planteamiento expansivo desde muchos puntos de vista, como el Derecho del Consumo, y no solo está recogido en el artículo 1.902 del Código Civil desde 1889 sino que incluso dos artículos del Título Preliminar del Código Civil, desde 1973, a raíz de jurisprudencia ya muy anterior, han plasmando en dos artículos la posibilidad de interpretaciones no literales cuando se causa un daño al amparo de un texto legal, conforme a dos instituciones jurídicas esenciales, el fraude de ley y el abuso de derecho (artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil). Afortunadamente hace ya mucho que ha desaparecido en España el principio clásico de Qui suo iure utitur, neminem laedit, el que ejercita su derecho no hace daño a nadie, nada menos que desde 1944, con la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1944. Así que olvídese de una vez que todo lo no condenado penalmente es lícito y exento de responsabilidad, porque no es así.

¿Qué hace pensar a quienes se dedican a decir barbaridades en Twitter que están exentos de responsabilidad civil cuando causan daño? Que se causa daño es evidente, cuando tantos casos conocemos de personas de relevancia públicas y particulares privadas que han tenido que abandonar redes sociales agobiados por el acoso brutal, las amenazas o la simple presión de una masiva grosería; y ello no está ya en absoluto en ámbito de la llamada “litigiosidad de bagatela”, las tonterías que no deberían llegar a los tribunales. Lo que en esas circunstancias hace pensar eso a quienes dedican a decir barbaridades es sencillamente la dificultad de prueba, de dos pruebas para reclamar responsabilidad civil por vía judicial, es decir, por ejemplo, indemnización: la prueba de la identificación del tuitero agresivo y de su responsabilidad individual y la prueba del daño, porque, eso sí, en materia de responsabilidad civil el daño no se presume y hay que acreditar su existencia y su cuantía, y el coste económico, o incluso la efectiva imposibilidad práctica que de ello, se deriva para el perjudicado, que es quien ha de reclamar individualmente y contra los causantes. El mecanismo de identificación de tuiteros anónimos en Twitter es muy complejo e incluso poco menos que imposible cuando se trata de averiguar para iniciar una vía civil de reclamación, puesto que, por ejemplo, la Policía no tiene nada que intervenir en este campo cuando estamos fuera del Derecho Penal, como ha de ser la regla.

Y además nos encontramos en el caso de lo que en inglés se llama the straw that broke the camel’s back, la paja que colocada sobre el lomo del camello le rompe el lomo; cada paja del fardo no pesa, pero una ya supera el peso que se puede aguantar y el lomo se rompe aunque sea del fortísimo camello; un tuit solo hiere y duele, todos los tuits en su conjunto matan, matan el estado de ánimo. Y así las cosas, ¿el daño lo causa el último? ¿Se demanda pues al último tuitero, cuyo tuit es una mera hebra de paja como los demás, cuando el daño no lo causa él, sino todos? Porque el Derecho de Daños, y en concreto en el  de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que es el que rige en este ámbito por principio de especialidad sobre las reglas generales de la responsabilidad civil, hay que tener en cuenta que rige la individuación de responsabilidad; o sea, que cada palo aguanta su propia vela. Hay pues que demandar a cada uno e individualizar el daño, la responsabilidad y la indemnización, cuando el daño es de causa colectiva, y eso es sencillamente imposible desde el punto de vista práctico. No es posible demandar a una horda.

La irresponsabilidad civil práctica es pues inevitable para los bárbaros del Derecho, con la actual regulación y probablemente con cualquiera, pero eso no significa en modo alguno que estemos en el ámbito de lo lícito y no digamos ya de lo recomendable. El ilícito civil puede existir y a la vez ser la demanda desaconsejable o imposible. Y será así con esa legislación o con cualquiera. En Derecho Deportivo existe la responsabilidad de terceros por la conducta de las muchedumbres; así, la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y normativa conexa establece una responsabilidad, no civil, pero sí responsabilidad, respecto de actos de terceros innominados para los clubes de fútbol; o sea, que no es ajeno a nuestro Derecho que haya terceros que respondan por las barbaridades proferidas por personas ocultas en una muchedumbre. Pero en caso de Twitter, ¿a quién podría decir la ley que se haga responsable? ¿A Twitter? ¿A Twitter, una poderosísima compañía extranjera, además con una lista de exenciones de responsabilidad que da grima que aceptamos queramos o no cuando abrimos allí una cuenta de usuario? Espere que me ría.

Así que ello nos lleva a la psicología de las muchedumbres. Podría citar a Sigmund Freud, su imprescindible “Psicología de las masas”, y recomiendo su lectura, porque cuando hablamos de redes sociales hablamos de muchedumbres, no las que Freud conocía, pero con la misma mentalidad. Voy a citar al filósofo danés Søren Kierkegaard (1813-1855), el opúsculo “Ese individuo”, que se publicó en 1859:

Una multitud es, en su mismo concepto, la mentira, porque hace al individuo completamente irresponsable, o por lo menos debilita su sentido de la responsabilidad al reducirlo a una fracción. Obsérvese que no hubo un solo soldado que se atreviera a levantar la mano sobre Cayo Mario (…). Pero simplemente tres o cuatro mujeres con la conciencia y la impresión de que son una multitud, y confiadas en la posibilidad de que nadie podría decir de forma definitiva quién lo hizo o lo empezó, son capaces de ello. (…) La multitud es una abstracción y no tiene manos; pero cada individuo tiene ordinariamente dos manos, y así cuando un individuo levanta sus dos manos sobre Cayo Mario, son las dos manos del individuo, no las de su vecino, y muchos menos las de la multitud, que no tiene manos”.

¿Conclusión y soluciones? Las mismas que se buscarían para evitar que un energúmeno se ponga a gritar barbaridades en un campo de fútbol, desde el “árbitro cabrón” que se cree en perfecto derecho de decir hasta el insulto xenófobo: educación, educación y educación. Educación en el sentido de formación, educación en el sentido de buenos modales y educación en el sentido de educación jurídica. ¿Es poca solución? Lo siento, no se me ocurre otra.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

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¿Presidential pardon para DUI?

Voy a decir algo que quizá sorprenda. Es solo una idea.

Me pregunto si España puede razonablemente aguantar años de procedimientos judiciales abiertos sin sentencia en los casos relativos a DUI sin que se genere una crispación nada aconsejable ni deseable ni social ni económicamente. Los juzgados tardan años y hay hasta cuatro años de prisión provisional. Esto va para largo, para muy largo. ¿Puede la sociedad española aguantar años así? La legislación española, Constitución incluida, solo prevé expresamente la posibilidad de indulto (artículo 62), y el indulto requiere legalmente condena firme (véase la todavía vigente, aunque modificada, Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto). Es decir, que no existe posibilidad legal de paralizar ni desde el Poder Legislativo ni desde el Ejecutivo procedimientos judiciales una vez abiertos y evitar que se impongan condenas, si proceden; lo más que es posible es indultar por el Poder Ejecutivo cuando la sentencia se dicte, si se dicta, que sea condenatoria y que sea firme, y mientras años y años y años de procedimientos judiciales, con o sin prisión preventiva.

Y con el Poder Judicial no se negocia.

¿Cómo evitar pues esos años de procedimientos judiciales desde Poder Legislativo? Solo hay una vía: modificar por ley orgánica el Código Penal y despenalizar los tipos penales que han dado lugar a la incoación de esos procedimientos penales; ello daría lugar al archivo en el punto en el que estuvieran.

Pero me pregunto si hay otra vía: una amnistía similar al perdón presidencial de Estados Unidos, que no exige que haya que esperar a condena; véase el caso del perdón presidencial del Presidente Ford al recién dimitido Presidente Nixon en 1974.

La Constitución española solo menciona el indulto. ¿Quiere ello significar que una amnistía análoga al perdón presidencial de EEUU hecha por ley -no, evidentemente por el Poder Ejecutivo, sino desde el Poder Legislativo-, estaría prohibida, si se hace para evitar riesgo irreparable de fractura social? No lo sé y me gustaría saberlo.pardon3

En Estados Unidos el Presidente Ford otorgó ese presidential pardon a su predecesor Nixon, y el pardon fue efectuado antes de que se siguiera procedimiento judicial. A continuación incluyo el texto del “presidential pardon” del Presidente Ford a Nixon, enlace aquí, y transcribo los párrafos más significativos, que se refieren a lo que hoy llamaríamos riesgo irreparable de fractura social derivada de la prolongación en el tiempo inevitable a los procedimientos judiciales, y que abarca los hechos que más o menos traducido serían los “cometidos o que pudieran haberse cometido”:

“As a result of certain acts or omissions occurring before his resignation from the Office of President, Richard Nixon has become liable to possible indictment and trial for offenses against the United States. Whether or not he shall be so prosecuted depends on findings of the appropriate grand jury and on the discretion of the authorized prosecutor. Should an indictment ensue, the accused shall then be entitled to a fair trial by an impartial jury, as guaranteed to every individual by the Constitution.

It is believed that a trial of Richard Nixon, if it became necessary, could not fairly begin until a year or more has elapsed. In the meantime, the tranquility to which this nation has been restored by the events of recent weeks could be irreparably lost by the prospects of bringing to trial a former President of the United States. The prospects of such trial will cause prolonged and divisive debate over the propriety of exposing to further punishment and degradation a man who has already paid the unprecedented penalty of relinquishing the highest elective office of the United States.

Now, Therefore, I, Gerald R. Ford, President of the United States, pursuant to the pardon power conferred upon me by Article II, Section 2, of the Constitution, have granted and by these presents do grant a full, free, and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States which he, Richard Nixon, has committed or may have committed or taken part in during the period from January 20, 1969 through August 9, 1974.”

P.S. Por su interés adjunto sentencia del tribunal de distrito de Arizona (EEUU) de 3 de octubre de 2017, sobre interpretación del alcance del perdón presidencial, con ocasión del otorgado por el presidente Trump en el “caso Arpaio”. US_AR_Dis_2017_10_19_Arpaio

Verónica del Carpio Fiestas

agua

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Un capítulo de la historia judicial: jueces, oposiciones, mujeres

Este es un post sobre un tema jurídico-literario de la historia judicial de España, pero también, y sobre todo, de judicatura, mujeres, igualdad, Historia, lenguaje jurídico.

El casi olvidado escritor Gabriel Miró (1879-1930), de quien no leería dos veces lo poco que de él he leído, publicó en 1917 la obra “El libro de Sigüenza“, enlace aquí. Uno de los capítulos figura una descripción de unas oposiciones a juez a primeros del siglo XX, “Un capítulo de la historia judicial de España“. Parece fidedigna, dentro del tono satírico; Miró fue él mismo opositor a juez entre 1905-1907, sin éxito. Único caso que conozco de descripción literaria de una oposición a judicatura en España; quién sabe si opositores de las tres o cuatro últimas décadas se identifican con lo descrito, de desarrollo de  pruebas -en Madrid, en el Palacio de Justicia, Salesas, el Tribunal Supremo, donde aún ahora las oposiciones se celebran-, nivel de conocimientos y motivos para preparar esa oposición. Pero no me limitaré a incluir el evocador texto de Miró, que figura al final del post, y puede interesar a jueces y opositores.

Hay diferencias entre la situación actual en oposiciones a judicatura y la de primeros del siglo XX; muchas. Y una diferencia muy importante que quizá no perciban quienes creen que en textos como estos “los” de “los camaradas” y “los opositores” es inclusivo y engloba a hombres y mujeres y que no hace falta enfatizar con un “los y las”, y que “juez” incluye “juez y jueza” cuando se da el caso. “Los camaradas” y “los opositores” que figuran en el texto de Gabriel Miró son “los” con un “los” descriptivo, que excluía a todas las mujeres por el hecho de serlo.

Incluyo:

  • enlace a un artículo doctrinal sobre las mujeres pioneras en el acceso a la judicatura y fiscalía en España, en los años 30 del siglo XX, cuya lectura recomiendo
  • y un enlace  a la Gaceta de Madrid (antiguo Boletín Oficial del Estado) de 20 de noviembre de 1934, con una orden del Ministerio de Justicia de 16 de noviembre de 1934, que resuelve la petición de “doña Teresa Argemí Meliá, Licenciado (sic) en Derecho“, en solicitud de que “se declare si las mujeres pueden o no opositar a las Carreras fiscal, judicial y de Secretarios judi­ciales“, “invocando en favor de la con­clusión definitiva las disposiciones de los artículos 25, 36, 40 y otros de la vigente Constitución, que en una u otra forma consagra el principio de igualdad legal entre ambos sexos“, así como “los Decretos de 29 de Abril de 1931, 13 de Mayo de 1932 y 6 de Ma­yo de 1933, que autorizan, respectiva­mente, a las mujeres para ejercer loscargos de Notarios, Registradores de la Propiedad, Procurador de los Tri­bunales y Secretarios de Juzgados mu­nicipales de la Constitución de la II República”.

La peticionaria no solicita la posibilidad de su propio acceso a la judicatura, a la fiscalía y al secretariado judicial, sino que se declare esa posibilidad para todas las mujeres en general.

Se lo denegaron por orden del Ministerio de Justicia de 16 de noviembre de 1934.

orden 1

A esa peticionaria doña Teresa Argemí Meliá, de apellidos no muy frecuentes, quizá la encontramos de nuevo, en una lista de maestros en el periódico La Vanguardia en 1944  y en un escalafón de maestros del año 1961,  aquí como nacida en 1907, y tres décadas casi de antigüedad en el magisterio.  Si se trata de la misma mujer, cuando en 1934 le denegaron la posibilidad de ser jueza, fiscal o secretaria judicial, su edad era entonces 27 años, una edad tan habitual para opositores, y accedió al magisterio ese mismo año 1934. La Historia es fría y recoge que se negó a las mujeres, por serlo, el acceso a cargos y responsabilidades, como a estos judiciales en 1934 y hasta muchas décadas después; pero  olvida que no son datos sino personas y que a mujeres con su historia y con nombre se les cerraron puertas y tuvieron que intentar abrir ventanas.

Usted con vocación de juez, fiscal o secretario judicial y que siempre habría podido presentarse a la oposición por ser varón, ¿se imagina qué habría hecho en, y de, su vida de habérsele negado a usted esa posibilidad? Pues esa ha sido la situación hasta anteayer para las mujeres. Y usted no sería juez, fiscal o secretario judicial, y estaría quizá en una lista como esta, de maestros, como doña Teresa Argemí Meliá:

La orden de 16 de noviembre de 1934 dejó fuera a esta mujer y a todas las mujeres y fue dictada “de acuerdo con lo informado por la Sala de gobierno del Tribunal Supremo y por el Consejo de Estado“.

1934 2

O sea que el propio Tribunal Supremo, Sala de Gobierno, informó en ese mismo sentido desestimatorio.

Y esperemos que con otros argumentos informara el Tribunal Supremo. Porque los argumentos jurídicos empleados del Ministerio de Justicia no solo son lo que hoy diríamos “pintorescos”o “típicos de la época”, sino jurídicamente infumables, y dicen muy poco -o, desde otro punto de vista, mucho- de los juristas que lo redactaron. El Ministerio de Justicia impide en 1934 a las mujeres opositar y por tanto ingresar en “las Carreras fiscal, judicial y de Secretarios judi­ciales” con razonamientos como para ponerlos en un marco.

Voy a intentar explicar lo que en realidad dice la orden, aunque la orden no use expresamente  las expresiones que voy a usar.

Y recordemos que esta orden que se cubre de tanta gloria es de la Segunda República, y además ya vigente la Constitución de esa Segunda República, publicada en la Gaceta con fecha 10 de diciembre de 1931.

  • Que en cuanto a oposiciones a Fiscalía, no hay más que hablar, porque el Estatuto Fiscal de 1926, o sea, anterior a la República,  lo prohibía, enlace aquí, y esa prohibición había sido ratificada por ley por fiscalla República. Ni la orden cita datos de esa ley que ratifica ni he sido capaz de dar con ella en barrido normativo; daré por bueno que existió y decía eso, aunque quién sabe.
  • Que en lo que respecta al acceso a la judicatura y el secretariado judicial, aunque no está ni ha estado prohibido en ninguna norma con rango de ley ni de reglamento desde 1870 que las mujeres puedan opositar ni ingresar, resulta que sí está prohibido pese a que desde 1870 no esté ni legal ni reglamentariamente prohibido.
  • Y esto lo dice una orden ministerial de rango inferior a ley y a reglamento y firmando un subsecretario, contra cualquier lógica de fuentes del Derecho.
  • Que con mujeres por medio no rige el principio general de que lo que no está prohibido está permitido.
  • Que con mujeres por medio por tanto existe en el ordenamiento jurídico una jurídicamente peculiar categoría de prohibiciones legales implícitas.
  • Que con mujeres por medio hay que interpretar contra legem.
  • Que con mujeres por medio no rige el principio general Odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda.
  • Que con mujeres por medio la interpretación de una norma que no prohíbe tiene que ser contraria a la igualdad aunque la letra de la ley no contenga prohibición alguna.
  • Que con mujeres por medio no era de aplicación la entonces vigente redacción del Código Civil, en su artículo 5 original, que impedía inaplicar las leyes por el desuso; o sea, que aquí el dato jurídico de que la ley entonces vigente de 1870 no prohibiera expresamente debía entenderse derogado por el desuso de esa prohibición.
  • Que los preceptos constitucionales sobre igualdad de la Constitución de la 1931  tienen carácter puramente programático sin valor vinculante inmediato, lo que aquí significa que no tienen en realidad efecto alguno, ni siquiera el efecto interpretativo del ordenamiento jurídico que se supondría que puede ser al menos efecto de normas constitucionales programáticas.
  • Más aún, que precisamente por ser programáticos no tienen en realidad carácter de preceptos inspiradores del ordenamiento jurídico en este punto, sino que tienen que dar lugar al efecto contrario, de modo que la existencia de principios constitucionales en favor de la igualdad precisamente debe dar lugar a que se interprete el ordenamiento jurídico en contra de la igualdad.
  • Quedaban pues sin ningún contenido alguno, salvo contrario a la igualdad, varios artículos de la Constitución de 1931 que aparentemente tenían el siguiente contenido indubitado: c0

c1

Artículo 27
Todos los españoles son iguales ante la ley.

c2

Artículo 25,
No podrán ser fundamento de pri­vilegio jurídico: la naturaleza, la filia­ción, el sexo, la clase social, la rique­za, las ideas políticas ni las creencias religiosas.
c3
Artículo 40.
Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilida­des que las leyes señalen.
  • Por tanto ese “todos los españoles” en todos estos preceptos no incluía también a “todas las españolas“, y a “las españolas” no les eran aplicables ni el principio general de igualdad, ni la prohibición de discriminacion por razón de sexo ni la admisibilidad sin discriminación al acceso a los cargos públicos que sí tenían “los españoles”,  es decir, que quienes no podían ser discriminados eran “los españoles”, o sea “los españoles varones”; o bien que siendo esto programático debe interpretarse contra la igualdad de la mujer.
  • La otra posibilidad es la de George Orwell, ya sabe, eso de que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros.
  • Que prueba de que está prohibido aunque no esté prohibido es que se ha autorizado por decretos ratificados por esta Ley de la República que accedan las mujeres al notariado y al registro de la Propiedad -ley por cierto que carece de preámbulo que permita saber cuál era la intención del legislador, y sí tiene preámbulo el decreto, enlace aquí, y bastante claro-; o sea, que, según el Ministerio de Justicia, ratificar por ley unas normas concretas que antes se adoptaron por decreto por autoridad sin rango suficiente significa que está prohibido todo lo que no ha habido ocasión de ratificar por ley porque antes no se dictó nada al respecto por decreto por autoridad sin rango suficiente.
  • Que aunque no estaba prohibido en ninguna ley ni ningún reglamento, era evidente que se debe considerar prohibido aunque no lo estuviera porque era impensable que pudieran estar autorizado en la entonces vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, dado que por naturaleza y educación no podríamos trabajar las mujeres en eso, y no digamos ya si somos madres, y todo ello “por razones fáciles de comprender” (sic).

¿Usted entiende este farragoso y alambicado razonamiento implícito y expreso? Yo tampoco, y eso que le he dedicado unas cuantas horas, pero eso más o menos dice la orden ministerial de 14 de noviembre de 1934.

Y todo esto tan jurídicamente insostenible tuvo que argumentar la Segunda República en 1934  para impedir el acceso a mujeres.

Sigamos con la fastuosa orden de 14 de noviembre de 1934.

“Considerando que, aun cuando ni la ley orgánica del Poder judicial, ni los Reglamentos para las oposiciones a ingreso en los Cuerpos de Aspiran­tes a la Judicatura y al Secretariado judicial, contienen disposición alguna que excluya a las mujeres de poder formar parte de dichas Carreras, se desprende del sentido de toda esa le­gislación que se refiere exclusivamen­te al varón, siendo evidente que el he­cho de no exigirse esta cualidad para tomar parte en las oposiciones a los Cuerpos de referencia del modo ter­minante que lo establece el Estatuto del Ministerio fiscal para las de esta Carrera es debido a que en la fecha de la promulgación de la citada ley orgánica no se podía prever el caso de que la mujer estuviese en, condicio­nes de opositar a la Judicatura o al Secretariado; y teniendo en cuenta, por otra parte, que entre las funcio­nes que ejercen los Jueces y Secreta­rios, si bien no se halla ninguna quepor su naturaleza no pueda ser desem­peñada por la mujer, la índole de al­gunas, o, mejor dicho, la forma de prestarlas—de noche como de día, den­tro o fuera, no ya del despacho, sino de la residencia—, requieren condi­ciones que la educación, especialmen­te en España, la naturaleza de con­suno dan al varón tanto como rega­tean a la mujer, aparte de la posibililidad de otras complicaciones como la de la maternidad, que hacen de todo punto inadecuado para la mujer el ejercicio de esas profesiones, por ra­zones fáciles de comprender:”
Considerando que, por lo que res­pecta al fundamento constitucional en que basa la solicitante sus pretensio­nes, es doctrina comúnmente admiti­da por los tratadistas de Derecho pú­blico la de considerar las disposicio­nes de los Códigos fundamentales del Estado divididas en dos grandes grupos: unas, las de carácter preceptivo,que adquieren plena eficacia desde el momento de promulgarse la Constitu­ción, y otras, de índole normativa, que en realidad no son más que tex­tos programáticos para ulteriores reformas legislativas y significan una orientación y un límite para las leyes futuras en que adquieran su debido desarrollo, y que la duda que pudiera surgir respecto al alcance que tengan los artículos que cita la solicitante, en cuanto al caso concreto que nos ocupa lo resuelve el propio legislador autor de la vigente Constitución, pues al ratificar y aprobar con fuerza de ley, por la de 30 de Diciembre de 1931, el Decreto del Gobierno provisional de la República de 29 de Abril del mismo año, que autoriza a la mujer para ejercer los cargos de Notario y Registrador de la Propiedad, demues­tra claramente que entendía que no son suficientes los preceptos constitu­cionales para que pueda desempeñar esos cargos, pues entonces hubiese sido innecesaria tal rectificación, y ése es también el criterio mantenido por este Ministerio al dictar con posterio­ridad a la promulgación de la Consti­tución los Decretos de 13 de Mayo de 1932 y 6 de Mayo de 1933, ya citados, así como otros muchos de otros De­partamentos ministeriales que desen­vuelven los preceptos constitucionales habilitando a la mujer para el ejerci­cio de determinadas profesiones

 

“Por ra­zones fáciles de comprender” y “evidente”, dice.

Y las razones debían de ser bien fáciles de comprender y muy evidentes, en efecto. Porque resulta que tras un breve intervalo de la República en el que finalmente sí llegó a haber algún caso anecdótico de mujer en judicatura en cargos judiciales un tanto anómalos y no por oposición, según el artículo doctrinal enlazado,  hubo que esperar hasta muy avanzado el siglo XX para que permitieran que hubiera juezas  en España.

Veamos.

La Ley 56/1961 de 22 de julio, sobre derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer, enlace aquí, o sea de la época de la dictadura de Franco, hace lo mismo que la República: usa un grandilocuente principio general de igualdad en los grandes títulos y luego lo deja en bien poco en general; y en lo que respecta a acceso a la judicatura y fiscalía, así:

Artículo primero.

La Ley reconoce a la mujer los mismos derechos que al varón para el ejercicio de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley.

Y ahora viene el literalmente tío Paco con la rebaja judicial:

Artículo tercero.

Uno. En las mismas condiciones que el hombre, la mujer puede participar en oposiciones, concursos-oposiciones y cualesquiera otros sistemas para la provisión de plazas de cualesquiera Administraciones públicas. Asimismo tendrá acceso a todos los grados de la enseñanza.

Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el número uno de este artículo, el ingreso en:

a) Las Armas y Cuerpos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, salvo que por disposición especial expresa se conceda a la mujer el acceso a servicios especiales de los mismos.

b) Los Institutos armados y Cuerpos, servicios o carreras que impliquen normalmente utilización de armas para el desempeño de sus funciones.

c) La Administración de Justicia en los cargos de Magistrados, Jueces y Fiscales, salvo en las jurisdicciones tutelar de menores y laboral.

d) El personal titulado de la Marina Mercante, excepto las funciones sanitarias.

En aquella época la jurisdicción de menores y la laboral tenían su propio régimen.

Y en estas superamos 1961 y llegamos hasta el año 1966, 32 años después de la orden de 1934 de la República.

Ley 96/1966, de 28 de diciembre, suprimiendo la limitación establecida en el apartado c) del número dos del artículo tercero de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer, enlace aquí y que también firma el dictador Franco:

“La Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y uno sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, estableció el acceso a los puestos de la función pública en idénticas condiciones que el hombre, sin más limitaciones que las especificadas en la misma Ley y, entre ellas, la señalada en el apartado c) del número dos del artículo tercero referente a los cargos de Magistrado, Jueces y Fiscales en la Administración de Justicia.

Tal excepción respondió, sin duda, no a la idea de una falta de capacidad o responsabilidad de la mujer para desempeñar tales cargos, sino más bien a una protección de sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles.

Los motivos de la protección que la Ley quiso dispensar a los sentimientos de la mujer deben estimarse superados por la propia realidad social y porque la mujer que se sienta llamada al ejercicio de la función judicial habrá de encontrar en ella ocasiones de satisfacer su vocación, que la compensarán de las aflicciones que pueda depararle.

Siendo en definitiva las leyes la expresión de la conciencia de la comunidad en cada momento y desaparecidas por la transformación cada vez más acelerada de la sociedad española las circunstancias tenidas en cuenta cuando fué promulgada la Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y uno, se considera llegado el momento de la total equiparación en este aspecto de la mujer al varón. La nueva situación ha sido puesta de relieve por la Sección Femenina y por las propias Cortes Españolas al elevar al Gobierno una moción en tal sentido.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

Artículo único.

Queda derogado el apartado c) del número dos del artículo tercero de la Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y uno sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer.”

O sea, que a partir de ahí, en 1966, por fin todo arreglado y ya la mujer podía acceder a la judicatura y a la fiscalía en igualdad de condiciones que el hombre, ¿no?

Pues no.

Porque en este mundo jurídico de palabras vacías, medias verdades y falsedades a secas vertidas con esa pompa y circunstancia que tanto caracteriza el ordenamiento jurídico español desde hace tanto tiempo, sea quien sea quien mande, hábilmente se ocultaba en esas normas grandilocuentes, oh, sorpresa, que estaba vigente a la vez OTRA normativa, e incluso LA MISMA, que impedía trabajar a las mujeres casadas sin el consentimiento de sus maridos, aparte, claro, de que esa trabajadora no pudiera manejar su propio patrimonio conseguido con su trabajo.

Volvamos a 1961. Artículo 5 de la Ley de 1961:

Artículo quinto.

Cuando por ley se exija la autorización marital para el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente, deberá constar en forma expresa, y, si fuere denegada, la oposición o negativa del marido no será eficaz cuando se declare judicialmente que ha sido hecha de mala fe o con abuso de derecho.

La declaración judicial a que se refiere el párrafo anterior se hara por el Juez de Primera Instancia del domicilio habitual de la mujer, a solicitud de ésta, con audencia de ambos cónyuges, por plazo máximo de diez días y sin otro trámite ni ulterior recurso.

Y aquí un análisis doctrinal del catedrático de Derecho Civil Espin Cánovas, sobre cómo limitaba a la mujer casada la autoridad marital, el famoso, sonrojante y tradicional tema de la “capacidad jurídica de la mujer casada”.

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Así que ya estamos en 1966 y seguimos sin acceso igual a la judicatura y a la fiscalía.

¿O usted cree en serio que para que haya acceso igual a la judicatura y a la fiscalía basta con que se diga que hay acceso igual a la judicatura y a la fiscalía para hombres y mujeres si resulta que la mujer casada está limitada por el marido en todo, incluyendo contratar y manejar su propio dinero o abrir una cuenta bancaria para cobrar la nómina, aparte de otras limitaciones legales indirectas?

¿Usted se habría metido a preparar oposiciones para juez o fiscal sabiendo eso y en esas circunstancias?

En estas llegamos ya a la Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges, enlace aquí, ley por cierto que no surgió sola, sino por presión y estudio de extraordinarias mujeres juristas con nombre y apellido, como la abogada María Telo.

Veamos esta carta de María Telo de 1972, en relación con la inexistencia de mujeres en un importante organo consultivo jurídico para preparación de leyes, la Comisión General de Codificación.

“Excmo. Sr., nosotras somos las primeras en lamentar, por ser la más afectadas directamente, el que ninguna mujer jurista pueda haber tenido la oportunidad de acceder a los puestos que para ser Vocal nato de dicha Comisión de Codificación se requiere, a causa de estar prohibido en España hasta hace cinco años en Magistratura, y diez años en otras profesiones el ingreso de la mujer, excepción hecha de la actuación en el Foro. También lamentarnos se lleve la interpretación de las disposiciones antes citadas con una rigurosidad tal, que se considere no existe en España, ni en la Cátedra ni enel Foro, ni en el Consejo Nacional, ni en los profesionales que ejercen actividades jurídicas con méritos suficientes para ser designado vocal permanente de la repetida Comisión de Codificación, en ninguna de sus secciones.”

 

Por cierto, eche un vistazo al listado actual de miembros de esa institución cuarenta y cinco años después y échese a llorar sobre la igualdad.

Voy a simplificar más cambios normativos, que no llegan precisamente solos, y tiene que llegar la Constitución de 1978, y aprobarse y pasar años, hasta 1981, para que desaparezca la limitación a mujeres casadas.

Solo en ese momento, en 1981, tres años después de  la Constitución y quince años después de que desapareciera la limitación teórica de acceso a mujeres a fiscalía y judicatura.

Desde 1934, y tras un largo camino de declaraciones grandilocuentes que en la letra pequeña quedan en nada y medias verdades jurídicas que ocultan la realidad jurídica y sociológica de que para trabajar razonablemente había que ser soltera o contar con un varón, que tuvieron como consecuencia que hasta en año 1977 una mujer no sacara la primera plaza de juez de carrera en sentido estricto.

¿Qué por qué he incluido todo esto en vez de limitarme a poner el texto de Gabriel Miró con la descripcion literaria de unas oposiciones a judicatura a primeros del siglo XX?

  • Porque cuando se lea esa descripción de unas oposiciones a judicatura de primeros de siglo XX o cuando en general se piense en “los jueces”, “los fiscales”, “los secretarios judiciales”, no debe olvidarse nunca que en ese texto y  hasta lo que históricamente es anteayer se decía “los jueces”, “los fiscales”, “los secretarios judiciales” pero no había mujeres entre esos “jueces”, ni entre esos “fiscales”, ni entre esos “secretarios judiciales”, y que el plural era masculino y lo era de forma descriptiva porque solo varones incluía.
  • Porque es incierto que un plural masculino nos englobe a hombres y a mujeres cuando las normas legales y la situación social nos impiden estar dentro a las mujeres, y es bueno que se vea que ahora podemos estar y antes no podíamos, y que se distinga cuando aún no nos dejan estar.
  • Porque es bueno que se sepa que no hubo mujeres en la judicatura y en la fiscalía  muchas décadas después de que en 1934 en la República se les prohibiera estar, y que para que impedir en 1934 que las hubiera se llegó al extremo de que se retorcieron los argumentos jurídicos hasta hacerlos gritar de dolor jurídico.
  • Porque es bueno que se sepa que nunca hay que fiarse de los títulos de las leyes y de las declaraciones jurídicas legislativas vacías que venden Derecho y derechos en el artìculo 1 y los dejan escapar en humo jurídico el artículo 2 o en otra norma distinta que nadie se molesta en nombrar.
  • Porque creo que nunca hay que dar nada por sentado y hay que ser conscientes de que las cosas no cambian solas y que los derechos no han estado siempre ahí y que no debemos creen que son irreversibles  los derechos porque no lo son.
  • Y, ya puestos, porque decía el clásico que la Historia es maestra de la vida, ¿no?

Y  en realidad no creo que sea un detalle nada de eso, como no fue un detalle que costara tanto que la Segunda República “concediera” el voto a la mujer en 1931, con las dificultades y rechazos que recogí en otro post.

Y ahora volvamos al post jurídico-literario. Voy a insertar las páginas del capítulo de Gabriel Miró, que reflejan una situación unas dos o tres décadas anterior a la Orden ministerial de 1934, tal y como constan escaneadas en la web Cervantes Virtual. Que lo disfrute; a mí, personalmente, no me gusta…

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Verónica del Carpio Fiestas

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Trump, autoperdón y la desaparición del sentido común

El presidente de Estados Unidos de América Donald Trump, a quien los españoles no hemos votado ni podríamos votar, pero que tiene el botón nuclear que nos afecta a todos, al parecer quiere perdonarse a sí mismo, además de a sus allegados. Según las noticias difundidas en medios de comunicación muy serios, ha preguntado a sus asesores si  se puede perdonar a sí mismo y a sus allegados las hipotéticas irregulares, o lo que sean, cometidas en el resbaladizo tema de todos conocido, con el llamado perdón presidencial, y ha soltado un tuit, como el que suelta una pedrada, con lo que parece una indirecta o un aviso. El perdón presidencial es ese extraño indulto, o lo que sea,  que recibió el que acababa de empezar a ser expresidente Nixon cuando lo del Watergate, del siguiente presidente de Estados Unidos; o sea, de quien hasta inmediatamente antes había sido su vicepresidente porque cuando dimite un presidente en Estados Unidos el vicepresidente lo sustituye, enlace aquí, Proclamation 4311 of September 8, 1974

Si eso es así; Trump plantea pues que ni siquiera sea necesario dimitir para que su sucesor y mano derecha, si quiere, perdone; guisárselo y comérselo.

El presidente de Estados Unidos cree pues, al parecer, que es susceptible de pensarse con lógica, y racionalmente, y jurídicamente admisible, que uno se perdone a sí mismo, siendo perdonador y perdonado. Porque el perdón presidencial es, según cree, omnipotente, y llega hasta la omnipotencia jurídica de saltarse la lógica de que uno no puede ser a la vez perdonante y perdonado, y el principio básico de responsabilidad en un Estado de Derecho por el cual nadie está exento de control y rige la separación de poderes. A continuación un párrafo de El País:

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Trump pardoning himself would create a constitutional crisis that makes Watergate look minor, says historian. A law professor has also said that a self-pardon would be unconstitutional“. Enlace aquí,  y aquí :

That tweet came in the context of other complaints about the scope of the investigation into Trump and Russian electoral interference headed by special prosecutor Robert Mueller, a frequent target of Trump’s ire. […] One source told the Post this week that the president “has asked his advisers about his power to pardon aides, family members and even himself in connection with the probe,” and another person said that “Trump’s lawyers have been discussing the president’s pardoning powers among themselves.”

Leo incluso que un profesor de Derecho de la Universidad de Chicago sostiene en el New York Times que hasta sería delito, no ya solo abuso de poder, incluso si perdona a sus allegados, enlace aquí. trump 10

“Yet federal obstruction statutes say that a person commits a crime when he “corruptly” impedes a court or agency proceeding. If it could be shown that President Trump pardoned his family members and close aides to cover up possible crimes, then that could be seen as acting “corruptly” and he could be charged with obstruction of justice. If, as some commentators believe, a sitting president cannot be indicted, Mr. Trump could still face prosecution after he leaves the White House.

There is strong support for the claim that the obstruction statutes apply to the president.

Y aquí el Washington Post:

“Can Trump pardon himself?
This one’s trickier. In short: Probably not.

From our May article on the question:

“We can all only speculate what would happen if the president tried to do it,” said [Kalt]. “We’re all just predicting what the court would do if it happened, but no one can be sure.” …

Kalt’s got an opinion about what the Supreme Court would do if Trump (or any president) tried to give himself a pardon: They’d throw it out. …

[A] pardon is “inherently something that you get from someone else,” he argued. That’s not explicit in the constitutional language, but, then, other boundaries we understand for pardons aren’t either, such as our understanding that there need not be a criminal charge before a pardon. …

What’s more, “presidents are supposed to be limited,” Kalt said. “The president has all of this power, but he has a limited term. If he was able to pardon himself, that would project his power well past his term.”

Kalt makes a number of other arguments worth assessing. His point in short? A self-pardon would certainly have to be evaluated by the Supreme Court, and there’s not much reason to think that it would be upheld.

But Samuel Morison, who specializes in pardon law, wasn’t so sure. He sees the vagueness in the Constitution’s wording as leaving a lot of space.

“My opinion is that in theory that he could,” Morison said. “But then he would be potentially subject to impeachment for doing that.” Morison’s rationale is simple: “There are no constraints defined in the Constitution itself that says he can’t do that.”

Impeachment itself is specifically carved out of the presidential pardon power within the Constitution, so if Trump were impeached, he’d have no counter to that action.

Kalt, though, pointed to the Founding Fathers to offer ways in which they expected the power to be constrained.

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In our interview, Kalt mentioned that Nixon asked his attorneys before he resigned if he might pardon himself and received tentative approval. A number of people, including Walter Shaub, the recently resigned head of the Office of Government Ethics, point to a 1974 memo from the White House Office of Legal Counsel offering the opposite view.

“Under the fundamental rule that no one may be a judge in his own case, the President cannot pardon himself,” it read. However: “If under the Twenty-Fifth Amendment the President declared that he was temporarily unable to perform the duties of the office, the Vice President would become Acting President and as such could pardon the President. Thereafter the President could either resign or resume the duties of his office.”

In other words, Trump could temporarily hand over the reins to Vice President Pence, who could then issue Trump a pardon before Trump takes his power back. […]

Again: It would be up to the nine people on the Supreme Court to evaluate.

So much of all of this — the pardoning, the firing — comes down to two questions: How courts would interpret actions taken by the president and the extent to which he’d face political pressure for taking those actions. If the Supreme Court’s conservative majority backs Trump and his allies in the Republican caucus on Capitol Hill do as well, Trump has a nearly free hand to do what he wishes.

The system is set up for checks and balances. The question underlying all of this is, will the legislative and judicial branches use their checks on the executive branch.

The answer? We may soon see.

Y es una detrás de otra. Enlace aquí.

¿Cómo es posible haber llegado a esto? El presidente de Estados Unidos de América hará esta barbaridad jurídica insigne o no lo hará; no lo sabemos, y en estos momentos puede ser incluso una conjetura que haya consultado esa posibilidad, aunque son medios muy serios  quienes lo han difundido. Y el mero hecho de que siquiera se esté planteando, el mero hecho de que un presidente de Estados Unidos de América se plantee siquiera que es posible perdonarse a sí mismo,  o de que medios de comunicación den crédito a ello hasta el punto de efectuar análisis jurídicos, dice mucho de cómo está esto.

Y  si el sistema estadounidense en efecto permite eso, como hay quien dice, según hemos visto, tenemos un problema. En Estados Unidos  andaría con el maletín nuclear a mano un energúmeno irresponsable en el sentido vulgar y en el jurídico del término, un sujeto que no creo que sea excesivamente duro añadir que no merece más respeto a estas alturas que el que merece cualquier energúmeno con un arma mortal en la mano, o sea, no respeto sino miedo. Ese mismo individuo que es tan incapaz de separar su presidencia de su negocio y su familia que manda a su hija sin cargo público a que represente a Estados Unidos de América nada menos que en el G-20.

La barbaridad que dijo cuando el veto migratorio era un ataque de libro a la independencia judicial. Varios ataques, de hecho, y este es solo otro más, de una larga lista.

Apenas entrado Trump se sacó de la manga una alucinante ley que cuando la leí a poco no me da un pasmo jurídico, la  “Presidential Executive Order on Reducing Regulation and Controlling Regulatory Costs“, enlace a texto aquí.

No me refiero ya siquiera al veto migratorio, que me repugna, ni a la imposición de un código de vestimenta para mujeres, o a la pretensión de suprimir el Obamacare en un país donde hay gente que muere sin tratamiento médico o se empeña hasta las cejas para pagarlo; que ya es decir. Esta ley de “las gallinas que entran por las que salen” que veo que dicen por ahí que es “unconstitutional, illegal and stupid” por la cual para aprobar una norma hay que plantear derogar al menos otras dos, plantea el ordenamiento jurídico como un cajón de calcetines, en el que entra un máximo.

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Alguien que piensa en el ordenamiento jurídico como en un cajón de calcetines y que no distingue su familia de su gobierno es psicológicamente muy capaz de autoperdonarse.

Lo peor es que no está en nuestra mano hacer nada. Como la lluvia o el granizo, esto se nos impone, como una catástrofe natural, como lo que jurídicamente se llama caso fortuito o fuerza mayor.

Pero, bueno, sí podemos presionar a nuestros gobernantes y a la UE para que hagan algo.

Sí, soy una ingenua, ya lo sé; pero todo tiene su límite. Porque a estas alturas ya empiezo a pensar que hoy el Watergate ni siquiera habría merecido una portada de telediario, no digamos ya tener que irse, al menos si se tratara de gobernantes en España.

Y de independencia judicial, mejor ni hablamos.

Verónica del Carpio Fiestas

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Política y lenguaje: sobre propaganda gubernamental en temas jurídicos

Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento”, escribió George Orwell en su brevísimo y fundamental ensayo “La política y el idioma inglés”, publicado en 1946. Enlace al texto completo en inglés aquí y a una traducción completa al castellano aquí.

Este es un post sobre lenguaje jurídico, comunicación y propaganda en temas jurídicos, es decir, de Estado de Derecho y democracia. Y lamento no ser capaz de escribir algo mejor que esto porque el tema es gravísimo, lo es hace años y va a peor.

Un día y otro y desde hace años veo en medios de comunicación informaciones absolutamente falsas y manipuladas, pura y simple propaganda gubernamental disfrazada de información jurídica. Todos los días y a todas horas recibimos todos, masivamente y por mil vías, notas de prensa sobre temas jurídicos de organismos oficiales que los medios de comunicación -prensa, radio, TV- que las difunden masivamente NO DICEN que son notas de prensa oficiales.

Ni siquieran dicen “Según el Gobierno es tal cosa”, “el Ministerio dice que es tal otra”. Se difunde en medios de comunicación la nota de prensa oficial gubernamental tal cual, cruda, y sin aclarar en absoluto que se trata de una nota de prensa, y además sin el añadido ni aún microscópico y al final y en letra pequeña de introducir una información de fuente discordante. Un ejemplo semanal, la nota de prensa del Consejo de Ministros, y hay los innumerables cotidianos de ministerios y, en concreto, del Ministerio de Justicia y del que en estos momentos es su brazo armado, el jibarizado y cuasiunipersonal Consejo General del Poder Judicial que preside el Sr. Lesmes.

Por tanto, lo que llega a la opinión pública en temas jurídicos -y es de temer que también en el resto- es que las cosas suceden porque el Gobierno dicen que suceden, y como y cuando el Gobierno dice que suceden. Y sin que compute como propaganda gubernamental y sin que cueste más que una simple lista de correo o una rueda de prensa.

Con ese sistema, que está por todas partes, los medios de comunicación no son medios de comunicación: son altavoces gubernamentales que además deliberadamente ocultan su condición de altavoces gubernamentales. En unos medios de comunicación en evidente crisis, y no solo económica, al medio de comunicación le resulta extremadamente rentable publicar una nota de prensa oficial; no hace falta ni un redactor, no hay noticia que comprobar porque viene creada como noticia lo que no lo es tal noticia sino una falsa noticia y ya está hasta redactado, para inmediato corta y pega completo.

Y quienes intentamos difundir las cosas como son, y no como el Gobierno las vende con el apoyo no explícito de los medios de comunicación, nos enfrentamos a tres gravísimos problemas creados por este sistema perverso:

  • Se vende constantemente como información lo que es propaganda, y por tanto no tenemos que luchar contra una información falsa o manipulada con las armas con las que se desenmascara la propaganda evidente, sino contra una propaganda disfrazada de información y colocada falsamente al mismo nivel de una verdadera información que será discutible o no, pero es información.
  • La falta de interés de los medios de comunicación sobre los temas que no son objeto de notas de prensa oficiales, y que por tanto cuestan mucho más dinero a los medios de comunicación porque requieren esfuerzo de localización del tema, una decisión sobre la importancia del tema, más una búsqueda de fuentes más una elaboración y una redacción.
  • La imposibilidad de conseguir que lo que se difunde, siendo cierto, pueda desmentir lo publicado por nota de prensa oficial, porque es sencillamente imposible llegar ni remotamente a todos los sitios donde la nota de prensa ha llegado, incluso a quienes se esfuerzan activamente en estar guardia como consumidores activos y no pasivos de información.

Lo de David y Goliat se queda muy, muy corto.

La novela “1984” es una obra literaria, y de pensamiento, capital del siglo XX. George Orwell nos descubrió la neolengua y nos pone los pelos de punta con un futuro de espantosa manipulación lingüística y de medios de comunicación para conseguir el control del lenguaje y por tanto de las mentes y por tanto de la sociedad. Lo que Orwell describió y predijo en 1948 con su novela “1984”, para muchos efectos terribles ya está aquí, como ya lo estaba en parte en 1948; pero los medios de comunicación ya no son solo prensa escrita, radio, panfletos, noticieros de cine tipo No-Do y carteles en las paredes. Ahora los medios de comunicación son omnipresentes y a ellos se añaden medios de intercomunicación que a la vez son en parte de medios comunicación y en parte nadie parece saber exactamente qué son.  Y en la época de Orwell quien quería oía la radio y quien quería no, y la prensa, aparte de costar un dinero que no todo el mundo tenía, era de lectura voluntaria y además cada cual escogía su periódico; incluso en una época de propaganda masiva y censura férrea de Goebbels, aguzando el sentido crítico era quizá posible físicamente pasar días sin recibir adoctrinamiento disfrazado de información, aunque a cambio, claro, tampoco se recibiera información limpia, completa y correcta.

Pero ahora no solo hay lecturas y recepciones de información voluntarias; resulta imposible físicamente dejar de recibir la información, salvo que se decida ser ermitaño en una mítica Tebaida, y por tanto quedarse fuera del mercado laboral y de toda relación social. La información se nos echa encima sin buscarla ni desearla y no podemos dejar de recibirla. Incluso aunque alguien decida ser tan marciano como para prescindir de la televisión, la radio, los periódicos y las redes sociales, o se empeñe en ser muy selectivo en su elección de fuentes, finalmente no puede dejar de recibir la información de innumerables fuentes que no ha escogido. En las estaciones de metro hay pantallas con informaciones y las hay en la calle y en las estaciones de tren y en los aeropuertos; en Twitter es imposible evitar que llegue rebotada información manipulada aunque se sigan muy pocas cuentas o muy escogidas; donde nos tomamos el café o en el restaurante barato donde nos comemos un menú del día y en la terracita playera donde en teoría “desconectamos” en verano y tomamos unas gambitas, la televisión está encendida; a cualquiera que trabaje le llegan a su correo profesional informaciones constantes; los profesionales recibimos, y no tenemos más remedio que recibir, información de entidades a las que de grado o de fuerza pertenecemos. Y no lo escogemos. Nos lo imponen en el caso concreto, y no hemos decidimos tampoco en general que fuera así y es absolutamente imposible evitarlo.

Y es como la rana hervida de la conocida historia que tanto usan como metáfora tantos en tantos contextos. Somos ranas en cazuela, se ha ido aumentando la temperatura del agua de la cazuela, podríamos quizá haber saltado de la cazuela antes del punto de ebullición y muerte informativa, pero el aumento de temperatura fue lento, apenas se notaba o no se notaba nada y no parecía preocupante, y cuando ha empezado a ser inocultablemente preocupante ese mismo aumento de temperatura imperceptible y paulatino nos ha quitado ya las fuerzas y ya no podemos escapar y no hay alternativa. Psicológicamente morimos aplastados por información falsa.

Así que si ya era básico en 1948 estar atentos a la manipulación del lenguaje y las informaciones falsas, hoy es muy poco decir que es básico. Y puesto que la información jurídica es esencial en un Estado de Derecho, porque lo son las leyes, la falta, insuficiencia, defecto o exceso de leyes, el control de las leyes y por tanto de la política, la corrupción y el dinero público y la política judicial, voy a intentar transmitir unas pocas sugerencias para quien prefiera intentar hacer el esfuerzo de ser en la medida de lo posible rana viva aunque cansada del esfuerzo en vez de cómodo cadáver psicológico de rana hervida. Mis sugerencias:

  • Sugerencia 1. Cuando vea una información jurídica que le parezca importante, haga el esfuerzo de mirar la noticia en varios medios de comunicación. Si es idéntica, es probable que se trate de nota de prensa gubernamental, y si es nota de prensa gubernamental, entra dentro de lo probable y hasta de lo bastante probable que no sea cierto; me resulta durísimo decirlo así, pero llevamos demasiados años de mentiras institucionalizadas. Y si se ve probable que se trata de nota de prensa, no se quede con la idea de lo oído y haga un segundo, y más difícil,  esfuerzo, el del seguimiento, intentando buscar informaciones posteriores que disientan. Los desmentidos jamás tienen el mismo eco que las mentiras gubernamentales, y tristemente hay que buscarlos; y vendrán en letra pequeña, si vienen.
  • Sugerencia 2. Si se trata de política judicial, lea lo que dicen las asociaciones de jueces y fiscales y de letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), así como de los jueces decanos (que se reúnen periódicamente los de toda España y sacan además comunicados en temas concretos). Prácticamente todos están en Twitter, por ejemplo, y con frecuencia sacan comunicados una y otra vez y desde hace años para desmentir tajantemente innumerables “informaciones oficiales”. Incluso hace ya tiempo que las cuatro asociaciones judiciales han decidido un frente común, y organizan ruedas de prensa conjuntas y difunden comunicados conjuntos. Que el eco de todo esto sea pequeño tiene muchos motivos de varios tipos; pero si busca la información está en internet. No haga caso a quienes reprochen a jueces y fiscales que no hayan dicho nada en relación con tal o cual tema de política judicial y defensa de la independencia judicial; es muy posible que sí lo hayan dicho, pero ni siquiera ha salido en prensa.
  • Sugerencia 3. No me gusta lo que voy a hacer a continuación porque  voy a correr un cuadruple riesgo: que me tilden de pelota de periodistas, que me reprochen que soy sectaria por mencionar unos medios y no otros, el de centrarme en información judicial más que jurídica en sentido estricto y que se me enfaden por no mencionarlos otros muchos buenos periodistas aparte de los que citaré, que también los hay, naturalmente. Pero creo que no tiene sentido un post de este tipo si no doy indicaciones concretas y prácticas y pensando en la mayoría: quienes tienen poco tiempo para el contraste de información jurídica. Voy a citar unas fuentes que en estos momentos me parecen muy serias, con mi recomendación muy insistente de que, si es posible, se lean más fuentes que las que cito; no quiero decir con ello que esté de acuerdo con lo que difunden las que voy a citar expresamente, ni creo que acierten siempre en temas y enfoques, ni en sus omisiones, ni que vayan a seguir siempre siendo recomendables, que eso jamás lo pensaría ni lo diría de nadie. Tampoco quiere decir que yo misma solo lea estas fuentes; intento no ser rana hervida hace mucho y procuro leer todo tipo de fuentes de todos los colores, incluyendo textos legales y prelegislativos sin filtro. Solo quiero decir que con muy diversos enfoques estas tres fuentes que cito se han hecho eco de lo que muchos otros han omitido en temas de política jurídica y judicial y que detecto que lo hacen habitualmente desde hace tiempo y con un sentido crítico y una seriedad periodística general que se agradece especialmente en tiempos ya tan largos de nota de prensa vestida de noticia. Las dos personas físicas que voy a citar son periodistas jurídicas expertas en comunicación judicial, y personalmente opino que su nivel es superior a la media del propio periódico donde escribe cada una, y a la media de cualquier periódico, y que son independientes de su propio medio y que en estos momentos es imprescindible leerlas, cada cual en su estilo, muy distinto uno del otro; el medio periodístico que cito está dirigido también por periodistas juridicos expertos en comunicación judicial y mi recomendacion se centra especialmente en los aspectos de política judicial. Todos ellos en general sobre política judicial disponen de información bastante más contrastada que muchas otras fuentes y cubren temas importantes que otros omiten.
    • Elisa Beni, en Twitter @elisabeni
    • Julia Pérez, periodista jurídica actualmente en Público, en Twitter @JuliaPerezRU
    • El medio jurídico Confilegal, en Twitter @Confilegal.

Voy a acabar citando de nuevo el ensayo de George Orwell “La política y el idioma inglés”, y no olvide que TAMBIÉN lo escribió Orwell por el lenguaje falso y manipulador de quienes no eran Gobierno. Y es que lo peor de la nota de prensa es que es contagiosa, y como no teníamos bastante con notas de prensa gubernamentales ahora hemos pasado a cuasinotas de prensa contragubernamentales en los medios propicios para ello. El sentido crítico NO SOLO es indispensable tenerlo aguzado con todo Gobierno y muy en concreto con el actual; tiene que serlo siempre y con todos. Porque lo fácil es ser crítico solo con unos, pero eso no es ser crítico, sino sectario; lo verdaderamente difícil es intentar ser crítico con todos. Pero pensar por cuenta propia cuesta esfuerzo; es más fácil ser rana hervida de Gobierno o de oposición.

“En nuestra época, el lenguaje y los escritos políticos son ante todo una defensa de lo indefendible. Cosas como la continuación del dominio británico en la India, las purgas y deportaciones rusas, el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, se pueden efectivamente defender, pero sólo con argumentos que son demasiado brutales para que la mayoría de las personas puedan enfrentarse a ellas y que son incompatibles con los fines que profesan los partidos políticos. Por tanto, el lenguaje político debe consistir principalmente de eufemismos, peticiones de principio y vaguedades oscuras.”

Si lee el ensayo de Orwell verá que lo importante no acaba en la lectura crítica de informaciones y en no dejarse enredar por clichés, palabras vacías, eufemismos y mentiras a secas y de no acogerlos mentalmente; lo importante es que del lenguaje viene el pensamiento.

“El lenguaje político —y, con variaciones, esto es verdad para todos los partidos políticos, desde los conservadores hasta los anarquistas— está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez al mero viento. Uno no puede cambiar esto en un instante, pero puede cambiar los hábitos personales y de vez en cuando puede incluso, si se burla en voz bastante alta, lanzar alguna frase trillada e inútil —alguna bota militar, talón de Aquiles, crisol, prueba ácida, verdadero infierno, o algún otro desecho o residuo verbal— a la basura, que es donde pertenece.”
Verónica del Carpio Fiestas
agua
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Por qué prefiero que siga como ministro de Justicia el Sr. Catalá

Sí, ha leído bien el título. Prefiero que siga como ministro de Justicia el Sr. Catalá.

Hace ya bastante tiempo, meses, si no más, que el Sr. Catalá, ministro de Justicia desde septiembre de 2014, reprobado por el Congreso, es un muerto político andante. No se vislumbra otro motivo para que no caiga de su puesto de ministro que el sistema de dejarse llevar por la inercia política y de defender lo indefendible como mecanismo para que lo dudoso no sea discutible que tanto caracteriza al Sr. Rajoy, presidente del Gobierno. Pero antes o después caerá el Sr. Catalá. Y será una pena, y no por él, que de seguro que ya encontrará buen arrimo, como lo han encontrado todos los que han dejado el Gobierno. La pena será para todos los demás.

Y es que el Sr. Catalá no es relevante ni lo ha sido nunca, pues el único ministro de Justicia que ha habido con el Sr. Rajoy, desde que entró como presidente del Gobierno en diciembre de 2011, ha sido el Sr. Rajoy. Quien no quiera ver esto es que no ha hecho un seguimiento de cerca de la política en Justicia desde diciembre de 2011 o que no le interesa verlo, porque otro motivo no se me ocurre.

Absolutamente todas las propuestas normativas en Justicia que ha promovido el ministro de Justicia y que se han aprobado por las Cortes -por este ministro o por el intercambiable anterior- han encontrado apoyo explícito del Sr. Rajoy y, por supuesto, del Partido Popular en pleno, que ha votado sin fisuras en las Cortes y ha apoyado hasta en las situaciones más descabelladas, como por ejemplo, uno entre muchos, en la reciente reprobación. Desde las tasas judiciales de la época del Sr. Gallardón y las de la época del Sr. Catalá, declaradas inconstitucionales ambas, hasta la reforma del Consejo General del Poder Judicial para facilitar el control de la Justicia, una en 2013 en la época del Sr. Gallardón y otra en 2015 en la época del Sr. Catalá, desde el fiasco absoluto del llamado “papel cero” hasta las manipulaciones del Ministerio Fiscal, todo, absolutamente todo, ha tenido apoyo del Partido Popular sin fisuras y del Sr. Rajoy. Del Sr. Catalá, hasta las vacías proclamas diarias a que nos tiene acostumbrados son apoyadas por el Sr. Rajoy y por el Partido Popular.

En realidad la única diferencia importante entre el Sr. Catalá y el Sr. Gallardón es que este tenía ambiciones especiales de medro político y el Sr. Catalá no, pero, salvo eso, nada, que hasta coinciden en que se les consideraba, antes de conocerlos a fondo, como personas “modernas”, como si eso fuera relevante.

Y hace ya tres años que publiqué un post sobre la irrelevancia del Sr. Gallardón, con ocasión de su dimisión como ministro de Justicia. Y  fui contracorriente, cuando tantos brindaban por su cese, muchos de los cuales ahora dicen que quién habría imaginado que el Sr. Catalá haría bueno al predecesor, porque confunden personas y políticas.

Y es que aquí no se trata de políticas de ministro. Las políticas son de partido y de presidente de Gobierno, y con unas finalidades muy evidentes de control de la Justicia. Y quien no quiera verlo a estas alturas tras dos ministros y tantos años es que no lo ve porque no quiere verlo, y seguirá sin entender lo que está pasando.

Así que da exactamente igual que cambien las personas, si no cambian las políticas, y no van a cambiar las políticas si el Sr. Catalá se va y el Sr. Rajoy decide nombrar a otra persona como ministro, que me da exactamente igual quién sea, y a los precedentes me remito. Los políticos quemados salen de los Gobiernos del Sr. Rajoy, no cuando están quemados, sino cuando ya están carbonizados, y son sustituidos por otros, pero da igual.  Y quemado el Sr. Catalá, lo está desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las tasas judiciales promovida durante SU mandato, que no las promovidas durante el mandado del Sr. Gallardón, y que no se sepa públicamente que estaba quemado un ministro al que le declaran inconstitucional una ley tan importante dice mucho de cómo está la política en España; y carbonizado lo está ahora, cuando las movidas inocultables en relación con anticorrupción.

Con este planteamiento se me dirá que me tendría que dar igual que el Sr. Catalá se fuera y lo sustituyeran por otra persona o que se quedara, aburriéndonos indefinidamente con eslóganes y dedicado indefinidamente a manipular la Justicia y a seguir de saraos jurídicos de propaganda, cada vez que operadores jurídicos le dan pie para ello, lo que sucede con preocupante frecuencia.

Pero no, no me da igual que el Sr. Catalá se vaya o se quede. Prefiero que se quede el Sr. Catalá, por un motivo muy sencillo: este señor ya no engaña a nadie, ni nadie puede llamarse a engaño con él, ni siquiera quienes ingenuamente se alegraron de que entrara.

Ahora están rotos los canales con los operadores jurídicos salvo los más serviles que confunden cooperación institucional con pasillo de besamanos; ahora hierve el mundillo judicial con runrún hasta de huelga; ahora la oposición lo ha reprobado, aunque no se percibe efecto de ello en lo que de verdad importa, que es el tratamiento legislativo de la Justicia, pero reprobarlo, lo han reprobado.

Y si entra otro de ministro, sea quien sea, seguirá todo igual porque las políticas no habrán cambiado, pero habrá quien se crea que las cosas han cambiado, o quien fingirá que lo cree -de esos habrá muchos-, y se tendrá además un motivo para decir que hay que dar un margen de maniobra y de confianza al nuevo, y bajará por ello el nivel de tensión, y bajará sin motivo, porque seguirá todo igual, cuando lo que se necesita de verdad es que cambien las políticas y no las personas y eso solo se conseguirá si se mantiene el nivel de tensión.

No se vaya, Sr. Catalá. Háganos ese favor.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

 

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Reprobados, ajá, ¿y ahora qué?

¿Qué opina el nuevo/antiguo secretario general del PSOE Sr. Sánchez Castejón de la circunstancia de que el ministro de Justicia Sr. Catalá más el Fiscal General de Estado más otro fiscal hayan sido reprobados por la oposición en el Congreso como consecuencia de sus extrañas maniobras para manipular en materia de corrupción en beneficio del PP, y que todos ellos, los tres, sigan en su puesto? ¿Le parece bien al Sr. Sánchez Castejón la política mantenida por la precedesora gestora del PSOE de presentar una proposición no de ley para reprobación de cargos públicos, algo que solo sirve para soltar una reprimenda y/o pedir la destitución o la dimisión, y que el PSOE sabe perfectamente que, incluso si  sale adelante esa reprobación hasta con los votos de toda la oposición, como sucedió, nada de ello  tiene el menor efecto jurídico? ¿Qué opina el Sr. Sánchez Castejón de que a nadie se le haya ocurrido modificar la normativa vigente para que el Fiscal General del Estado vea de verdad más garantizada su independencia y para que en efecto sea nombrado con intervención real y no solo aparente de los tres poderes del Estado, y no como ahora, que solo como paripé es nombrado con intervención de los tres poderes, ya que el Ejecutivo nombra, el judicial o, mejor dicho, el Consejo General del Poder Judicial, informa en informe preceptivo pero no vinculante, y en el Congreso hay una comparecencia puramente formal antes del nombramiento, pero el Congreso no vota ni importa nada lo que opine al respecto ni hay una audiencia seria, es decir, que el Gobierno no está condicionado ni ante la opinión pública más que por su propia voluntad para el nombramiento del Fiscal General del Estado? ¿Qué opina el Sr. Sánchez Castejón de que la propia normativa que da lugar a que el Ministerio Fiscal sea nombrado y pueda ser removido sin intervención real y efectiva de las Cortes fuera modificada por las Cortes en 2007 siendo presidente el Sr. Rodríguez Zapatero, del PSOE, para dejarla prima hermana de la anterior en este punto, y que se vendiera esa reforma como mayor garantía de una independencia que el propio PSOE ha dicho en el Congreso al reprobar que no existe? ¿Qué opina el Sr. Sánchez Castejón de que la gestora del PSOE haya presentado esa moción política de reprobación sin efectos jurídicos, y sabiendo que no tendría efectos jurídicos, es decir, qué opina de que se haga un mero espectáculo político-pirotécnico de juegos artificiales propagandísticos, y que además el Sr. Catalá no haya dimitido tras ser reprobado -ni ninguno de los dos fiscales reprobados tampoco-  y que el Sr. Rajoy, único que puede destituir a un ministro, pues las Cortes no pueden, haya reiterado públicamente su confianza en su ministro de Justicia, luego el Sr. Rajoy asume y ratifica públicamente el  comportamiento de su ministro de Justicia?

En septiembre de 2014, cuando dimitió el Sr. Ruiz-Gallardón, anterior ministro de Justicia del mismo presidente del Gobierno en anterior a la anterior legislatura, escribí en este blog un post titulado Relevancia e irrelevancia del Sr. Gallardón, exministro de Justicia, en el que decía que me importaba muy poco el Sr. Ruiz-Gallardón, que era irrelevante, porque su política era y fue siempre la del Sr. Rajoy, y  que el problema nunca fue la persona, sino la política, y que mientras no cambiaran la política y el criterio de su verdadero responsable, Sr. Rajoy, estaríamos igual. Se fue el Sr. Ruiz-Gallardón, el Sr. Catalá fue recibido con unánimes alborozo y loas de los operadores jurídicos, al igual que su precedesor, no ciertamente por mí ninguno,  y ahora lo han reprobado, y me da también igual. La persona del Sr. Catalá es tan irrelevante como la persona del Sr. Ruiz-Gallardón y me importa igual de poco;  ni uno ni otro me merecen ni medio segundo para dedicarle. Ambos hicieron, y el Sr. Catalá sigue haciendo, lo que tenían que hacer y efectivamente hicieron: manipular la Justicia.

¿Piensa el Sr. Sánchez Castejón seguir  utilizando para presionar al Sr. Catalá y el Sr. Rajoy, último responsable, mecanismos sin consecuencias jurídicas? ¿Qué piensa de que tras esa reprobación del ministro y esa confirmación por el presidente del Gobierno no se haya suspendido la negociación de un pacto de Estado por la Justicia con ese ministro? ¿Qué opina de que no se haya hecho nada para cambiar la situación jurídica del Fiscal General del Estado? ¿Qué opina de que se quiera dar la instrucción de los delitos a fiscales manifiestamente dependientes? ¿Piensa hacer algo más que gestos para la galería y aspavientos para evitar que la Justicia sea manipulada y para que el hedor deje de abrumarnos? ¿Va a seguir con esa política de promover ese pacto de Estado por la Justicia que el reprobado ministro Sr. Catalá no para de decir que desea desde que lo nombraron, mintiendo por cierto una y otra vez en los datos? ¿Va a seguir reuniéndose el PSOE con este ministro para negociar la calamitosa situación de la Justicia, como si nada hubiera pasado y como si se pudiera negociar con quien reconocidamente manipula, y para seguir repartiéndose los cargos del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y demás? ¿Piensa el Sr. Sánchez Castejón  pedir responsabilidades de la manipulación de la Justicia al verdadero responsable? ¿O va a seguir con el criterio de que el reparto, la manipulación y la colonización política de la Justicia son buenos, aunque haya que sostener públicamente con la boca pequeña que no son buenos o que no existen, porque es muy cómodo repartirse las sillas del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y garantizar así la tranquilidad del hoy por ti, mañana por mí, y que con los aspavientos de, huy, te has pasado, ya vale?

Deseando saberlo.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

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Sobre la otra Historia: lenguaje y derechos de la mujer

Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta”. Así empieza la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 de Olympia de Gouges, una declaración que propugnaba la igualdad y que no fue ratificada por cuerpo legislativo.  Olympia, Olympe, de Gouges, murió, por cierto, guillotinada. En este enlace, el texto completo en francés.

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Y es que cuando estudié Derecho nadie me explicó que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadado de la Revolución Francesa de 1789, texto fundamental y fundacional en los derechos humanos,  no incluía a las mujeres.

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Nadie me explicó que en este texto político y de derechos humanos esencial el término “hombre” no incluía   a varón y mujer, y que “ciudadano” significaba “ciudadano varón”, que el masculino era descriptivo; nadie se molestó en aclararme qué significaba el lenguaje. Tampoco nadie me contó que había existido una heroína llamada Olympe de Gouges que había propugnado la igualdad en plena Revolución Francesa, porque esa igualdad no existía ni se planteaba, y que  tuvo que escribir sobre los derechos de las mujeres porque los de los “hombres” no las incluían, y lo propugnó en vano. Y que argumentó, por ejemplo, y da escalofríos, que si la mujer tenía el derecho de subir al cadalso para ser ejecutada, debía tener también el derecho a poder subir a la tribuna para poder ser oída en materia política.

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Igual que cuando estudié Derecho me contaron que el sufragio universal existía en España desde el siglo XIX; tampoco nadie me explicó que cuando en España el sufragio universal se implantó para los mayores de 25 años por ley electoral de 1890, enlace aquí, superando el sufragio censitario, ese “universal” excluía a la mitad de la población, las mujeres. Nadie me explicó que es falso y manipulador llamar a eso “sufragio universal”, que su nombre correcto debería ser “sufragio universal masculino”, y que es inadmisible que se hable de “sufragio universal” si excluye el voto de la mitad de la población por el hecho de ser mujer. Nadie me explicó que el lenguaje reflejaba lo falso, o, desde otro punto de vista, que el universo es masculino.

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La otra Historia. Una anécdota. Algo que no significa nada. El lenguaje no significa nada. Y, naturalmente, tampoco significa nada que no me explicaran en una facultad de Derecho que en las declaraciones fundacionales de derechos humanos “hombre” y “ciudadano” no incluye a “mujer” y “ciudadana” y que “sufragio universal” no significa “sufragio universal”.

Ni tampoco significa nada que estemos en 2017 y que no haya habido en España nunca ningún presidente del Gobierno que no sea varón, y que, por tanto, cuando se hable de “expresidentes del Gobierno” en masculino no englobemos a expresidentes y expresidentas del Gobierno, porque expresidentas sencillamente no las hay, es decir, que el masculino es descriptivo y, por tanto, estemos hablando de expresidentes varones, ni que la foto oficial de las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en 2017 sea así.

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La igualdad no hay ni que mencionarla, ni tampoco es necesario que el lenguaje la tenga en cuenta y refleje cuándo hay hombres y mujeres y cuándo las mujeres no están, porque la igualdad ya la tenemos, ¿no?

Por cierto, aquí voy a incluir unos datos:

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  • Un grabado sobre “Diversos ejercicios prácticos de los alumnos y alumnas de primer curso: clase de gimnasia sin aparatos y clase de esgrima” de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid, publicado en 1875, y que se conserva en el Museo del INEF de Historia del Deporte.

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  • Una obra de teatro del escritor Juan Meléndez Valdés, del año 1784, con un coro de “zagales y zagalas”.

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  • El Quijote, de Cervantes, con un texto sobre personas vestidas de “pastores y pastoras”.

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  • El “Cantar de Mío Cid”, poema de hacia el año 1200, que habla de “mujeres y varones” y “burgueses y burguesas”, versión aquí y aquí.

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Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta”.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

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La responsabilidad de la bochornosa política estatal no es del Partido Popular

Del increíblemente bochornoso espectáculo de la política española,

  • con Esperanza Aguirre haciendo pucheros ridículos tras una declaración como testigo, cuando ella misma, hipócritamente, se aprovechó de su privilegio como expresidenta de la Comunidad para declarar por escrito en su día, es decir, para colaborar lo menos posible contra la corrupción impidiendo un verdadero interrogatorio y sustituyéndolo por un inocuo cuestionario a domicilio, como expliqué en este post de mayo de 2015,  y diciendo la buena señora encima que los juicios tardan mucho,
  • con detenidos y registros cotidianos y redadas por corrupción, incluyendo detenciones de expresidentes de  comunidad autónoma
  • con Mariano Rajoy citado como testigo
  • y con todos los responsables del Partido Popular intentando convencernos
    • de que son absolutamente tontos y que les engañaban en la gestión interna y la financiación de su propio partido y de que eran ciegos con el enriquecimiento y la contratación corrupta, pero que eso, dicen, ni significa ni culpa in eligendo ni culpa in vigilando,
    • y que esa ineptitud pasmosa al gestionar un partido y esa ceguera selectiva y casualmente siempre barriendo hacia adentro no es sin embargo óbice para que esos mismos que son tan tontos que se dejan engañar y que no ven nada, dicen, puedan gestionar inteligentemente y con cien ojos la política estatal y ahora sí con correcto criterio sobre colaboradores tanto in eligendo como in vigilando
    • y de que luchan mucho contra la corrupción quienes se dedican a destruir discos duros

de todo eso, y de lo muchísimo más que pasa en materia de corrupción, no tiene la responsabilidad el Partido Popular,

Esa bochornosa situación tiene como responsable a la oposición.

Y no es ni una paradoja ni una broma.

Porque los partidos corruptos no dejan el poder por iniciativa propia. Muy al contrario, les interesa conservarlo a toda costa, no solo para seguir con sus corruptelas sino, muy especialmente, para blindar su situación jurídica, como está intentando intensamente el Partido Popular, por ejemplo

  • con la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece límites temporales a la instrucción sin dar medios a los juzgados que permitan cumplir ese plazo, en juzgados ya en situación precaria crónica y desde hace décadas, y habiendo denunciado públicamente los operadores jurídicos que eso daría lugar a impunidad
  • sin haber creado un solo juzgado desde 2011
  • estableciendo un sistema informático caótico en los juzgados, y haciéndolo con pleno conocimiento de causa, porque reiteradamente les avisaron los operadores jurídicos de que sería inviable
  • y pretendiendo conferir la instrucción de delitos a los fiscales tan dependientes del Gobierno que prefiero ni citar casos porque demasiado llena está la web de tristes casos incluso de hoy mismo
  • y con sus intentos de limitar la acción popular, la única que ha conseguido mover en los juzgados casos muy graves de corrupción, incluyendo los que afectan al Partido Popular, casos en los que la pasividad del fiscal era ya notoria y no quiero ni imaginar como lo será si se les confiere la instrucción y encima se limita la acción popular.

Y el responsable del bochornoso espectáculo y de la realidad que está detrás de todo eso no es el Partido Popular, repito. No nos engañemos. El Partido Popular está haciendo ni más ni menos que lo que haría cualquier partido corrupto hasta la raíz y pillado con las manos en la masa. La culpa es de la oposición porque no ha sabido actuar razonablemente para sacar del Poder al Partido Popular. Hace ya años que el Partido Popular no tendría que estar gobernando, ni seguir con los mismos responsables, porque las manzanas podridas son cestos de manzanas completos hace mucho, y a todas luces.

Pero la oposición ha preferido apoyar el statu quo.

Ya nos explicarán dentro de unos años los políticos actuales de la oposición, en sus memorias, cómo les deja dormir su conciencia, si es que la tienen, para no haberse puesto de acuerdo para limpiar la política de una vez desbancando honradamente del Poder al Partido Popular con acuerdos legítimos. Sobre todo nos lo explicará, supongo, el Partido Socialista Obrero Español (sí, se llama Obrero), que lleva con una gestora nada menos que desde octubre de 2016, precisamente porque prefiere estar sin cabeza o con una cabeza de espantapájaros que intentar en serio pactar con otros partidos para sacar del Poder al Partido Popular; y por cierto que el PSOE tiene su buena cuota de corrupción, también, que no se olvide.

Y es que si se hubieran puesto de acuerdo los partidos de la oposición ahora no estaríamos hablando de la corrupción del partido en el Poder.

Estaríamos hablando de la corrupción de un expartido, de un partido hundido y en su caso refundado con personas honradas -que en todos los partidos democráticos, incluyendo el Partido Popular, las hay-, y sin posibilidad alguna de manipular la legislación actual y la futura para blindar su situación jurídica y política.

Pero los partidos de la oposición sabrán por qué han preferido no hacer eso y que sigamos con el bochornoso espectáculo de un partido corrupto que sigue en el Poder estatal y autonómico, y no para conseguir gobernabilidad precisamente, porque seguimos sin Presupuestos Generales del Estado estando ya a finales de abril y con un Gobierno que a día de hoy no ha sido controlado por el Tribunal Constitucional ni en sus manifiestos abusos cuando era Gobierno en funciones ni en sus también manifiestos abusos al oponerse a la tramitación de proposiciones de ley, y se le tolera que lo haga

Y firma este post, muy harta, tan harta que no tengo ni ganas de incluir ni hipervínculos a información documentada, y firma como ciudadana y jurista de a pie estupefacta, dolida y abochornada,

Verónica del Carpio Fiestas

 

 

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Hitler en el BOE

1“Decreto número 376

En el primer aniversario de mi Exaltación a la Jefatura del nuevo Estado Español y al Mando Supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; y como signo leal y firme a la amistad de los pueblos que, en esta hora trágica y gloriosa de nuestra Cruzada contra la barbarie, nos honraron con su reconocimiento sincero y amistad generosa,

Vengo en disponer:

Artículo único. Se concede el título de Gran Caballero y el Collar de la Gran Orden Imperial de las Flechas  Rojas al Fuhrer Canciller de la Nación alemana Adolfo Hitler.

Dado en Burgos a primero de octubre de mil novecientos treinta y siete.=Segundo Año Triunfal. Francisco Franco

Esto figura en el Boletín Oficial del Estado nº 349 emitido en Burgos con fecha 4 de octubre de 1937.

Ese mismo día 4, y consta en ese mismo Boletín Oficial del Estado nº 349 de 10 de octubre de 1937, y por Decreto nº 373, se creó por Franco esa “Gran Orden Imperial de las 2Flechas  Rojas”, “como supremo galardón al mérito Nacional” (sic) y se concedieron las tres primeras condecoraciones, que fueron para

  • el rey italiano Víctor Manuel III (decreto nº 374)
  • Benito Mussolini, “Duce de Italia y fundador de su Imperio” (decreto 375)
  • y Adolfo (sic) Hitler, “Fuhrer Canciller de la Nación alemana” (decreto 376).

Puede acceder al enlace al horrible BOE nº 349 de 4 de octubre de 1937 aquí, en la base de datos oficial del BOE;  para ponernos en situación, en el mismo Boletín Oficial del Estado y justo a continuación figura la inhabilitación de numerosos maestros y maestras.

Y ese mismo día para seguir  poniéndonos en situación, se emitió, pero por otros, otro Boletín Oficial.

Porque en 1937 había guerra en España, y dos diarios oficiales, uno por cada bando; por un lado el “Boletín Oficial del Estado”, por otro la “Gaceta de la República”. Enlace al sumario del “Boletín Oficial del Estado” del bando sublevado franquista aquí, emitido en Burgos, enlace al también oficial boletín “Gaceta de la República” aquí, emitido en Valencia.

Y, para seguir más aún poniéndonos en situación, veamos otros altísimos jerarcas alemanes nazis, dentro de la larguísima lista de alemanes de la época nazi condecorados, como el   “Director general de la sección exterior del Partido Nazi” en el BOE de 21 de octubre de 1940,

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y tantos fascistas italianos que también podemos encontrar en análoga situación, incluyendo al propio Conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores, y yerno, de Mussolini, en julio de 1939

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y al ministro secretario general del partido fascista italiano en junio de 1940.

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Para la condecoración se utilizaron indistintamente dos nombres, la “Gran Orden Imperial de las Flechas  Rojas” y la “Orden Imperial del Yugo y las Flechas”, hasta que pasó a tener solo este último nombre por decreto de 1943.

Antes de terminar la guerra civil la condecoración se otorgó, por ejemplo, y entre otras personas españoles y extranjeras, y ya después de la llamada Anschluss, nada menos que a dos altísimos jerarcas nazis criminales de guerra condenados en los juicios de Nuremberg

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  • Hermann Goering, “General Feldmariscal del Reich Alemán, Presidente  del  Consejo  de  Ministros  de  Prusia”, en 18 de julio de 1938, BOE aquí7
  • Rudolf Hess, “Ministro del  Reich, Lugarteniente  del  Führer”, en 1 de octubre de 1938, BOE aquí,

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Y de las condecoraciones posteriores al fin de la guerra civil voy a citar solo dos.

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  • Himmler. El Boletín Oficial del Estado nº 139 de 19 de abril de 1939 contiene la concesión de la misma condecoración a Himmler, “Reichführer   S.  Jefe  de  la  Policía  alemana”, es decir, al jefe de las SS y de la Gestapo y creador los campos de exterminio, “en atención a los méritos que concurren”, por decreto de 19 de mayo de 1939; enlace al sumario del BOE de ese día aquí y enlace a la página concreta del BOE aquí.

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  • Von Ribbentrop. El Boletín Oficial del Estado nº 163 de 11 de junio de 1940 contiene la concesión de la misma condecoración a Von Ribbentrop, “Ministro de Asuntos Exteriores del Reich”  por decreto de 28 de mayo de 1940, enlace a sumario el BOE de ese día aquí y enlace a la página del BOE aquí; ya con el nombre de Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

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Y, por cierto, al mismo Von Ribbentrop, criminal de guerra condenado a muerte en los juicios de Nuremberg, “Su Excelencia el Ministro de Negocios Extranjeros del Imperio Alemán”, también se le condecoró tras la guerra civil con otra alta condecoración, el Collar de la Orden de Isabel la Católica, por decreto de 19 de mayo de 1939, BOE de 25 de mayo de 1939, enlace aquí.

Cuando se concedieron estas condecoraciones a criminales de guerra nazis no había más que un boletín oficial, pues la guerra civil española había acabado, oficialmente, el día 1 de abril de 1939. Es decir, por ejemplo, que el boletín nº 139 que concedió esa importante condecoración a Himmler es, sin solución de continuidad, el mismo boletín que emitía el bando sublevado, que había pasado a emitir oficialmente el Estado. Aquí enlace al Boletín Oficial de Estado nº 90 de 30 de marzo de 1939, aquí el nº 91 de 1 de abril de 1939 y aquí el nº 92 de 2 de abril de 1939; el formato es el mismo y la numeración, consecutiva.

No se trata pues de que el bando sublevado franquista o, como se desprende de estos boletines oficiales, fascista, haya concedido una condecoración; la concedió el Estado español, en lo que respecta a Himmler, Hess y Von Ribbentrop.  Y una condecoración que el Estado español siguió concediendo habitualmente hasta 1975 a numerosos españoles y extranjeros, de todo tipo, con el pequeño cambio de nombre en 1943, cuando se dictó el reglamento.

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Se concedió también a Luis Carrero Blanco, y no sé si hacer un chiste al respecto, y a Adolfo Suárez, en julio de 1975. Los  últimos BOE que he localizado  son de 30 septiembre 1975, dos meses antes de la muerte de Franco, sin que figure norma de derogación de esa orden. Si mi búsqueda es correcta, está en desuso esa orden, pero no derogada.

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Y en cuanto a la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, proviene desde el siglo XIX y se sigue concediendo hoy.

He de decir que, siendo lectora habitual de Historia, me impresiona ver en el BOE condecorados a Hitler, Goering, Himmler, Von Ribbentrop, Hess, criminales nazis condenados en los juicios de Nuremberg o muertos antes, y responsables de horribles crímenes. Y tras el impacto de ver tanto criminal nazi en el BOE, y no como condenado sino como condecorado, quizá sea bueno que reflexionemos un poco.

Si existe un ejemplo del Mal Absoluto, ese es el nazismo; indiscutible, supongo, para cualquier persona mínimamente razonable e informada. Y el nazismo figura en nuestro Boletín Oficial condecorado oficialmente.

Distingamos dos casos:

  • Los casos en los que UN BANDO de los dos que luchaban entre sí en una guerra civil fruto de una rebelión militar precisamente del bando que otorgó lo que consideraba la máxima consideración, por mucho que se considerara a sí mismo más que un bando
  • Y los casos en que, ya acabada la guerra civil, UN ESTADO otorgó lo que ya su propia normativa como tal Estado, consideraba su máxima distinción. Porque a partir del fin de la guerra ya no era UN BANDO sublevado quien otorgó esa condecoración, sino que fue EL ESTADO quien otorgo esa condecoración, la misma condecoración que fue otorgada a centenares de personas desde los años 40 del siglo XX hasta 1975, las últimas poco antes de la muerte de Franco.

Los archivos históricos no pueden suprimirse, ni es bueno que se supriman, como tampoco puede suprimirse la Historia. Y el BOE, entre otras cosas, es también un archivo histórico, importantísimo, que debe conservarse íntegro. Y la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como Ley de Memoria Histórica, establece el principio de conservación y protección de documentos relativos a la guerra civil y la dictadura.

Así que guste o no guste, ahí está para la Historia que, primero como bando sublevado y luego inequívocamente, como Estado, en España se condecoró oficialmente a criminales nazis, en época de guerra civil y Segunda Guerra Mundial. Porque esto no es una mera declaración municipal de hijo adoptivo o hijo predilecto y tal, sino mucho más, y por eso se publica en el BOE.

Y en el mismo Boletín Oficial no figura ninguna de las siguientes dos cosas, salvo error:

  • La disolución de esa “Orden Imperial”, que por tanto sigue vigente como lo que en 1943 se estableció la máxima condecoración, y no ha sido tampoco expresa, ni diría que tácitamente, derogada por la Ley 52/2007, conocida como “Ley de Memoria Histórica”, enlace aquí,
  • Una resolución del tipo que sea de retirada de esas medallas a esos asesinos de masas.

Podríamos debatir durante años sobre si conforme al artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, Ley de Memoria Histórica, hay que suprimir honores conferidos con carácter puramente honorífico a personajes históricos, y hace siete u ocho décadas. En el entendido de que, por supuesto, no es lo mismo acto procedente de una corporación local que de un Jefe del Estado, podría ser interesante tener en cuenta, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, de 31 de mayo de 2012, enlace aquí, dictada en recurso interpuesto en relación con un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 2009 sobre retirada de determinados Honores y Distinciones concedidos a Franco. Resumiendo: irrecurrible el acuerdo de retirada de esos honores, por no ser en realidad más que un acto político. Difícil no acordarse de las proposiciones no de ley de las Cortes, tan mediáticas y tan vacías de toda eficacia jurídica. Transcribo:

los actos por los cuales se reconocieron en su momento al Sr. Franco Bahamonde los honores y distinciones antes mencionados surtieron plenos efectos jurídicos, sin duda alguna. Ahora bien, una vez fallecida la persona destinataria de de dichos reconocimientos honoríficos, concedidos en atención a los méritos y circunstancias concurrentes que motivaron su reconocimiento, los honores y distinciones otorgados quedaron extinguidos, dado el carácter vitalicio de los mismos. Esto es, desplegaron toda su eficacia jurídica durante la vida del Sr. Franco Bahamonte y fallecido éste cesaron sus efectos jurídicos. Por tanto, la revocación o retirada de dichos honores y distinciones por el acto impugnado, aun en cumplimiento formal de un mandato legal, carece de eficacia práctica alguna, o dicho en otros términos, no produce efectos jurídicos vinculantes ni para su destinatario ni para terceros, al quedar extinguidos con su fallecimiento dado su carácter vitalicio y personalísimo. Nos hallamos, así pues, ante una declaración de intenciones institucional de evidente vocación política, aprobando una proposición de un grupo político municipal, sin la vocación y los requisitos mínimos exigibles para ser considerado jurídicamente un acto administrativo, en tanto en cuanto carece de fuerza de obligar, por lo que no existe ningún bien jurídico que tutelar. El acuerdo impugnado se produce como consecuencia del debate político propiciado y auspiciado por el artículo 15.1 de la ya citada Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Se limita a expresar una opinión política como manifestación de la voluntad concorde de los miembros de la Corporación y, por tanto de los vecinos representados, en el ejercicio del derecho de participación y libertad de pensamiento de los arts. 23.1 y 20.1 .a) de la Constitución , carente del contenido administrativo mínimo que la haría residenciable ante esta jurisdicción, como nos dice la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2008 .”

¿Estamos, pues, en el ámbito de lo político y no de lo jurídico, y por tanto por un lado en lo no exigible jurídicamente y por otro en lo no susceptible de control? Probablemente; pero eso ya lo dirán los expertos. Por mi parte, en mi ignorancia, cuando se está planteando condenar penalmente por tuits de humillación a las víctimas del Holocausto, me pregunto qué mayor humillación que saber que el Estado español mantiene su condecoración a los nazis, cuando sería impensable en España una calle dedicada al jefe de la Gestapo, y no digamos a Hitler o a Mussolini. Las condecoraciones suelen entenderse en Derecho Premial como la contrapartida de las condenas penales; y es el Estado el que considera que si hay cosas que deben ser sancionables, otras deben ser premiables. Y si en Derecho Premial es posible imponer condecoraciones a fallecidos, a título póstumo, no entiendo muy bien por qué no va a serlo quitarlas.

Es posible que a usted no le produzca repugnancia moral encontrarse con los nazis en el BOE, o lo considere mera Historia. A mí me dio náuseas cuando, buscando una norma que nada tenía que ver, topé con ello por casualidad, y más cuando busqué la revocación y no la encontré; y pienso que, quizá, dentro de cien años, alguien leará el BOE, como yo leo los boletines oficiales de hace uno y dos siglos, y encontrará por casualidad la concesión de las condecoraciones, y no su revocación y también sentirá náuseas por haber tenido antepasados como nosotros, que dejaron eso ahí como si diera igual. Pero si en tantos años de Ley de Memoria Histórica ningún Gobierno, ni el que la promovió, ha tomado medidas al respecto, será que no resulta razonable adoptarlas o es difícil hacerlo o hay otras prioridades, y no seré yo quien lo discuta; y lo digo en serio.

Así que pensemos en la Historia como maestra de la vida de Cicerón, o en palabras de Cervantes en El Quijote, Primera parte, Capítulo IX, en “la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir“.

Y pensando en el porvenir puede ser bueno intentar sacar enseñanza de esto tan ingrato.

En España no existe con carácter general un sistema reglado que permita con un mínimo de fiabilidad que las condecoraciones oficiales se concedan a quienes de verdad las merezcan por ejemplaridad pública entendida por razonable consenso social; o, por plantearlo en otros términos, no existe establecido, sobre el fondo, un control judicial digno de tal nombre. Repiten expertos en Derecho Premial la necesidad de reforma profunda del sistema de premios en España. Basta con leer la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 11 de noviembre de 2015, refiriéndose a la concesión de medallas en casos en que no está reglado:

“En  efecto,  nos  encontramos  ante  el  ejercicio  de  una  potestad  discrecional,  sin  que  pueda  apreciarse irracionalidad o arbitrariedad de la Administración, y ello porque nos encontramos ante una típica acción de fomento, en la que se ejercita una potestad dotada de la máxima discrecionalidad, una función de recompensa frente acciones dignas de emulación, acciones no determinables de forma apriorística, y no es en principio revisable el ejercicio de tal potestad, salvo que se vulneren algunos de los elementos fiscalizables en toda potestad discrecional, como pudieran ser el fin para el que la misma se otorgó, el procedimiento seguido, el órgano que ejerció la potestad, o la vulneración de los principios generales del derecho.”

¿Quién define lo ejemplar en una sociedad? ¿El Gobierno? ¿El rey exento de control, si tiramos de artículo 62 de la Constitución, en tanto que dispone de la posibilidad de concesión de honores y distinciones con arreglo a la ley y con refrendo? Desconcierta leer la extraña y heterogénea lista de condecorados de la Orden de Isabel  la Católica estando la vigente la Constitución, antes y después de la reforma de 1998. Un año después de la Constitución, el dictador guineano Obiang fue condecorado con el Collar de la Orden de Isabel la Católica, y es larga la lista de condecoradas solo por ser esposas de un dignatario extranjero.

Cuando no hay un consenso sobre qué es lo ejemplar, y eso sucede en sociedades en crisis, como la nuestra, quizá hay que llegar a la conclusión de que lo mejor es dejar de dar medallas que crean conflictos innecesarios y confusión.

Otra posibilidad sería suprimir una discrecionalidad que resulta tan difícil distinguir de la arbitrariedad prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución -como, en cualquier caso, suele resultar razonable en un Estado de Derecho-, o reducirla al mínimo.

Porque legalmente, ¿qué impediría conceder de nuevo una medalla a un nazi genocida, si nada ha impedido darla, tras la Constitución, a un dictador como Obiang?

Claro que eso de controlar legalmente la discrecionalidad no interesa a nadie. Mucho más sencillo dejar las leyes como están en cuanto a concesión de premios y honores discrecionales, para poder usar esa discrecionalidad cuando toque estar en el Poder, y limitarse a reprochar acerbamente al oponente político que esté en el Poder en ese momento que ha escogido mal a los condecorados por su -a juicio de la oposición- inexistente o discutible ejemplaridad.

Y es que esto de los honores es como lo de los indultos y las concesiones de nacionalidad por carta de naturaleza; nadie quiere en serio cambiar la discrecionalidad por un sistema reglado y seriamente susceptible de control jurisdiccional, para así reservarse poder hacer lo que interese cuando toque el turno.

Verónica del Carpio Fiestas

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Sentencia Cassandra, sentencia de chiste

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia contra una persona por trece tuits sobre el asesinato, en 1973, de Carrero Blanco; el texto completo está accesible en la base de datos oficial aquí y en él se pueden consultar, porque están transcritos, los tuits, y aquí nota de prensa oficial. Un año de prisión es lo dictado, más inhabilitación. Observaciones:

  • La Audiencia Nacional no ha planteado cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como podría haber hecho de haberle suscitado dudas de inconstitucionalidad el tipo penal que, de aplicarse, daba lugar a la condena. Luego no le ha suscitado dudas de constitucionalidad, bien porque a los ilustres magistrados de la Audiencia Nacional les parece constitucional condenar a un año de prisión por trece tuits de estúpidos e insignificantes chistes análogos a los que oía a niños en mi infancia, o bien porque consideran que el tema de la constitucionalidad no merece ni reflexión siquiera o bien porque entienden que el tema ya está resuelto indirectamente por el Tribunal Constitucional en su sentencia 112/2016 o donde sea y que no merece la pena ni planteárselo. No sé cuál de las tres posibilidades me parece más preocupante.
  • Me pregunto cuántos de los magistrados que se están dedicando a condenar penalmente por tuits tienen una cuenta de Twitter, han entrado en Twitter o han recibido formación específica sobre redes sociales. Porque lo que de un tiempo a esta parte estoy leyendo en sentencias sobre redes sociales me obliga a pensar que sus conocimientos del tema son escasísimos. Y si mi intuición es correcta, ¿en serio es admisible o razonable que sea así?
  • Hablemos de dinero. ¿Cuánto está costando todo esto al erario público? No me refiero ya solo al esfuerzo laboral e institucional de nada menos que la Audiencia Nacional, incluyendo los magistrados y los correspondientes funcionarios, más todos los funcionarios que tuvieron que testificar en el juicio, más lo que cueste que intervenga el Tribunal Supremo en el recurso. La lectura de la sentencia es espeluznante: hay todo un equipo de la Guardia Civil que se ha dedicado al rastreo de redes sociales, a la constatación técnica con medios tecnológicos de los tuits y al análisis de un teléfono móvil, por trece tuits emitidos a lo largo de tres años, y rastreando entre 92.000 tuits. No creo que sea preciso recordar el calamitoso estado de la Justicia en España en cuanto a escasez de medios personales y materiales, que afecta tanto a la tutela judicial efectiva de los justiciables como a la independencia judicial de los jueces, y que da lugar a pleitos de todo tipo señalados ad calendas graecas, incluyendo por la falta de medios conexa de la  Policía y la Guardia Civil. O al parecer sí es preciso señalarlo, porque no veo que se ponga de manifiesto en los medios de comunicación cómo es posible que para esto sí haya dinero, que unos tuits hasta del año 2016  sean juzgados en 2017. ¿Cuáles son las prioridades en España y quién las decide? ¿Es una prioridad dedicar ingentes recursos a perseguir penalmente tuits, cuando los recursos disponibles no son ingentes, sino escasísimos? ¿Por qué?
  • La norma penal aplicada puede ser constitucional o inconstitucional, y si es constitucional puede ser o no contraria al Convenio que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adonde previsiblemente llegará este tema si el sentido común no lo remedia solucionándolo antes. Pero incluso si es constitucional ello no significa ni que sea justa ni que sea conveniente, es decir, que deba existir en esos términos, y no debe confundirse la constitucionalidad con la justicia ni con la conveniencia. No voy a entrar ni en justicia ni en constitucionalidad, pero sí en conveniencia. ¿Es conveniente que exista un tipo penal planteado en los actuales términos que provocan estos resultados y una organización judicial tan desequilibrada que dé lugar a que se gasten ingentes recursos públicos en perseguir penalmente, y con toda diligencia, chistes sobre vuelos de Carrero Blanco, en un país con tal crónica penuria de medios en Justicia que esa penuria causa de forma cotidiana perjuicios a los justiciables? Y si hay algo, o mucho, que cambiar,  tanto de tipo penal como de medios de la Justicia y distribución de medios y prioridades, las normas, señoras y señores parlamentarios, no se cambian por declaraciones en prensa ni por proposiciones no de ley que son meros brindis al sol como ustedes saben perfectamente, y hasta ahora solo he visto en este tema declaraciones y proposiciones no de ley. Las normas, señoras y señores parlamentarios de la oposición, se reforman por proposiciones de ley. Es ridículo que quien puede presentar proposiciones de ley para cambiar leyes convierta las Cortes en un plató de televisión, o un pretexto para hacer tuits engañosos que transmiten a ingenuos y desinformados que se hace algo cuando no se hace nada, mediante el sistema de plantear proposiciones no de ley carentes absolutamente de todo efecto jurídico. Señoras y señores parlamentarios de la oposición, no solo no podemos permitirnos el ridículo internacional y el peligro real de pérdida de libertades que ocasionan tipos penales así, sino tampoco el otro peligro y ridículo cotidiano, en este tema y en innumerables, de querer transmitir al electorado que es responsabilidad del Gobierno cambiar lo que solo pueden cambiar las Cortes.
  • La sentencia difundida en la base de datos oficial de jurisprudencia CENDOJ no habla del almirante Carrero Blanco, sino de Felicísimo, y no es una broma, al menos mía. Hasta los tuits que se transcriben en el texto de esta sentencia difundido por CENDOJ se refieren a Felicísimo. El sistema de anonimización de sentencias que se usa desde hace años da resultados no solo absurdos y hasta cómicos, como es el caso, sino gravemente desvirtuadores de la función de jurisprudencia como fuente secundaria de Derecho, y este es un ejemplo. Es evidente que un análisis jurisprudencial de la sentencia de la Audiencia Nacional, y de la futura sentencia del Tribunal Supremo, no puede prescindir del dato absolutamente básico de que se están enjuiciando unos tuits sobre el almirante Carrero Blanco, figura histórica, y no sobre un inexistente almirante Felicísimo, ni tampoco es aceptable que el buscador de la base de datos jurisprudencial elimine así un dato esencial para la búsqueda. Urge modificar la normativa del CENDOJ porque es inaceptable que las sentencias sean inencontrables, inidentificables e incomprensibles, como si por vía de normas de ínfimo rango se suprimieran tanto la Historia como la jurisprudencia como fuente secundaria de Derecho, que en tanto que tal ha de estar accesible y ser susceptible de análisis con todos los datos indispensables para ese análisis.

Las anteriores observaciones no tienen absolutamente nada que ver con un dato: que no me gusta nada el estilo de tuiteo de quienes tuitean como las personas que han sido encausadas en la Audiencia Nacional en este caso y en otros, y me molesta que tuiteros así sean convertidos en adalides de la libertad de expresión. Y es que debe de ser muy difícil de entender que una cosa es que no sea razonable perseguir penalmente a quienes dicen idioteces y otra muy distinta que  quienes dicen idioteces tengan que convertirse en un modelo para nadie, o que sean gratos y aconsejables esos estilos de tuiteo.

Ah, y la libertad de expresión por supuesto que obliga a pensar antes de tuitear, exactamente igual que obliga a pensar antes de hablar hasta hablando en una cafetería entre amigos. Faltaría más.

Verónica del Carpio Fiestas

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Doce hombres y cero mujeres sin piedad

Puede usted ver la obra de teatro y película y película de televisión “Doce hombre sin piedad” como lo que suele venderse: como un análisis práctico del principio de presunción de inocencia, del in dubio pro reo y de la lógica judicial penal de la absolución en caso de duda razonable, además de sobre el funcionamiento de la institución del jurado.

Si lo ve usted así, tendrá razón. Es un punto de vista muy jurídico.

Pero puede ver usted también otra cosa. Puede fijarse usted, por ejemplo, en los nombres y los rostros de los doce actores que interpretan a los jurados en la película de 1957, dirigida por Sidney Lumet.

O, más sencillamente, puede usted mirar esta foto:

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O esta otra foto:

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Es la foto del jurado. Los doce hombres sin piedad, o los “Twelve Angry Men” en el título original en inglés. La primera una imagen de la película de Sidney Lumet; la segunda de la obra de teatro producida por RTVE en el famoso “Estudio 1“, en 1973, enlace a la obra de televisión aquí.

Según informa internet, en la época del guion para televisión original, 1954, de Reginald Rose, las mujeres no formaban parte de jurados en EEUU dado el sesgado procedimiento de designación.

¿Cuántas veces ha visto usted “Doce hombres sin piedad“, en cine, en televisión?

¿Cuántas veces, si es usted jurista, le han explicado esta película en esos ciclos de cine jurídico en los  que esta película figura siempre, porque es un clásico del cine jurídico que aparece en todas las listas?

¿Y cuántas veces ha visto usted con los ojos del cerebro que no hay mujeres, o ha pensado usted en por qué no hay mujeres o cuántas veces, si le han explicado esta película en un ciclo de cine jurídico, han resaltado los comentaristas jurídicos que no es casualidad que todos los actores sean varones en una película que hace referencia a una importantísima institución jurídica del ámbito judicial?

¿Cuántas veces le han dicho que son doce hombres y cero mujeres sin piedad?

¿Se lo han dicho una vez o ninguna?

Porque yo tengo aquí delante varios comentarios de cinéfilos jurídicos, que prefiero no citar, y, oh, sorpresa, ninguno menciona esa circunstancia.

La desigualdad más visible es invisible.

Incluso para juristas que se supone que tienen que tener interiorizado el artículo 14 de la Constitución con el principio de no discriminación por razón de sexo que, por cierto, no es de anteayer, puesto que la Constitución es de 1978, hace ya casi cuarenta años. Y, además, ese principio no surge de la nada porque hasta las ridículas leyes franquistas recogían como teoría legislativa de gran teoría y vacío detalle normativo y vacía práctica la igualdad en una ley de 1961 que por supuesto no dio lugar a igualdad alguna.

Después de ver esas fotos y esas películas y esas listas de nombres, ¿sigue usted pensando que la palabra “hombres” incluye a hombres y mujeres?

¿Que el plural “hombres” incluye a hombres y mujeres?

¿Que es irrelevante resaltar que “hombres” puede significar y en efecto significa “cero mujeres”?

¿Incluso cuando nadie le ha explicado que si en una clásica película de juicios que se llama “Doce hombres sin piedad” salen cero mujeres es porque había cero mujeres en los ámbitos judiciales?

¿O piensa también que esto es de una absoluta desigualdad invisible es algo muy antiguo y que ya está más que superado y que ya las instituciones jurídicas del ámbito judicial parten de la igualdad y la aplican y esas mismas instituciones están sin duda formadas en el mismo porcentaje de hombres y mujeres que hay en la vida de los profesionales del Derecho, campo donde hace mucho que hay un porcentaje igual de hombres y mujeres, e incluso superior de mujeres en diversos ámbitos?

Pues si piensa eso, mire estas imágenes:

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Son los cuatro últimos nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, por el Senado, en renovación de nada menos que un tercio de los componentes del Tribunal Constitucional. No creo que sea indispensable resaltar la importancia de estos nombramientos, que afectan a un tercio de un Tribunal Constitucional que ha de decidir sobre la vida jurídica de España en los próximos años, en temas que abarcan desde el control del Gobierno en reales decretos-leyes y la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario a la situación de Cataluña, pasando por el aborto. Si quien esto lea no es consciente de esa importancia, le sugiero que reflexione sobre si sus medios de información habituales son los más idóneos, porque su despiste, lamento decirlo, es evidente.

Y a continuación la imagen con la lista de nombres de los magistrados del  Tribunal Constitucional, en 2017. El resultado final es el siguiente: doce personas, de los cuales diez son varones y dos son mujeres. La imagen y la foto están obtenidas de la web oficial del Tribunal Constitucional. En una renovación efectuada en el primer trimestre del año 2017, no en 1954 o en 1973, se ha considerado por la Cámara de las Cortes Generales que tenía esta vez que nombrar, o sea, el Senado, que basta con nombrar a una sola mujer de cuatro magistrados.

O sea, que seguimos en dos mujeres de doce personas en el Tribunal Constitucional en el año 2017, como antes de la renovación de 2017.

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De sesenta y cuatro magistrados  designados en total desde que empezó esa institución en 1980, incluyendo esta última renovación de 2017, seis mujeres; enlace a datos aquí. Y en la última renovación, con designados que han tomado posesión hace unos días, solo se ha considerado oportuno nombrar a una  mujer, de cuatro magistrados.

Quizá le interese saber, por cierto, que ni una sola mujer ha nombrado aún España para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; aún, en 2017.

Pero, claro, no es importante. Lo importante es que los nombrados sean los mejores, ¿no?

Sorprende un poco, eso sí, que los mejores sean siempre o casi siempre hombres, en 2017. Hombres en el sentido de “varones”.

Y quién va a dudar que nuestro fantástico Tribunal Constitucional, cuyo maravilloso funcionamiento, su seriedad y su independencia son públicos y notorios, está y ha estado siempre compuesto por los mejores y más independientes juristas de España.

¿O no?

Por cierto, los otros dos nombres que aparecen en el BOE en los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional son también de varones: el Sr. Rajoy y el rey Felipe de Borbón. Estamos en 2017, y en casi 40 años de democracia absolutamente todos los presidentes del Gobierno han sido varones y el rey que firma está ahí porque pertenece a una concreta familia y porque, además, nació varón.

Pero lo de “Doce hombre sin piedad” en el que “hombres” significa “cero mujeres” es solo una película muy antigua.

¿O no?

Verónica del Carpio Fiestas

Post scriptum. Tuit:  https://twitter.com/medeapoma/status/843462442457939968

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Volvemos al matrimonio forzoso: la espeluznante sentencia BABIARZ v. POLONIA del TEDH

En España no existe en la Constitución un derecho explícito a divorciarse. Recordemos lo que sobre el matrimonio dispone el artículo 32 de la Constitución, dentro del Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, Capítulo segundo. “Derechos y libertades”, Sección 2.ª “De los derechos y deberes de los ciudadanos”:

Artículo 32

  1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
  2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

La palabra “divorcio” no figura en nuestra Constitución, y las causas de “disolución”, concepto que puede abarcar, en sentido amplio, hasta la mera nulidad, las remite la Constitución a su regulación por ley, en los términos que el legislador ordinario considere oportunos.

Cotejemos con el párrafo primero del artículo 43 de la Constitución de la Segunda República, en el Título II, “Derechos y deberes de los españoles“, dentro del capítulo II, que tenía el curioso título-batiburrillo “Familia, economía y cultura“:

Artículo 43.

La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.

En la Constitución de 1931 la palabra “divorcio” tampoco aparecía (no quiero entrar en la cuestión histórica de cómo históricamente “divorcio”, antes, podía ser equivalente a lo que hoy sería separación, no a extinción del vínculo) pero al menos se regulaba que el mero deseo de los dos cónyuges permitía el divorcio, y la petición de cualquiera de los dos cónyuges “con justa causa”, aunque qué fuera exactamente esa “justa causa” quedaba a regulación legal.

Pero en la actual Constitución de 1978 directamente queda todo en manos del legislador ordinario, para que lo regule sin límites como lo considere oportuno.

¿Y qué sucedería si, por hipótesis, el legislador ordinario español considerara oportuno regular el divorcio de forma que fuera prácticamente imposible el divorcio? Pues sucedería algo grave que obliga a pensar que, si alguna vez nos decidimos a abrir el melón constitucional, habrá que aprovechar y constitucionalizar el derecho a divorciarse. Porque hace muchos años que en España se da por sentado, diría yo, que da un poco igual que la Constitución y el Tribunal Constitucional se queden cotidianamente muy cortos, porque para algo están los Tribunales internacionales -y ahí están las ejecuciones hipotecarias, que solo el TJUE ha conseguido meter en vereda-, pero en la materia concreta de divorcio el Tribunal Europeo de Derecho Humanos falla, en el doble sentido de que se ha pronunciado sobre un matrimonio prácticamente indisoluble, y en sentido vulgar del término de que se ha equivocado gravemente.

El ius connubii o derecho a contraer matrimonio, que abarca, por ejemplo, facetas tales como el derecho a no contraer matrimonio forzoso, resulta que no abarca el derecho a divorciarse ni por tanto, a casarse de nuevo, nos dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Existe pues, legalmente, una nueva-vieja forma de matrimonio forzoso: el matrimonio que se contrae libremente pero se mantiene forzosamente porque el Estado impone que se mantenga. Una lamentable sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con dos votos particulares discrepantes, cuyo texto completo en inglés está disponible en este enlace, y de la que hay un comentario en inglés aquí, así lo viene a decir. El caso se refiere a Polonia: un señor que llevaba años conviviendo con otra mujer distinta de su esposa oficial, como familia de facto, e incluso con una hija de esa relación extramatrimonial o -por usar la terminología tradicional ya superada hace tantos años pero que parece más a tono con el arcaico tufillo a matrimonio indisoluble-, adulterina, resulta que no puede divorciarse si su esposa no quiere, y eso lo recoge una ley de un país de la Unión Europea y eso al TEDH le parece bien.

Obligar a seguir casado, dice el TEDH, no contradice los artículos 8 y 12 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), es decir:

Artículo 8.-  Derecho al respeto a la vida privada y familiar.

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
  2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Artículo 12. Derecho a contraer matrimonio

A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.

Obsérvese, por cierto, que la edad núbil ha sido, desde siempre, un concepto jurídico indeterminado, o tipo bucle jurídico: se está en edad núbil sencillamente cuando se está en edad núbil, y es el Derecho de cada país el que define cuándo se está en edad núbil, hasta el punto de que edad núbil eran los doce años en lo que históricamente es un suspiro, y catorce años jurídicamente anteayer, o sea, más o menos hacer coincidir la edad núbil con la pubertad.

Las circunstancias del caso Babiarz contra Polonia (CASE OF BABIARZ v. POLAND), sentencia de TEDH de 10 de enero de 2017, se resumen en que a un señor de Polonia que tenía hacía años otra familia extramatrimonial de hecho y que deseaba divorciarse, el Estado polaco no le dejó divorciarse porque la esposa engañada, “parte inocente”, se negó a divorciarse y -no consta por qué-, decía que estaba dispuesta a reconciliarse, y eso fue motivo suficiente para denegar el divorcio, puesto que según el Estado polaco no es contrario a razonables principios de convivencia social negar el divorcio a quien lo solicita si la “parte inocente” demandada así lo desea. Transcribo las circunstancias del caso en la sentencia:

THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5. The applicant was born in 1971 and lives in Dębowa Kłoda.

6. In 1997 the applicant married R. In 2004 R. underwent infertility treatment so she could conceive a child with him.

7. In autumn 2004 the applicant met A.H. In January 2005 he moved out of the flat he had lived in with R.

8. On 31 October 2005 A.H. gave birth to their daughter, M.

9. On 25 September 2006 the applicant filed a petition for divorce. At first he requested a no-fault divorce. In his petition the applicant referred to various marital misunderstandings and quarrels for which he blamed the respondent. He admitted that he had moved out of the matrimonial home, but did not mention his involvement with a new partner.

10. At a hearing held on 15 November 2006 the applicant refused to undergo the mediation process provided for by divorce law. R. did not agree to a divorce, declared that she loved the applicant and asked the court to dismiss the divorce petition.

11. Subsequently, the applicant requested a divorce on fault‑based grounds.

12. During the proceedings thirteen witnesses were heard. Most of them were of the opinion that the marriage seemed happy until autumn 2004. Only the applicant’s mother, his two colleagues and his cousin recalled minor arguments between the spouses.

13. During the final hearing on 9 February 2009 the respondent reiterated her refusal to divorce.

14. On 17 February 2009 the Lublin Regional Court refused to grant the divorce to the applicant. The court held that he was the only person responsible for the breakdown of his marriage because he had failed to respect the obligation of fidelity. The court did not find it credible that problems had already begun within the first year of the marriage. It observed that until 2004 the applicant had not wanted children. In that year he had changed his mind. For that reason R. had undergone surgery, the operation having taken place in August 2004.

15. The marital situation had subsequently changed when the applicant had met A.H. He had no longer wished to have a child with his wife. The court noted contradictions between the testimony given by the applicant, who had referred to the alleged serious problems in marital life prior to 2004 on the one hand, and the decision to treat R.’s infertility in summer 2004 on the other. The respondent had been shocked by the applicant’s unfaithfulness and had been treated for depression since autumn 2004.

16. The court acknowledged that there had indeed been “a complete and irretrievable marriage breakdown” within the meaning of Article 56 § 1 of the Family and Guardianship Code. Reconciliation was unlikely as the applicant had consistently rejected all attempts made by R. to reconcile their differences. Moreover, he had been in a relationship with A.H. for almost four years and had a child with her.

17. The court emphasised that under Article 56 § 3 of the Family and Guardianship Code, a divorce could not be granted if it had been requested by the party whose fault it was that the marriage had broken down, if the other party refused to consent and the refusal of the innocent party was not “contrary to the reasonable principles of social coexistence” (zasady współżycia społecznego) within the meaning of Article 5 of the Civil Code.

18. The court considered that R.’s refusal to divorce should be presumed to be compatible with those universally accepted principles. It referred to the case-law of the Supreme Court to the effect that a refusal of consent to a divorce was to be presumed to be compliant with those principles unless there were case-specific indications to the contrary. There was no indication that when refusing to give her consent R. had acted out of hatred, was motivated by vengeance, or simply wanted to vex the applicant. The court emphasised that she had repeatedly stated during the proceedings that she was ready to reconcile with him despite the fact that he had a child with another woman.

19. The court stressed that the duration of the applicant’s new relationship could not by itself be considered to be a sufficient reason for granting the divorce.

20. The applicant appealed against the judgment. He argued, inter alia, that the court had erred in holding that a spouse’s refusal to consent to a divorce could be disregarded only when it was of an abusive nature or was dictated by hostility towards the spouse seeking the divorce. The court should have examined the negative social consequences caused by continuing the formal existence of failed marriages. In his case, it had failed to do so.

21. On 16 June 2009 the Lublin Court of Appeal dismissed the applicant’s appeal.

22. The applicant did not request to be served with the written grounds for the appellate judgment. The grounds were therefore not prepared.

23. The judgment was final, a cassation appeal against a divorce judgment not being available in law.

Dejo aparte los tecnicismos procesales y me voy a la esencia de la decisión del TEDH: que  ni al amparo del artículo 8 del Convenio ni del artículo 12 puede conseguir divorciarse el demandante, es decir, que no puede divorciarse.

Que haya dos votos particulares, del juez Sajó y del juez Pinto de Albuquerque, solo abunda en que en efecto esto es más que discutible, pero no tiene sentido entrar en el análisis de los votos particulares cuando lo que se impone es la decisión de la mayoría y no existe  ningún tribunal por encima del TEDH. Quien quiera leer los textos completos de los votos particulares, en el enlace figuran; son muy extensos. Solo voy a resaltar esto, del voto particular del juez Pinto de Albuquerque:

“13. Article 12 of the Convention does not protect the right to terminate a marriage on demand. The travaux preparatoires are explicit about this[36].

Sí en cambo garantiza que quien esté divorciado pueda volver  casarse:

“14. Nevertheless, if national law allows for divorce, Article 12 secures for divorced persons the right to remarry. In this case, restrictions to the right to remarry must be lawful and proportionate. In F. v. Switzerland, the Court concluded that a three-year prohibition on remarriage, applied as a penalty for the guilty spouse with sole responsibility for the breakdown of the marriage, affected the very essence of the right to remarry and was therefore disproportionate to the legitimate aim pursued[39].

Obsérvese el detalle, ese “if” condicional: “SI la legislación nacional permite el divorcio“.

O sea, que puede no permitirlo.

O sea, que hasta quien discrepa de la decisión mayoritaria tiene claro que la Convención Europea de Derechos Humanos no garantiza el derecho a divorciarse.

O sea, que solo tenemos la legislación nacional para garantizar el divorcio.

Y nuestra legislación española no contiene más que una regulación por ley ordinaria, porque la Constitución española no contiene derecho alguno al divorcio.

Y si mañana volviéramos al divorcio causal, ese que existía antes de la normativa vigente, o incluso si se condicionara el divorcio al consentimiento de uno de los cónyuges, o, no quiero ni imaginarlo, si el divorcio dejara de existir, no solo no tendríamos protección constitucional frente a ese matrimonio forzoso hoy socialmente inadmisible sino que tampoco dispondríamos de la protección del TEDH.

Obligar a casarse se considera tan jurídicamente inadmisible que está incluso sancionado por las normas penales, en el llamado matrimonio forzado, en el Código Penal:

Artículo 172 bis.

1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo.

3. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad.

Sin embargo, mantener forzosamente un matrimonio contraído libremente sí puede imponerse por el propio Estado, y al TEDH le parece bien.

Todo ello nos lleva a una reflexión conforme a la realidad social. ¿Sería hoy concorde con la realidad social española un matrimonio que no pudiera extinguirse si un cónyuge  no quiere? ¿Sería concorde con la realidad social española que desapareciera el sistema de divorcio-repudio,  el divorcio por voluntad unilateral? Pregunte a cualquiera por la calle qué opinaría de un matrimonio que pudiera extinguirse solo si concurrieran causas tasadas, incluyendo la voluntad de uno de los cónyuges.

Pero como ya ha dicho el TEDH que eso entra de la libertad de configuración del legislador ordinario, que eso no suceda ahora en España no quiere decir que no se PUEDA hacer en España, si tenemos en cuenta el Convenio.

¿Y una Constitución en España en el día de hoy puede razonablemente permitir un matrimonio obligatorio o indisoluble?

Creo que no debería y me parece que hay que reflexionar pensando en el largo plazo. La vida jurídica y la vida política dan muchas vueltas, y si, como hemos visto, el TEDH no protege en algo que en la realidad social española se considera tan básico, tendremos que pensar en la protección constitucional interna de España.

Y ya que el artículo 32 de la Constitución no constitucionaliza el divorcio, habrá que pensar si conviene incluirlo.

Quien lea este post puede decir que aquí se está planteando hipótesis sobre hipótesis, ya que los partidos políticos no han propuesto ninguna modificación del régimen legal actual de divorcio en España. A eso replico que hace falta perspectiva histórica, y que basta con echar un vistazo a los bandazos que ha habido en esta materia, y a los propios debates parlamentarios de cuando se aprobó la Constitución y cuando se aprobó la ley de divorcio primera en 1981 en lo que, de nuevo uso la expresión, históricamente es un suspiro, como para pensar que hay que pensar si de verdad quienes hablan de la necesidad de incluir derechos en la Constitución tales como el derecho a la transparencia o a la vivienda como jurídicamente exigibles son conscientes de lo que significa que tampoco haya un derecho constitucional a divorciarse.

Y eso cuando día sí y día también leemos en los medios de comunicación sobre el retroceso de las libertades en Europa.

Verónica del Carpio Fiestas

Agradezco al Profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno Linera la pista de esta sentencia y del comentario cuyo enlace incluyo, en su expresivo tuit de 13 de febrero de 2017.

Publicado en CASE OF BABIARZ v. POLAND, Constitución, Constitución de 1931, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Derecho de Familia, divorcio, matrimonio, matrimonio forzoso, matrimonio indisoluble, sentencia Babiarz contra Polonia, TEDH, Tribunal Europeo de Derechos Humanos | Etiquetado , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Tormentas libres

La decisión de emprender o no una lucha, y la de dejarla o no dejarla temporal o definitivamente, es individual, libre y no susceptible de reproche. La decisión de entrar o no en tormentas artificiales y tormentas en vasos de agua, y la de interpretar qué es tormenta artificial y qué tormenta en vaso de agua, también. Y ni es obligatorio expresar opinión sobre todo ni tampoco lo es tenerla y, más aún, resulta imposible con un mínimo de seriedad; y solo cada cual puede valorar hasta qué punto está cualificado para emitir opinión digna y fundada,  o callar si cree que no, o si no quiere exponerla.

Esto es obvio, creía yo; pero por lo visto no tanto. A veces se olvida que quien opina sobre todo es imposible que sobre todo sepa, y que a nadie se le puede exigir que exprese una opinión, difunda una información o se sume a una lucha o siga en ella, o se pronuncie sobre lo que sea, ni justifique por qué lo hace o no lo hace, dentro y fuera de redes sociales. Y no digamos ya con la peligrosa limitación consustancial a las redes sociales, en las que la brevedad y la descontextualización por mensajes fragmentados y simplificados ocasionan una y otra vez malentendidos innecesarios y absurdos, incluso cuando no se trata de todólogos omniscientes pluriopinantes. Twitter, dicen, es una conversación global, y eso, que en absoluto es una virtud, a veces parece como si debiera serlo, y de cobardes o mala educación intentar que no lo sea; como si fuera obligatorio saber de todo y opinar de todo y a todo contestar y sobre todo pronunciarse, como obligación autoimpuesta o susceptible de imposición, pese a que con ello se malgasten fuerzas o se difumine lo importante en lo banal o se impongan luchas que solo de decisiones libres pueden proceder.

Hace mucho que decidí que en uso de mi libertad personal me niego a que rijan mi actividad intelectual unos titulares de periódicos elegidos por no se sabe quién en función de no se sabe qué intereses. Hace mucho  que decidí también que no voy a pensar a fecha fija sobre lo que el periodista estrella de turno proponga cada vez como tema de un programa en prime time, escogido y enfocado tampoco sabemos conforme a qué criterios y posponiendo en cambio otros temas tampoco sabemos por qué, y en cadenas de radio y televisión que tienen accionistas y anunciantes a quienes contentar o buscan legítimamente audiencia o pretenden objetivos desconocidos. Hace mucho también que decidí que estoy en redes sociales para lo que estoy, que son las batallas que conforme a mi propio criterio escoja, y que nadie me puede reprochar que escoja unas y no otras, por el mismo motivo que yo tampoco puedo reprochar a nadie su actuación o su pasividad. Hace mucho que decidí que dentro y fuera de redes sociales haría todo lo posible para que los árboles artificiales no me impidieran ver los bosques reales, y que llegué a la conclusión de que las tormentas artificiales y en vasos de agua hay que evitarlas porque es tan fácil naufragar en ellas como en las tormentas en mares reales, y desgastan lo mismo pero inútilmente, y que  lanzarse a luchar en las falsas tormentas es no solo inútil sino perjudicial, y no solo para quien derrocha esfuerzos en ellas, sino para la propia eficacia de las redes sociales si queremos que sean algo más que un guirigay.

Así que mis tormentas las escojo yo, y solo yo, libremente; me equivocaré al escogerlas, y es inevitable, que soy falible, pero al menos será tras reflexión y sin imposición. Y creo que estaría bien que cada cual escogiera las suyas. Da pena ver gente que cree que puede imponer sus tormentas a otros, y también constatar cada día la manipulación para generar y fomentar tormentas falsas, incluso de buena fe, mientras tristemente siguen en calma mares que deberían estar bravíos. No hay como alejarse unos días de las redes sociales para, con la distancia, apreciar mejor en cuántas tormentas insustanciales se lucha y naufraga ahí cada día y se malgastan fuerzas, qué noticias y polémicas que no son tales o no merecen tanto bombo se generan para armar bulla, desgastar y difuminar lo importante; igual, por cierto, que en medios de comunicación tradicionales.

Lo fácil, dentro y fuera de redes sociales, y especialmente dentro, que curiosamente se rigen por el impulso pese a que sabemos que  lo que se diga en ellas es irremediable, es dejarse arrastrar por las tormentas artificiales. Cuesta más esfuerzo quedarse al margen, imponerse el esfuerzo intelectual continuado de analizar qué es banal o artificial o qué no es tema de interés general, o de verdadero interés para cada cual, que entrar en cada tormenta que nos pongan por delante.  Y así Twitter y otras redes sociales pasan en efecto a ser esa boba e innecesaria conversación global con enfrentamientos innecesarios, y manipulable, guirigay simplificador y de las tormentas falsas que ocultan las reales y equiparan insignificancias a cuestiones de verdad relevantes, en vez del más poderoso instrumento de cambio y difusión no manipulable que ha existido nunca y que podría ser si todos, o muchos, nos propusiéramos que lo fuera.

Verónica del Carpio Fiestas

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Rajoy y el Gobierno en funciones (y Tribunal Constitucional)

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D. Mariano Rajoy Brey ha dejado de presidir un Gobierno en funciones que ha estado en funciones diez meses, el más largo periodo en funciones de nuestra democracia, para pasar a presidir un Gobierno a secas. Como Gobierno en funciones se ha negado todo ese tiempo a dar cuentas a las Cortes, pretextando, primero, que la ley que regula qué es un Gobierno en funciones no estaba clara -incluso pidió un informe jurídico– y luego que, a la vista de lo que decía esa ley que al parecer no conocía, no rendía cuentas. Tres son las funciones básicas de las Cortes: legislar, elegir presidente del Gobierno y controlar al Gobierno; que el Gobierno se haya negado a ser controlado por las Cortes significa que una de esas tres funciones ha quedado vacía de contenido en lo que respecta a los aspectos de la función de control que pueden ejercerse estando el Gobierno en funciones, es decir, simplificando, que queda vacía de contenido. Como la situación era inédita, el Congreso, disconforme, hizo también algo inédito: planteó conflicto ante el Tribunal Constitucional, que este admitió a trámite en junio de 2016; en este artículo de la profesora de Derecho Constitucional Itziar Gómez puede encontrar todos los datos constitucionales, legales y de lo sucedido, y cuáles son los elementos que debería tener en cuenta el Tribunal Constitucional para la interpretación .

Este es el día, y ya lleva D. Mariano Rajoy Brey tiempo como presidente a secas, ya no en funciones,

boe-31-11-2016-nombramiento-rajoyque el Tribunal Constitucional aún no ha tenido a bien resolver sobre si un Gobierno en funciones puede estar descontrolado ilimitadamente.

Se ve que saber si las Cortes quedan indefinidamente vacías de contenido en una de sus tres funciones no corre tanta prisa como otras cosas.

Si el Gobierno en funciones y su presidente D. Mariano Rajoy Brey, ya no en funciones, se han quedado ya sin el desagradable capón del Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional se ha dormido la siesta, es pura casualidad y no prevaricación o mala fe de un Tribunal Constitucional que maneje una y otra vez su agenda de forma conveniente al Gobierno en funciones y no en funciones.

Curiosamente, el Gobierno en funciones de D. Mariano Rajoy Brey, mientras tanto, ha aprobado decretos-leyes, dictado reglamentos, nombrado altos cargos de todo tipo y firmado un acuerdo gravísimo de la UE sobre refugiados. Se ve que en eso no entraban los escrúpulos jurídicos de “lealtad constitucional” que a la conciencia jurídica de D. Mariano Rajoy Brey le impedía rendir cuentas a las Cortes respondiendo preguntas e interpelaciones y en comparecencias.

Miles de preguntas parlamentarias han quedado sin respuesta, quién sabe cuántas, y ya hasta definitivamente, si se incluyen  las que quedaron sin responder la anterior legislatura al convocarse las elecciones de 2016 y hasta las de la legislatura que finalizó en 2015 y que aún no estaban respondidas  al disolverse las Cortes.

Tenemos pues a un mismo Gobierno y un presidente que tiene el honor también inédito de no haber sido controlado durante tres legislaturas: pregunta-parlamentaria-tasas-upyd-17-9-2015

  • la parte final de la X Legislatura
  • la XI Legislatura completa
  • y lo que llevamos de la presente XII Legislatura.

Un ejemplo: la imagen de la derecha, pregunta parlamentaria no respondida, de septiembre de 2015, trece meses antes de que D. Mariano Rajoy Brey fuera nombrado presidente del Gobierno, y hace ya dos legislaturas. Se preguntaba sobre el dinero recaudado pregunta-parlamentaria-dinerto-jgpor tasas judiciales y posibles modificaciones legales, que, por  cierto, aún no se han hecho. Igual que seguimos, como en 2014, sin saber dónde está ese dinero, el recaudado y el que se sigue recaudando, porque el Gobierno dijo en 2014, contestando precisamente a una pregunta parlamentaria, que no lo sabía (imagen de la izquierda) y no ha contestado al respecto a preguntas parlamentarias estas dos últimas legislaturas, como a estas del Senado de este enlace.

Para no ser controlado, alegó el Gobierno en funciones que la ley que regula cómo debe funcionar el Gobierno, y también el Gobierno en funciones, la Ley 50/1997, titulada oficialmente “Ley del Gobierno”, no era clara, como primer argumento, y que había que estudiarla, y, después, una vez estudiada, que no incluía ese control, porque un Gobierno, dice el Gobierno en funciones, solo responde ante las Cortes de las que procede, y al estar en funciones ya no responde ante nadie.

La “lealtad constitucional” que es un principio de la Ley 50/1997, consiste, según el Gobierno en funciones, en que el Gobierno en funciones esté indefinidamente fuera de control.

Hay que ver qué mal planteada y redactada está pues ese Ley 50/1997, Ley del Gobierno, si permite decir al Gobierno en funciones lo que el catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró, resumió así: “En definitiva, para el actual ejecutivo español la expresión “Gobierno en funciones” equivale a “Gobierno sin control“.

Una se pregunta quién habrá sido quien haya redactado tal ley, de forma tan terriblemente defectuosa que ha dejando en la indefinición política permanente a un país, primero por ser oscura, por lo visto, y luego por oponerse de forma indefinida al control parlamentario, y pese a opiniones doctrinales en contrario que sostienen enérgicamente que ese control sigue siendo exigible por motivos constitucionales y legales.

Pues vayamos a las actas parlamentarias, que ahí está todo.

Oh, sorpresa. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero quién aparece por aquí? Tiremos del hilo.

Resulta que quien promovió y redactó esa ley tan desconocida para D. Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno en funciones, y por lo visto tan mal redactada, fue el Gobierno del que en 1997 formaba parte D. Mariano Rajoy Brey como ministro del Gobierno de D. José María Aznar.

En este enlace a la web oficial de La Moncloa está la referencia oficial a lo aprobado en Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1996, que incluye la aprobación del “proyecto de ley del Gobierno”.

Y fue el propio D. Mariano Rajoy Brey, como ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de D. José María Aznar, quien presentó y explicó públicamente ese proyecto de ley en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, diciendo además que era iniciativa personal suya.

moncloa-1996

En este enlace a la web oficial de La Moncloa consta la transcripción oficial de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1996.

En esa rueda de prensa oficial D. Mariano Rajoy Brey dijo lo siguiente:moncloa-1996-2

Con la presentación y aprobación por el Consejo de Ministros de este Proyecto de Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas culmina, para el presente año 1996, el programa legislativo que había presentado en la primera sesión en la que, como Ministro, tuve ocasión de comparecer en el Congreso de los Diputados.

O sea, que es suyo ese proyecto; lo dice él mismo. Era su idea promoverlo, lo había anunciado antes oficialmente en el Congreso y en efecto lo promovió.

Y lo hizo por regeneración democrática, además, de la que el Partido Popular ya era adalid, en 1996:

[…] con este Proyecto de Ley el Gobierno apuesta, de una forma clara y contundente –y voy a dar algunos ejemplos–, por democratizar el funcionamiento de las Instituciones, del Gobierno; huye del establecimiento de privilegios y fortalece con claridad la división de poderes. Responde, por tanto, al planteamiento de regeneración democrática que ha hecho el Partido Popular a lo largo de estos últimos años.

Y añade D. Mariano Rajoy Brey, ministro en 1996, que todos los actos del Gobierno estarán sometidos a control de un tipo o de otro:

Particularmente, quiero señalar tres temas que me parecen de especial significación. El primero, y probablemente el más importante, es que la propia Ley del Gobierno y, luego, el Proyecto de Ley, que se presentará en el mes de enero, de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo ratifica que todos los actos del Gobierno, además de ser y estar sometidos al control político del Parlamento, son recurribles ante los Tribunales de Justicia. Por tanto, no hay actos del Gobierno que no sean susceptibles por cualquier ciudadano de ser recurridos ante los Tribunales de Justicia.

Éste, sin duda, es un tema muy importante; contribuye claramente al principio de división de poderes; establece dónde están los límites de la acción del Gobierno y, por tanto, significa, en mi opinión, un avance importante respecto a la situación actual.

En segundo lugar, se establece también una definición clara de las decisiones que puede adoptar el Gobierno en funciones, que, lógicamente, deben ser actuaciones de mera administración o actuaciones que respondan a necesidades urgentes y muy especiales del momento.

Resumiendo: el proyecto de ley era estupendo y el control algo esencial.

Y fue ese mismo D. Mariano Rajoy Brey, ministro de Administraciones Públicas, quien presentó y defendió en las Cortes en 1997 ese mismo proyecto, que, aprobado por las Cortes, dio finalmente lugar a la ley.

En este enlace está el Diario de Sesiones del Congreso de 26 de junio de 1997.

debate-parlamentario-1997

Es curioso cómo sale una y otra vez el mismo D. Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno en funciones y hoy presidente a secas, que no tenía claro qué decía la ley, primero, y que luego dijo que en función de su propia redacción su propia actuación quedaba exenta de control parlamentario.

Esa ley no ofrece duda que es de redacción de su entonces ministerio y que salió de la tramitacion parlamentaria aprobada tal cual, con un par de retoques de nada; ahí están las actas parlamentarias. Desde entonces ha sido modificada una vez, estando el propio D. Mariano Rajoy Brey, como presidente del Gobierno, pero, vaya, tampoco se tocó la parte sobre el Gobierno en funciones. O sea, que es redacción suya de su ministerio primero y  de su Gobierno después casi el 100% de la ley.

Anda, pues, D. Mariano Rajoy Brey aquejado de dos graves dolencias jurídico-políticas: la amnesia jurídico-política y la esquizofrenia jurídico-política. Y particularidad de esas dolencias cuando las padece quien manda es que a quien le duele es al Estado de Derecho.

Una pena que el Tribunal Constitucional, médico jurídico de dolencias jurídico-políticas, haya preferido sestear a curar.

Porque en la interpretación constitucional quizá habría tenido que valorar el Tribunal Constitucional, como en cualquier interpretación, los antecedentes históricos y legislativos. Y habría salido quizá a relucir que D. Mariano Rajoy Brey, ministro, fue el autor de la ley que según D. Mariano Rajoy Brey, presidente en funciones, permite que D. Mariano Rajoy Brey se vaya de rositas del control parlamentario y que, además, no era eso lo que decía el ministro Rajoy en 1997.

Y como

¿quiere usted saber qué dijo en el Congreso D. Mariano Rajoy Brey, ministro de D. José María Aznar, cuando presentó y defendió su ley ante las Cortes en el año 1997?

En este enlace a la web oficial del Congreso está toda la tramitación legislativa de la Ley 50/1997. Lo resumo. Dijo D. Mariano Rajoy Brey en las Cortes en 1997 lo mismo que en la rueda de prensa oficial de 20 de diciembre de 1996 en la que presentó a la opinión pública el proyecto:

1º que su ley era estupenda e inmejorable de planteamiento y redacción, en todo

2º que todos los actos del Gobierno debían estar controlados porque eso es lo propio de un Estado de Derecho, donde todos los actos del Gobierno han de tener control político, constitucional o jurisdiccional.

A continuación transcribo lo que dijo D. Mariano Rajoy Brey, ministro de D. José María Aznar, en el año 1997, al presentar a las Cortes la ley que en 2016 D. Mariano Rajoy Brey, presidente de Gobierno en funciones, consideró que necesitaba un informe jurídico para poder interpretarla, primero, y que era motivo suficiente para no ser él mismo controlado por las Cortes, después.

1.- Sobre la necesidad y las bondades de la ley, por fin aprobado tras varios intentos fallidos desde 1978, se extiende D. Mariano Rajoy Brey, así que resumo en dos frases suyas:

  •  “viene a cubrir una laguna legal en nuestro ordenamiento al dotar a un órgano fundamental, como es el Gobierno, de una regulación unificada y coherente, de conformidad con los principios y exigencias constitucionales
  • Se ofrece así una regulación clara y sencilla

2.- Sobre la necesidad de que todo Gobierno esté controlado o bien por las Cortes para control político o bien por los tribunales para control jurisdiccional o por el Tribunal Constitucional, selecciono estos párrafos:

En segundo lugar, la duda que a menudo se ha suscitado en la doctrina, tema éste ciertamente polémico, sobre la existencia o no de actos ajenos a cualquier control jurídico, encuentra también su solución en este proyecto. En efecto, conviene destacar que aunque tradicionalmente se ha venido mostrando la dificultad de sujetar a normas actos de naturaleza política, no debe olvidarse que nuestra Constitución consagra un Estado de Derecho al que quedan sujetos todos los poderes públicos. El Gobierno no podía ser una excepción, y este proyecto así lo reconoce, previendo, por una parte, el control político pleno de las Cortes Generales sobre la actuación del Gobierno y, por otra, el control jurisdiccional por parte de la jurisdicción contenciosa-administrativa y del Tribunal Constitucional, de acuerdo con sus leyes reguladoras respectivas, con la finalidad de garantizar el control jurídico de la actividad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.
En este punto no podemos olvidar, y así queda nítidamente plasmado en el proyecto, que toda la actividad gubernamental, y también y específicamente la desarrollada en el ejercicio de la función de dirección política, no puede quedar nunca al margen del Derecho, resultando de aplicación, bien los controles jurídicos típicos o propios de la actividad de producción normativa y de ejecución, es decir, los controles propiamente jurisdiccionales, o bien los controles políticos jurídicamente regulados.”

El título IV constituye, por su parte, una de las principales novedades del proyecto, y viene a llenar un vacío normativo que no debía mantenerse por más tiempo; me estoy refiriendo a la regulación del Gobierno en funciones. De esta manera, el proyecto de ley da respuesta a una situación que nuestra Constitución contempla de manera parca en su artículo 101, pero que deja sin resolver, como es la posición constitucional del Gobierno en funciones. En el único artículo del título IV se establece un criterio general que debe ser respetado por el Gobierno en funciones en toda su actuación, el de limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos, debiendo abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados, cualesquiera otras medidas.

Sin embargo, la regulación del proyecto de ley no se limita a establecer un principio general, sino que establece límites concretos tanto a la actuación del presidente como de su Gobierno en esta situación. Así, el presidente no podrá proponer la disolución de las Cámaras, ni la convocatoria de un referéndum consultivo, ni plantear una cuestión de confianza. Por su parte, el Gobierno en cuanto tal no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos ni presentar proyectos de ley. En definitiva, se trata de asegurar que el Gobierno en funciones actúe de acuerdo al principio de lealtad constitucional, entendiendo que el objetivo último de toda su actuación radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno, facilitando el adecuado traspaso de poderes al mismo.”

Vaya con la amnesia jurídico-política. Vaya con la esquizofrenia jurídico-política.

Y vaya, vaya, vaya, qué Tribunal Constitucional tenemos.

O mejor dicho, que no tenemos.

Verónica del Carpio Fiestas

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De minutos de silencio y clamorosas realidades políticas

El día de la investidura de Mariano Rajoy, 29 de octubre de 2016, en un acto parlamentario crucial, la tercera y última jornada de investidura, el Congreso guardó un minuto de silencio por la violencia machista. A continuación, primero el candidato y luego los portavoces de los partidos, hablaron sobre la investidura los sucesivos intervinientes, que fueron catorce. De catorce intervinientes, solo uno, del Grupo Mixto, era mujer. Todas las imágenes que figuran a continuacion son de la web oficial del Congreso.

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Lista de intervinientes:debate-investidura-29-10-2016-intervinientes

  • Mariano Rajoy (Partido Popular, candidato)

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  • Antonio Hernando

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  • Pablo Iglesiasimagen3
  • Albert Riveraimagen4
  • Gabriel Rufián

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  • Aitor Esteban

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  • Francesc Homs

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  • Joan Baldoví

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  • Oskar Matute

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  • Íñigo Alli

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  • Isidro Martínez

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  • Ana María Oramas

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  • Pedro Quevedoimagen13
  • Rafael Hernando

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Como ve, han intervenido catorce personas, el candidato y los trece portavoces de los respectivos partidos. El candidato, varón como todos los candidatos votados hasta ahora por el Congreso en 38 años de democracia desde que la Constitución consagró la igualdad en el año 1978. Los portavoces, sea el partido grande o pequeño, de larga trayectoria o de reciente creación, de derechas o de izquierdas o de lo que sea, de ámbito estatal o autonómico, absolutamente todos varones, salvo uno, de un pequeño partido de ámbito autonómico; de trece portavoces de partidos, doce varones y una mujer.

¿Cree quien esto lee que es normal que en 2016 no haya habido ni una sola mujer ni presidenta ni candidata a la investidura en el Congreso? ¿Cree normal que los cabezas de lista de los principales partidos sean y hayan sido siempre todos varones, salvo en su día UPYD? ¿Cree normal que los grandes partidos, antiguos y nuevos, que se llenan la boca con la igualdad, pongan siempre a varones para intervenir en los debates cruciales, y que sean los portavoces titulares tanto en el Congreso como en el Senado?

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¿Cree normal que en los debates televisivos electorales absolutamente todos los candidatos sean varones?

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¿Cree quien esto lee que es irrelevante para quienes vean las fotos que solo haya varones en las fotos?

Voy a decir una obviedad: para conseguir que desaparezca la violencia machista hay que educar en la igualdad. Y voy a decir otra obviedad: es esencial el valor icónico y didáctico de las imágenes. ¿Qué ejemplo creen que ven los jovenes que vean estas imágenes, que están por todas partes? No estoy hablando ya solo de lo que significan esas imágenes, es decir, que NINGUNO de los partidos importantes tiene una candidata en fase preelectoral, NINGUNO de los partidos tiene una candidata en fase parlamentaria, NINGUNO de los partidos tiene una portavoz mujer, salvo uno pequeño del Grupo Mixto y que NINGUNO de los partidos tiene cabeza de lista mujer. Eso ya demuestra lo que HAY.

Pero vayamos a lo que SE VE con ojos de persona que aún no es adulta. Lo que se ve es que los partidos grandes y pequeños, incluyendo los nuevos de la llamada nueva política, vayan con corbata o en mangas de camisa, solo tienen varones para participar y hablar en los momentos oficiales y de representacion pública de verdad importantes.

Y, por favor, que nadie me argumente que quienes están ahí, todos varones, están ahí porque son los mejores. La grotesca situación política que vivimos, grotesca hasta la náusea, no permite decir en serio que nos gobiernan y representan los mejores.  ¿O cree quien esto lea, en serio, que nos gobiernan y representan los mejores, que este guiñol político cotidiano es lo mejor que España y la política pueden ofrecernos a quienes aquí vivimos?

Y por si lo cree normal, voy a añadir un dato.  En el año 2015 se aprobó el Estatuto de la Víctima, ley con la que se llenan la boca tantos políticos y el propio Ministerio de Justicia.

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La Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del delito, en teoría para proteger a las víctimas, y que, según parece, tanto importa en la actividad legislativa, se aprobó por las Cortes EXPRESAMENTE con presupuesto CERO:

“Disposición adicional segunda. Medios.

Las medidas incluidas en esta Ley no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.”

Aquí tiene una información de cómo en los juzgados que llevan temas de violencia de género víctimas y maltratadores tienen que estar físicamente juntos, porque no hay medios en los juzgados, precarios hasta en eso, ni en el Estatuto de la Víctima se ha previsto un euro para cambiar la situación. Este tuit es de Susana Gisbert, fiscal especializada violencia de género, que recoge lo  dicho por el juez Joaquim Bosch.

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Y aquí la información periodística sobre juicios de violencia de género de Málaga, que se fijan hasta con tres años de retraso por falta de medios en los juzgados, y el tuit de un sindicato de Justicia.

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Y, por favor que no me digan que un minuto de silencio es muestra de respeto a las víctimas y la prueba de que se acometerán medidas. La última vez, que me conste, que se guardó un minuto de silencio fue en agosto, y fue por las víctimas de un terremoto en Italia; o sea, por las víctimas de algo imprevisible o inevitable, por lo que en Derecho se llama caso fortuito o fuerza mayor. ¿Es que la violencia machista, con su lista de muertas cotidianas, muertas que no mueren de un ataque al corazón sino víctimas de un terrible ataque físico de un hombre que mata, es una fuerza mayor en el sentido jurídico del término, algo que sucede nos guste o no, que exige gestos de condolencia y es eso todo lo que exige?

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Se suele decir que somos lo que comemos. Y comemos imágenes de varones mientras nos venden minutos de silencio. ¿Le parece que este post tiene demasiadas imágenes? Estoy de acuerdo. Tiene exactamente las mismas imágenes de desigualdad que un día cualquiera de debate parlamentario de investidura. Fotos de varones, como pedagogía política para decirnos que hay igualdad. El valor didáctico de las imágenes para los jovenes a quienes hay que educar en la convicción de que hombres y mujeres somos iguales.

Estamos en 2016. Hace 38 años que tenemos una Constitución que establece la igualdad. Fotos solo de hombres solo significan una cosa: actos solo para galería.

Verónica del Carpio Fiestas

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Cotorras políticas

Ansío penetrar con vosotros en la selva histórica que nos ofrecen los adalides políticos durante muchos meses del año 2016, año de sarampión agudísimo del que salimos por la intensa vitalidad de esta vejancona robusta que llamamos España. La historia de aquel año es selva o manigua tan enmarañada que es difícil abrir caminos en su densa vegetación. Es en parte luminosa, en parte siniestra y obscura, entretejida de malezas con las cuales lucha difícilmente el hacha del leñador. En lo alto, bandadas de cotorras y otras aves parleras aturden con su charla retórica; abajo, alimañas saltonas o reptantes, antropoides que suben y bajan por las ramas hostigándose unos a otros, sin que ninguno logre someter a los demás; millonadas de espléndidas mariposas, millonadas de zánganos zumbantes y molestos; rayos de sol que iluminan la fronda espesa, negros vapores que la sumergen en temerosa penumbra.

En los salones politicos, en las redes sociales y en los medios de comunicación había mucha gente agrupada en diferentes corrillos. En todos los grupos se respiraba el aire espeso y acre que arroja de sí la expresión “crisis política”. ¿Dónde estabas, Musa de la Historia; en qué pozo te habías caído que no fuiste de Ministerio en Ministerio, de sede de partido político en sede de partido político, de cadena de televisión en cadena de televisión, con la zapatilla en mano, azotando las posaderas de toda esta gente rencillosa y quimerista, sin conocimiento de la realidad ni estímulos de patriotismo? En aquel maremágnum de gente ociosa y postulante se perdía de vista a cualquier político sensato y los ciudadanos que miraban salían hastiados de la crisis política y de la turbulencia moral que indicaban los rostros de aquellos politicastros de baratillo.

En Twitter, esa barra de bar llena de papanatas y haraganes, había gente que parecía sentir ya vivos impulsos de enredarse a tuitazo limpio con cuantas personas se ponían por delante. Y cuando sin pensarlo, como huyendo de sí mismos, los ciudadanos encendían la televisión pensando que quizá allí en podrían encontrar algo que les hiciera pensar en otra cosa, resultaba, se mirara donde se mirara, que estaban todos los canales poblados de vagos y de parlanchines de esos que arreglan el mundo desde la tertulia. Al instante el espectador al que se le ha ocurrido encender la televisión se siente arrastrado al vértigo de una conversación febril, de política, por supuesto… Unos hablaban horrores del político tal, del político cual y de toda la chusma que llamaban con un mote ridiculizante; tipos locuaces, despotricando, rociaban al espectador con su saliva; señores que se las daban de serios y se creían depositarios del buen sentido y creadores de opinión eran unos solemnes plastas, de esos que se precian de poner los puntos sobre las íes y de quitar caretas a todo el género humano. Economistas de medio pelo desmenuzaban en los medios de comunicación los datos economicos y, acumulando cifras a su antojo, armaban un mazacote macroeconómico para uso de cuatro papanatas, y sus artículos ilegibles, semejantes a una pared de ladrillo, les daban fama de economistas serios. Otros decían que era acertadísimo lo de la libertad igual para todos, lo del derecho al trabajo y a la educación, lo del gobierno por el pueblo y para el pueblo, pero que todo eso no será eficaz mientras no tengamos un buen sistema fiscal y un rigor escrupuloso en las prácticas administrativas.

Por mucho que oficialmente se aseguraba en documentos oficiales que ni se daban enchufes ni cargos ni recomendaciones ni indemnizaciones ni colocaciones, los cesantes de los partidos viejos, el detritus de la política, los innumerables moscones aburridos y famélicos que hacen imposible la vida oficial vuelven, zumban y pican.

La media docena de hombres que simbolizaban la situación política lucían como faros luminosos en la esfera del ideal; mas en la acción se apagaban sus indecisas voluntades.

Y en el Congreso, una teatral batalla. Veíamos una comedia lírico-parlamentaria, con un concertante final en que desafinaron todos los virtuosos. Los medios de comunicación eran un continuo ir y venir de nutridas comparsas, que disparaban vítores y exclamaciones de sorpresa o de júbilo.

Así no se pasa de un régimen político de mentiras, de arbitrariedades, de desprecio de la ley, de caciquismo y nepotismo a una democracia con verdadera regeneración democrática.

[Y en efecto, de esta selva de cotorras políticas no se pasó a una verdadera regeneración democrática, sino a un sistema corrupto y perverso de más caciquismo y de aparente alternancia de dos partidos que se diferenciaban en el nombre y coincidían en su afán de poder y su concepto del Estado como una ubre y como un cortijo. Porque esto que acaba usted de leer es un corta y pega, modificando unas cuantas cosillas, de diversos fragmentos de uno de los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós, el que describe la situación de 1873, titulado “La Primera República”. Y supongo que recordará cómo acabó. Aviso a navegantes.

Por cierto, también en 1873 había solo varones entre los políticos que, en el Congreso, hablaban en nombre de las más importantes facciones políticas y con posibilidad de ser nombrados presidentes del Gobierno. Vamos bien.]

Verónica del Carpio Fiestas

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27J

Este es un post pensado para el 27J, el 28J, el 29J, el 30J y las fechas sucesivas. Cuando escribo esto aún no han abierto los colegios electorales del 26J, día de las segundas elecciones generales en unos meses. Las irrelevantes reflexiones de una ciudadana cualquiera son eso, las irrelevantes reflexiones de una ciudadana cualquiera. Pero cualquiera tiene derecho a alzar su voz y esta ciudadana hace mucho tiempo que decidió no callarse, si en conciencia creía que lo que decía debía ser dicho, aunque fueran rayas en el agua, que no por casualidad se llama así este blog.

Señores de los partidos y todólogos, la ciudadanía no es la causante de estas segundas elecciones ni lo sería de unas hipotéticas terceras si llegara el caso. Los electores no nos ponemos de acuerdo previamente a depositar nuestro respectivo voto con los otros millones de electores para decidir qué tenemos qué votar cada cual para conseguir un resultado. Es una decisión individual e incoercible, y secreta, no fruto de una decisión previa y coercible. No nos hemos puesto de acuerdo para votar en un sentido y con un resultado, ni ahora ni nunca, porque el voto es personal. Parece mentira que haya que recordar estas obviedades,  pero si, hay que recordarlas, porque no paro de oír que esto es una decisión colectiva en el sentido de que nos hemos concertado para que el resultado electoral sea ese. Pero no es así, señores de los partidos y todólogos. Así que dejen de decir, señores de los partidos y todólogos, que la ciudadanía ha votado ingobernabilidad, derechas o izquierdas. Yo no soy responsable del voto de otros. Soy responsable de mi propio voto, y solo de mi voto, o de mi abstención. Y mis conciudadanos igual.

Así que, sea cual sea el resultado de unas elecciones, dejen de una vez de reprocharnos ingobernabilidad, porque no hemos decidido que la haya, porque hemos votado individual y legítimamente lo que con decisión exclusivamente individual hemos considerado oportuno, cada cual decidiendo solo, y siendo solo responsable de, su propio voto, y punto.

Pero ustedes, señores de los partidos, sí son responsables de la gobernabilidad. Los únicos responsables. Los partidos tienen la obligación, sí, digo deliberadamente obligación, de formar gobierno. Con las cartas que tengan. Estén o no fragmentados, haya bipartidismo o pluripartidismo.

Y ustedes han fracasado, y encima se permiten echan la culpa puerilmente a otros partidos y a la ciudadanía que, según ustedes, ha votado ingobernabilidad. Sí, también digo de forma deliberada lo de “puerilmente”. Porque ustedes, señores de los partidos, han decidido comportarse como niños, en el sentido de que han rehuido responsabilidad de adulto, incluyendo la de dimitir cuando hay que dimitir.

Pero se acabaron las puerilidades, señores de los partidos. No podemos permitirnos más tonterías.

Es posible que en Bélgica, ejemplo que se pone siempre alegremente, fuera hasta bueno que durante una temporada larga no hubiera gobierno. Eso se dice, y no sé si en efecto fue bueno, como tampoco sé qué competencias tiene en Bélgica un gobierno en funciones, si más o menos que aquí, y si allí sería admisible que, como aquí, un gobierno en funciones se permitiera el lujo antidemocrático de no dar cuentas al parlamento so pretexto de estar en funciones porque cuenta con la pasividad cómplice de un Tribunal Constitucional en plena decadencia jurídica que no sirve ni para meter en vereda antes de que acabe una legislatura inútil a un gobierno en funciones que pretexta estar en funciones para considerarse a sí mismo irresponsable.

Pero España no puede permitirse más tiempo sin gobierno. No puede tampoco permitirse una terceras elecciones con el mismo gobierno en funciones que siga haciendo de su capa un sayo. No podría permitírselo en ningún caso, y menos aún ahora que Gran Bretaña ha votado en referéndum abandonar la Unión Europea. Se vaya al final o no se vaya Gran Bretaña, es evidente que nada será igual en la Unión Europea después de esto. Es evidente también que en los próximos meses y años, y además desde ya mismo,  habrá que tomar innumerables decisiones políticas y técnicas en relación con el huracán Brexit, decisiones importantísimas, gravísimas.

Y esas decisiones no puede tomarlas un gobierno en funciones, y no digamos ya un gobierno en funciones que no da cuentas a las Cortes.

Señores de los partidos, han sido ustedes muy irresponsables, en los dos sentidos del término. Pero hasta aquí hemos llegado. En los próximos meses y años nos jugamos el futuro de España y de Europa para muchas décadas, quizá siglos. Así que se lo voy a decir en palabras sencillas, ya que nos toman por tontos a los ciudadanos y debe de ser que tendremos que rebajar también nosotros nuestro nivel de expresión: dejen ustedes de hacer gilipolleces.

Verónica del Carpio Fiestas

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No me representan

Hipótesis. En el año 2016, a un “debate a cuatro” considerado decisivo para la campaña electoral de un país con 50% de población blanca y 50% de población negra, los cuatro principales partidos han enviado a sus respectivos jefes de filas, los cuatro blancos. En las anteriores elecciones sucedió lo mismo, con la diferencia de que en el entonces “debate decisivo” el presidente del Gobierno -blanco, como todos los presidentes del Gobierno hasta la fecha en 38 años desde la Constitución que estableció la igualdad entre blancos y negros como principio básico del ordenamiento jurídico-, muy ocupado, muy despreciativo o muy cobarde, mandó en su lugar a un negro; hasta un negro puede con mis contrincantes, quería decirnos. En estas últimas elecciones, además, ha habido un debate sectorial importante, sobre Economía; los cuatro partidos han mandado a sus respectivos responsables en el tema, los cuatro, blancos. En estas últimas elecciones, además, dos partidos, cuyos responsables respectivos son blancos, decidieron formar una coalición; es decir, que los cinco partidos tienen responsables blancos. En estas últimas elecciones, además, se ha organizado un debate electoral especial con cuatro negros, escogidos especialmente por ser negros, y hay quién lo ha considerado y aplaudido como un ejemplo de igualdad. Todos los partidos insisten en lo que creen en la igualdad entre blancos y negros y en lo que la apoyan; que no haya candidatos negros se considera casualidad, que son los mejores o algo que, de ser un problema -no se cree que lo sea-, se arreglará con el tiempo, pero no ciertamente racismo, eso jamás. En el mismo país, por cierto, hay un rey que lo es porque es blanco; porque de haber nacido negro la Constitución establece que reinaría otra persona blanca. Hay además un presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que es blanco, pese a que no solo la mitad de la población es negra, sino que son negros la mitad de los jueces. En el Tribunal Constitucional, presidido por un blanco, hay doce magistrados, de los cuales diez son blancos. El presidente de las Cortes y el del Senado son blancos. En el Congreso, en la legislatura recién acabada, todos los portavoces titulares de los partidos en la Junta de Portavoces del Congreso, incluyendo el presidente de la Junta, eran blancos, y eran también blancos los presidentes de 16 de las 17 comisiones del Congreso. En el Tribunal Supremo, la Sala 1ª, que resuelve Civil y Mercantil y, concretamente, los pleitos derivados de las relaciones interraciales, la componen magistrados todos blancos. Ah, y en el “debate decisivo” se dedicaron solo unos segundos a los asesinatos racistas y ataques racistas contra la integridad  física y moral de negros, pese a tratarse de un gravísimo problema.

Esto es una hipótesis. ¿Le parecería esta hipótesis un intolerable ejemplo de racismo? A mí también. Incluso el mero planteamiento repugna tan profundamente que hasta me cuesta escribirlo.

Ahora sustituya en todo el texto “negro” por “mujer” y “pleitos derivados de las relaciones interraciales” por “pleitos de Derecho de Familia”. Y tendrá no una hipótesis sino la situación exacta en la España del año 2016.

No, no, no me representan.

Verónica del Carpio Fiestas

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Sapere aude en campaña electoral

“Atrévete a saber”. El “sapere aude” es la expresión que, con origen en la Antigüedad clásica, utilizó Kant allá por 1784 para explicar qué es la Ilustración, en un texto muy conocido. El ser humano, con el pensamiento tantos siglos sojuzgado por quienes no quieren, a quienes no les interesa, que se piense por cuenta propia, y se autoerigen en gurús de variado tipo, se siente más cómodo en la pereza y en la seguridad de que razonen otros, porque pensar por cuenta propia cansa y exige sentido de la responsabilidad. ¡Es tan cómodo tener un director espiritual! Permaneciendo en una infancia intelectual, se evita uno pensar. Kant lo decía principalmente por la religión, y entonces el problema era la coacción jurídica y religiosa, incluso física, a quien se atrevía a pensar por sí mismo. ¿Y ahora?

Vayamos a la política y a la libertad; la libertad de voto. Y vayamos a las coacciones de hoy, porque hoy en España se supone que hay libertad de expresión y de pensamiento, pero las coacciones no han desaparecido; persisten, de otra forma. Ahora tenemos la coacción de los medios de comunicación. La del marketing político. La de la propaganda y la publicidad, conceptos ya indistinguibles.

¿Piensa usted por sí mismo cuando cada semana tuitea, con pensamiento teledirigido, en relación con el tema que proponen esa noche las tertulias políticas de cadenas que tienen como finalidad el lucro y que desconocemos por qué escogen un tema y un enfoque y por qué omiten otros? ¿Piensa usted por sí mismo cuando comenta con otras personas al día siguiente lo que el periodista estrella planteó en tal programa de televisión la noche anterior, pese a que usted desconoce por qué ha escogido ese tema y ese enfoque el periodista estrella, y por qué le paga su cadena de televisión, que tiene ánimo de lucro, para que trate ese tema, para que lo trate así y para que no trate otros? ¿Piensa usted por sí mismo cuando vota al que “da mejor” en un debate de televisión, el “debate decisivo” de candidatos, conforme al criterio que ya viene desde el famoso debate electoral de Kennedy vs. Nixon, tan citado cada vez que hay debates electorales como inicio del marketing político televisual? ¿Piensa usted por sí mismo cuando decide su voto pensando que un candidato sudó y eso significa que estaba nervioso o quizá algo peor, que el otro llevaba la camisa arrugada y eso significa que es un desastre o quizá algo peor, que otro se trabucó al decir una frase y eso significa que no aguanta la presión del directo o algo peor? ¿Piensa usted por sí mismo cuando hace caso de esos planteamientos de los llamados “moderadores” que exigen a los candidatos, al final de un debate, que “resuman en un minuto su programa de gobierno” o “digan lo que quieran en un minuto para convencer a los telespectadores”? ¿Razona usted por sí mismo cuando se deja convencer de que un programa de gobierno puede resumirse en un minuto y que lo que se diga en un minuto tiene que ser determinante? ¿Razona usted por sí mismo cuando considera que un candidato ha de ser un ser omnisciente en vez de un inspirador y un jefe y un coordinador de equipos? ¿Razona, pues, usted por sí mismo cuando se deja convencer por debates planteados como venta de candidatos como si fuera una venta de detergentes?

Si la respuesta de usted es “sí”, no siga leyendo. Si la respuesta es “no”, siga leyendo.

Le sugiero una campaña electoral distinta. Una que prescinda de las promesas, que ya se sabe que son falsas y en todo caso inexigibles, como inexigibles jurídicamente son los programas electorales, según ya he explicado en otro post. Que prescinda de los debates  electorales, que son espectáculo, y no por casualidad hay “pausas para la publicidad”. Que prescinda de los titulares en prensa, escogidos deliberadamente por equipos de campaña en colaboración o connivencia tácita con los medios de comunicación, porque los mítines hace ya mucho que ya no se orientan a los asistentes sino a los medios de comunicación. Que prescinda de cuántas manos estrecha cada candidato, de cuántos mercados visita, de cuántos niños besa; eso, como ya explique en otro post, ya era práctica en las campañas electorales británicas de las primeras décadas del siglo XIX y resultaba ya entonces motivo de risa para Dickens. Le sugiero otra cosa distinta a una campaña de palabrería e imágenes para la galería, de textos predigeridos, de frases falsas y ataques personales: una campaña de hechos. Una campaña de obras son amores y no buenas razones. Una campaña de sapere aude.

Y para ello, eche mano de su memoria. Sí, ya sé, nos obligan a tener memoria de pez. Pero haga un esfuerzo. Sapere aude, atrévase a pensar por sí mismo, atrévase a saber, atrévase a asumir su responsabilidad. No lea los resúmenes de hazañas confeccionados por los propios partidos. Fíese de su propia memoria, que la tiene; fíese de internet, donde está todo, si se busca con criterio. Y recuerde qué ha hecho cada cual. Y piense que lo que han hecho los partidos y los políticos, harán.

Ya imagino que nadie se dedicará a nada de esto. Si así fuera, los partidos se habrían puesto de acuerdo para reducir al mínimo los gastos electorales. Pero no han querido reducirlos; es evidente por qué. Cuando se vende un detergente que lava más blanco, se necesita decirlo muchas veces para convencer a quienes lo que ven con sus propios ojos son los trapos sucios.

Verónica del Carpio Fiestas

 

 

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El fracaso del Rey y del Tribunal Constitucional

Acaba una legislatura vergonzosa e inútil. Extenderse en que ha sido vergonzosa e inútil es inútil. No siga leyendo si lee esto y no considera que ha sido inútil y vergonzosa:

1) una legislatura que ha finalizado sin designar a un Presidente del Gobierno;

2) una legislatura que ha finalizado con cero normas aprobadas por las Cortes, salvo la convalidación de un real decreto-ley del Gobierno; el Gobierno en funciones que no da cuentas a las Cortes alegando estar en funciones ha aprobado la única norma de rango de ley de esta legislatura, una que además se presenta como “de extraordinaria y urgente necesidad”, cuando se podía haber evitado sencillamente con previsión durante la anterior legislatura, y el Congreso la ha convalidado;

3) y una legislatura que ha tenido como única eficacia práctica el aforamiento de D.ª Rita Barberá y su continuidad como aforada más allá de la finalización de la legislatura, porque se la nombró senadora y se la incluyó en la Diputación Permanente del Senado, y por tanto sigue, y seguirá, como senadora y como aforada, con lo que ello significa con la que está cayendo.

Pero si usted ha continuado leyendo este post porque cree que la legislatura que acaba de finalizar en efecto ha sido inútil y vergonzosa, quizá le interese leer una reflexión políticamente incorrecta en la que se ponen de manifiesto dos datos que pocos ponen de manifiesto: que esta legislatura sí ha sido muy útil, y no por por ello menos vergonzosa, para dejar en evidencia la inutilidad de dos instituciones que en teoría son garantes supremas de la Constitución, cada cual en su ámbito.

Me refiero al Rey y al Tribunal Constitucional. El fracaso es clamoroso.

  1. El Rey.

Mire usted las informaciones y notas de prensa distribuidas por la Casa Real: el Rey ha ido recibiendo sucesivamente a los representantes políticos de los partidos en diversas rondas de reuniones. SUCESIVAMENTE, atención. Es decir, que el Rey, en vez de reunir a los representantes de los partidos JUNTOS para, con la fuerza de su auctoritas, su autoridad moral, como Jefe del Estado,  exigirles un acuerdo por el bien de la ciudadanía, del Estado y del Estado de Derecho, viendo los problemas que ve cualquiera que lea el periódico, lo que ha hecho es lo que haría alguien que no tiene ni la menor idea de cómo facilitar la negociación entre terceros, o que se cree que estamos en situación de plena normalidad y es posible hacer lo que siempre se ha hecho.

Reuniones sucesivas. ¡Por favor! Cada vez entra y sale un líder político que le cuenta lo que sea al Rey, y luego el siguiente y el otro y el otro. Ni una vez en presencia del Rey se han reunido DOS O MÁS de esos líderes políticos JUNTOS, ni consta que el Rey haya planteado esa posibilidad. ¿Sabe alguien el abecé de una función mediadora o arbitral? ¿O en qué se diferencia de un paripé formal de reuniones o un correveidile? Porque usted, quien esto lea, si tuviera que intentar mediar para que personas que es indispensable que se pongan de acuerdo en efecto se pongan de acuerdo, ¿se limitaría a reunirse con cada uno de ellos UNO TRAS OTRO?

Y esto, que usted ve en cuanto reflexione medio minuto sobre el tema, ¿no lo ve Su Majestad? ¿No lo ven tampoco los políticos ni los medios de comunicación? ¿No lo ven, pese a que el artículo 56 de la Constitución atribuye al rey como función la de árbitro y moderador del funcionamiento de las instituciones? ¿De verdad modera y es árbitro, sea en sentido jurídico del tipo que sea, civil o constitucional, o en cualquier otro sentido incluso el del lenguaje de la calle, quien ni reúne a los que están en discordia para, en reunión colectiva, intentar coadyuvar para limar asperezas, o simplemente para animar a ello estando delante con la fuerza de su auctoritas, con su mera presencia silente? ¿Y tampoco los convoca a la vez y los mete en una habitación y les dice “me voy, os quedáis ahí, hablad y negociad en serio si tenéis vergüenza y sentido de Estado, que el país necesita que lleguéis a un acuerdo, urge, y hay mucho en juego”?

Pues no. Lo que hay son fotos sucesivas con sucesivas “reuniones”; mejor dicho, el Rey “recibe” a uno tras otro. Y a usted se lo venden como que el Rey ha ejercido su función constitucional.

Así que una de dos: o el Rey ha ejercido su función constitucional o no la ha ejercido.

Si la ha ejercido diligente y acertadamente mediante el sistema de reuniones sucesivas, y eso es lo que ha de esperarse de un Rey árbitro y moderador, es evidente que su función constitucional de árbitro y moderador de las instituciones es inútil tal y como está diseñada, y ahí está el resultado, que no requiere mayor argumentación; y por tanto o sobra la institución o hay que hacer una reflexión constitucional y normativa muy seria sobre ello. Y si esa función no la ha ejercido, o no la ha ejercido diligente y acertadamente, saque usted también sus propias conclusiones. Sin olvidar, claro, que es usted quien está sufragando a la Casa Real. Usted verá qué opina de carísimos floreros jurídicos.

2. El Tribunal Constitucional

Al Gobierno en funciones no le ha dado la gana, lo digo así deliberadamente, ir a dar cuentas al Congreso.

He tenido el dudoso honor de estar presente en la tribuna de invitados del Congreso el día 19 de abril de 2016, el día en que había sesión de control; una sesión de control con el banco azul  vacío, sin el Gobierno en funciones presente. No he pasado más vergüenza en toda mi vida profesional. He visto lo que no sé si es preferible ver, para saber que es así, o no ver, para poder dormir tranquila con el ojos que no ven corazón que no siente. He visto a un diputado del Partido Popular reírse, repito, reírse, de la pretensión de la oposición de que el Gobierno en funciones dé cuentas a las Cortes. Quisiera olvidar los gestos de esos diputados del PP que abucheaban a quienes desde la oposición pedían que el Gobierno en funciones, que ni siquiera estaba presente, se sometiera a control; y quisiera olvidar que he visto a los diputados del PP aplaudir en pie a quien, en nombre el PP, defendía que es lógico, normal y natural que un Gobierno en funciones no esté y no dé cuentas a las Cortes. Quisiera olvidar esos gestos contrarios al mínimo sentido común jurídico y, por si fuera poco, de mala educación y grosería inaceptables; me será difícil porque como ciudadana y como jurista me he sentido herida y ofendida en lo más vivo.

Y el Tribunal Constitucional no está ni se le espera en esto. La oposición unida planteó ir al Tribunal Constitucional para obligar al Gobierno en funciones a que dé cuentas al Congreso. Y acabó la legislatura.

A la semiextinta UPYD, que en 2013 buscó amparo en el Tribunal Constitucional por la negativa de la Asamblea de Madrid a debatir sobre temas importantes, el Tribunal Constitucional le dio la razón en 2015, año y medio después, cuando ya esa legistura autonómica había acabado, cuando la propia UPYD había prácticamente acabado; cuando todo era inútil. El Tribunal Constitucional no sirve, y si no que se lo digan a quienes reclamaron porque un juzgado les señaló su juicio para tres años después y el TC les dio la razón pero seis años después y sin el menor efecto práctico; y de esos hay varios casos, que se publican en el BOE. ¿Quiere usted enlace, o le da igual? Por si quiere uno, aquí tiene uno entre muchos: en 2009 un juzgado señaló un juicio para 2012, y en 2015 el TC, en respuesta a la petición de amparo del perjudicado por ese retraso, declaró que señalar un juicio para después de tres años es en efecto contrario al artículo 24 de la Constitución, dilaciones indebidas inconstitucionales. Pero, atención, eso lo dijo el TC en 2015, cuando ese juicio tardío ya se había celebrado, ya había sentencia de ese juicio tardío y había incluso ya hasta sentencia de apelación de ese juicio tardío, y además especificando el TC que no tenía efecto alguno esa declaración suya de que era inconstitucional señalar un juicio para después de tres años, y quedándose tan ancho el TC al decirlo seis años después y sin efecto real alguno. ¿Qué, usted cómo lo ve?

El TC no sirve, o peor aún solo sirve para usarlo como arma jurídica cuando interesa. ¿Hace falta que le recuerde la prisa asombrosa que se dio para suspender normativa catalana de todos conocida? Y también sirve, por ejemplo, para que un Gobierno en funciones pueda recurrir al TC, y en efecto recurra, leyes autonómicas, es decir, que estando en funciones sí puede recurrir y lo hace, y también puede invocar al recurrir el artículo 161.2 de la Constitución, y lo hace, y con ello da lugar a la suspensión automática temporal de las leyes autonómicas que recurre; y aquí un ejemplo entre varios. Es decir, que estando el Gobierno en funciones también tiene poder para paralizar leyes autonómicas usando para ello al TC, y en efecto lo hace. Pero el TC no puede o no quiere, o las cosas se regulan de tal forma que dé igual que pueda o quiera, obligar en plazo al Gobierno en funciones a dar cuentas a las Cortes; como no pudo o no quiso obligar a una Asamblea autonómica a investigar la corrupción en el Madrid de Gürtel y Púnica.

Y en este punto usted verá qué opina de floreros jurídicos que además cuando no son floreros son armas jurídicas cuando interesa.

Por cierto, que a día de hoy aún el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia en los recursos contra la normativa de tasas judiciales, que es del año 2012; y estamos en 2016. Y por cierto también, el Gobierno sigue sin decir dónde ha ido, y sigue yendo, el dinero de tasas judiciales, ese que reconoció no saber dónde estaba, y que se sigue recaudando; y van ya dos legislaturas que no lo dice, pese a que la propia ley de Tasas Judiciales disponía, y dispone, en su artículo 11, que se destinará lo recaudado a financiar la Justicia Gratuita, y ni un euro se ha destinado a ello.

Pero mejor hablemos de cosas de verdad importantes. Hablemos, por ejemplo, de fútbol.

Verónica del Carpio Fiestas

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No lo llamen “Derecho Europeo”

A partir de un momento, hace ya años, la Comunidad Económica Europea decidió llamarse Unión Europea y el Derecho Comunitario pasó a llamarse Derecho Europeo y hasta surgió una llamada “ciudadanía europea”; y sí, ya sé que estoy simplificando. Y todo ello, y sigo simplificando, respondió a dos planteamientos: el de intentar, o plantearse, o desear promover, o superar la fase de unión meramente económica para pasar a una Europa social y de ciudadanía, por una parte, y por otra al márketing de intentar equiparar “Europa” con los países que componen la Unión Europea. Algunos de entre quienes ya éramos adultos cuando España se incorporó al entonces Mercado Común, o Comunidad Económica Europea, o Comunidades,  recordamos el enfado que sentimos cuando los titulares, las portadas y los blablás políticos de entonces decían “hemos entrado en Europa” como si Europa fuera equivalente a ese número de países que habían decidido unirse parcialmente desde la semilla inicial de los seis hasta los que había a la sazón, como si España no fuera Europa antes y después, como si no fueran Europa los países que estuvieron después, como si no fueran Europa países que jamás se ha planteado que se incorporen y que pertenecen al espacio geográfico y cultural de Europa. Esa sonrojante sumisión lingüística de entonces no fue coyuntural y sigue a día de hoy, y mucho más aún desde que la Unión Europea empezó a llamarse así.

Un grupo de países europeos, entre los cuales se encuentra el nuestro, ha decidido suplantar a Europa empezando por el nombre y por el Derecho, que ya no se llama Derecho Comunitario sino Derecho Europeo o de la Unión Europea. A semejanza de los Estados Unidos de América, que tranquilamente se llama a sí mismo “América” y a sus ciudadanos “americanos”, como si no fueran americanos los brasileños, los peruanos, los canadienses o los haitianos, y no fuera América también Brasil, Perú, Canadá o Haití, quienes deciden por nosotros pero sin nosotros, como verdadero despotismo ilustrado, han decidido que Europa somos unos cuantos concretos y no otros y que Derecho Europeo es el que sale de los hornos jurídicos de las instituciones de la Unión Europea, como si no fuera Derecho Europeo, no ya el Derecho suizo o el de Macedonia, sino el propio Derecho español. La terminología nunca es inocente: hay un principio de primacía del Derecho Europeo respecto del nacional.

Y con esta equiparación falsa y abusiva de Europa con concretos países, y de un Derecho concreto con el Derecho Europeo, ha pasado lo que tenía que pasar: que la terminología define los límites. El Derecho de cada país que compone la Unión Europea se difumina, incluso cuando se acomoda al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos -y uso deliberadamente las mayúsculas- y es usurpado y eliminado por un falso Derecho que no procede siquiera de órganos de elección democrática, dejando vacío el Derecho estatal, dejando vacíos los Derechos Humanos y dejando vacía la responsabilidad política y jurídica de quienes toman esa decisiones por sí y ante sí saltándose la normativa internacional. Porque correlativamente a definir “Europa” como grupo concreto de países, lo que no sea eso queda fuera. Los de fuera no tienen Derecho Europeo, no tienen ciudadanía europea, no tienen en definitiva ni Derecho ni ciudadanía, ni derechos. Y siguiendo con ese razonamiento excluyente,  tampoco tienen Derecho ni derechos, ni ciudadanía, ni europea ni de ningún sitio, quienes vengan de fuera huyendo de la guerra.

Da igual que dos sentencias recientes del Tribunal Supremo español (texto 2015-12-18 Derecho Asilosentencia sirio) resuelvan que debe acogerse a los ciudadanos sirios que huyen de la guerra porque es notorio que quien huye de allí necesita asilo, y, por cierto, lo ha dicho porque a dos personas sirias, un hombre y una mujer, el Gobierno español les denegó el derecho de asilo, y no está de más recordarlo cuando el presidente del  Gobierno en funciones se llena la boca, causando estupefacción su desfachatez, con que a los sirios hay que protegerlos. Da igual, porque quienes manejan en la Unión  Europea han decidido que el principio de primacía del Derecho Europeo significa que decisiones irrecurribles de un grupo de gobernantes se aplican de inmediato sin consulta alguna ni siquiera a los parlamentarios del mal llamado Parlamento Europeo, ni control. Hay en Derecho español tres tipos de decisiones del Gobierno -y de nuevo simplifico, y mucho-: los reales decretos-leyes, que al menos en teoría sólo pueden dictarse en ciertos temas y circunstancias y que  requieren convalidación del Congreso y que además son recurribles ante el Tribunal Constitucional; las decisiones de tipo reglamentario o reglado, susceptibles de recursos ante los tribunales ordinarios y hasta de suspensión cuando se recurren, y actos de tipo político con responsabilidad, siquiera, política. Pero los acuerdos de la Unión Europea contrarios a normativa internacional e interna, a los Derechos Humanos y a la mínima humanidad, y que nos pasarán factura política y humana a nosotros y a nuestros descendientes, los relativos a los refugiados,  esos no tienen recurso de ningún tipo, y si lo hay no se aplica o no es eficaz. Los acuerdos más graves y más ilegales adoptados en la Unión Europea ahí quedan.

No llamemos al Derecho de la Unión Europea ni Derecho ni Derecho Europeo. Porque el Derecho parte del control y de la responsabilidad y de la jerarquía normativa, y nos han creado unas instituciones comunitarias -uso a propósito este adjetivo- en las que acuerdos gravísimos contrarios a normativa internacional y a normativa interna se adoptan y aplican sin tramitación prelegislativa, sin contar con los representantes parlamentarios estatales y en los propios organismos de la Unión,  y sin control judicial ni constitucional eficaz. Ha tenido que pasar ese ataque gravísimo a otros a quienes los que se autodenominan europeos consideran no personas para que muchos nos demos cuenta de que la Unión Europea es sencillamente la arbitrariedad máxima, un islote jurídico inmenso de No-Derecho que se impone al Derecho y a los derechos. Cuando los actos políticos del Gobierno, y por tanto incontrolables, están tan en retroceso aquí en teoría que hasta el indulto ahora ha de ser motivado, está paradójicamente en expansión el acto político supranacional. La denegación individual de asilo de unos pobres sirios que huyen de la guerra es recurrible aquí ante los tribunales ordinarios, y en efecto ha sido recurrida y ganada; en España una hipotética colectiva denegación de asilo por vía reglamentaria o por modificación legislativa del Derecho de asilo serían recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional. ¿Y una decisión de lo que en definitiva es un grupo de jefes de Estado o de Gobierno está exenta de control, o no vemos que se controle? ¿Es posible tal regresión  del Estado de Derecho?

La decisión ilegal de cerrar fronteras y el ilegal acuerdo con Turquía son un ejemplo terrible de adónde vamos. Vamos a la antidemocracia, a la vulneración impune e incontrolable de la normativa internacional y nacional, e incluso de la Unión Europea. Vamos, en definitiva, de vuelta  De vuelta también al acto político del Gobierno incontrolable por la mera circunstancia de haberse adoptado en comandita con otros Gobiernos también incontrolables.

Eso no es Derecho. Eso no es Europa. Europa, por cierto, según el mito del rapto de Europa, era una mujer fenicia. O sea, del territorio que hoy es Siria.

No lo llamemos Derecho Europeo. No es Derecho aquel que no garantiza mecanismos eficaces para el control de la arbitrariedad y de su propio incumplimiento, que permite que un grupo de gobernantes quede sin control incluso ante vulneraciones flagrantes de Derecho. Como ciudadana, quiero que recurramos lo que se adopta ilegalmente y que perjudica a otros y me perjudica a mí. ¿Y ni yo ni los representantes que he elegido puede recurrir nada ante nadie?

Quienes sepan más que yo de lo que deliberadamente vuelvo a denominar “Derecho Comunitario” que me digan si hay recurso y que estoy equivocada, y cuando digo recurso quiero decir un recurso rápido y eficaz, porque aquí también Justicia tardía no es Justicia. Porque si estoy equivocada, y ojalá lo esté, quiero que me contesten los políticos una cosa: por qué no han recurrido ya y por qué si se ha recurrido no se ha paralizado. Porque si el recurso es como ciudadanos, ellos lo son y tienen medios, obligación específica de conocer los mecanismos de recurso, y cobran, y si es como políticos también. ¿Qué es esto de que una onegé como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR tenga que estar analizando vías posibles de recurso y llegando a la conclusión de que no hay mecanismos eficaces de paralización, o que dependen de los propios políticos, o que no serían rápidos y por tanto eficaces?  ¿Cómo es posible que no estén ahora mismo y desde hace meses todas las asesorías jurídicas de todos los partidos de la oposición, en España, y en el resto de la Unión, echando humo y con las armas jurídicas preparadas y en marcha? Y cuando digo “todos” quiero decir “todos”. Porque si están a tope con esto todos no nos hemos enterado, y si han estado a tope para llegar a la conclusión de que no hay nada que hacer tampoco leo que estén todos denunciando públicamente la insuficiencia jurídica de los mecanismos de defensa e iniciando lo pertinente para modificar ya una arquitectura jurídica que propicia la ilegalidad y la arbitrariedad en esto y en todo; porque si pasa en esto es que pasa en todo. ¿O es que estamos en los blablás políticos que no cuestan esfuerzo pero la lucha contra la arbitrariedad no es prioridad?

Ni quiero islotes de repugnante arbitrariedad. Quiero Derecho. Y no quiero esta minieuropa que usurpa el nombre de Europa.

Quiero en definitiva, Estado de Derecho.

No quiero refugiados sin refugio en el barro, expulsados esposados, atacados con gases lacrimógenos, devueltos a zona de guerra, que prefieren suicidarse a ser devueltos, que son devueltos sin que les atienda un abogado, por vías de hecho ilegales y por acuerdos ilegales que han denunciados públicamente por todo tipo de onegés, la ONU, Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía Española. Quiero, en definitiva Derecho. No el Derecho de la Barbarie entronizado ante la mirada impotente y estupefacta no solo de  refugiados sin refugio sino de ciudadanos de la propia Unión Europea que ya sabemos, porque nos lo dejan muy claro, que si mañana necesitamos derecho de asilo, como tantas veces lo hemos necesitado en nuestra Historia, nos dejarán tirados los mismos que dejan tirados a otros, y que vulnerarán cualesquiera otros de nuestros derechos como vulneran los derechos de otros, incontrolablemente y sin recurso o sin recurso eficaz.

Si democracia es control eficaz frente a la arbitrariedad de los gobernantes y de las instituciones, ya lo sabemos: no tenemos democracia.

Y ahora, siga usted hablando de fútbol.

Verónica del Carpio Fiestas

 

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Democracia Ctrl+Alt+Del

Este es un blog jurídico, no informático. Y esto es la metáfora de que el Gobierno en funciones ha decidido que puede forzar el reinicio, ¿las elecciones?, mediante un atajo del teclado, el de modificar el control parlamentario hasta borrarlo mediante la combinación de teclas Ctrl+Alt+Del  de negarse a ser controlado. Se ha colgado la máquina y tiene que salir apurado, y en vez de ir cerrando programa por programa de su responsabilidad ha decidido apagar el ordenador, por las bravas. Control+alternativa+borrar.

Puede usted, si lo prefiere, plantearse su propio razonamiento de si democracia es control o irresponsabilidad política, sobre cómo pueden usarse pretextos con rango de ley, la Ley del Gobierno de 1997, para interpretar ad libitum que el Gobierno queda exento de responsabilidad política todos los meses o años que considere oportuno, de modo que se crea una ínsula jurídica exenta ajena de la soberanía popular, que bueno es saber por fin sin tapujos que reside en un Poder Ejecutivo que como en tiempos pasados solo responde, al parecer, ante Dios y ante la Historia. Puede usted considerar o no aplicables en ámbito de Derecho Parlamentario los principios generales del Derecho y las reglas en principio comunes a todo el ordenamiento a tenor de los cuales no son admisibles ni el abuso de derecho ni el fraude de ley y que ninguna interpretación de una norma con rango de ley puede tener, conforme a las reglas generales de interpretación de las normas, la consecuencia de la irresponsabilidad política porque la responsabilidad política es un principio también de nuestro ordenamiento que ha de inspirar todas las interpretaciones de normas,  y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos están en el articulo 9.3 de la Constitución, como la monarquía parlamentaria en el 1.3. Puede usted asombrarse de que  un Gobierno que sigue publicando en el BOE órdenes ministeriales y condecoraciones estando en funciones, que da instrucciones a los fiscales estando en funciones y que estando en funciones negocia y vota acuerdos gravísimos en la Unión Europea que afectan a miles de personas indefensas -los sarcásticamente llamados refugiados, porque no tienen refugio alguno-, y que afectan a la propia esencia de la Unión, y que incluso vote lo que no se corresponde con lo que dijo que haría, alegue estar en funciones para dejar carente de contenido una de las dos funciones de las Cortes, que es la de control. O sencillamente,  puede usted a leer a gente que sí sabe, expertos en Derecho Constitucional, aquí y aquí, que dicen, en términos jurídicos muy elaborados, serios y educados que en una democracia parlamentaria es un cachondeo jurídico y una jurídica tomadura de pelo que un Gobierno en funciones no responda ante las Cortes.

O puede no hacer nada de eso y seguir votando al Partido Popular. Ese partido ya dos veces imputado, especializado en destruir discos duros y que entiende, o dice entender, al parecer en serio, que es cosa de partidos con ganas de fastidiar lo de exigir que se responda ante el Parlamento, y no un derecho de la propia ciudadanía de oír a quienes les gobiernan cómo responden preguntas incómodas y no preguntas pactadas o falsamente incisivas en entrevistas edulcoradas con siseñores periodísticos o más declaraciones en plasma.

Pero si a usted le da igual, vote PP. No será la única persona que lo hará. También votará PP la señora Rita Barberá, la misma que aún no ha dimitido como senadora, y a quien el PP, en un genuino alarde de postureo jurídico, ha abierto expediente informativo, o sea, la nada jurídica, a ver si alguien se cree que es un expediente disciplinario, como en efecto se lo han creído.

Claro que si hace eso, que usted verá, será usted un antisistema, si por tal entendemos a quien usa las teclas Ctrl+Alt+Del para que el sistema se reinicie por las bravas.

En cuanto a la otra tecla Ctrl, la tecla que ahora toca apretar. Crtl+TC, la del Tribunal Constitucional, ya se sabe que hace lento o rápido el sistema aleatoriamente. Con un poco de mala suerte, quién sabe, no nos jubilamos antes de que resuelva sobre el control parlamentario, en plan tasas judiciales, que tres años largos después ahí siguen sin resolver, o bien se resuelven en plan tecla catalana según entre por la puerta. Los arcanos de la informática política es lo que tienen. Y es que la combinación de teclas  Crtl+TC es también antisistema.

Vaya.

Verónica del Carpio Fiestas

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Maleta de refugiados y la Europa de los derechos

El móvil, por los contactos. ¿Y cómo cargaré la batería en mitad del campo, en una tienda de campaña? El título de licenciado universitario, los papeles de los estudios de los niños. ¿Pero me reconocerán el título? Pasaporte, DNI, carné de conducir, claro, sin eso imposible; como se extravíen estamos perdidos. ¿Ropa, comida, dinero, joyas? ¿Agua? ¿La escritura de la casa del pueblo, aunque esté destruida por las bombas, por si podemos volver? ¿Las medicinas de la familia? Uno tiene tensión alta; otra necesita insulina. ¿Más ropa para el bebé? Es invierno, hará frío, lloverá, quizá nieve. ¿Y los pañales? ¿Las otras gafas, que sin ellas no veo? Pero todo pesa. ¿Cómo cargar con todo en bolsas, para ir andando, en una maleta? Pero no importa, llegaré. Y cuando llegue, la Europa defensora de los derechos humanos cumplirá los tratados internacionales y nos acogerá a los refugiados.

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Enlace al vídeo del Papa aquí.

Desde Jueces para la Democracia debemos recordar a nuestras instituciones que la protección de las personas refugiadas no es una cuestión de caridad de carácter opcional, sino un asunto referente a la protección de los derechos que tiene contenido obligatorio. Los derechos humanos también deben respetarse en nuestras fronteras. Y, por supuesto, cuando cualquier persona solicita asilo dentro de nuestro país. Los deberes legales del Estado español vienen impuestos por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo de Nueva York, por lo que debe respetar el derecho de asilo de las personas que sufren persecución en su país.

La Historia nos juzgará.

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Y a continuación, unos enlaces a dibujos de niños:

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    • y aquí, 600 dibujos de niños refugiados, en 1938, con prólogo de Aldous Huxley

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  • y los dibujos que hacen ahora niños sirios que huyen de la guerra, unos dibujos que ya ve usted que son muy parecidos a los de los niños y las niñas españoles que huían de la guerra en nuestra guerra civil. Los mismos niños sirios que cuando huyan de la guerra, si no mueren ahogados, quizá serán atacados con gases lacrimógenos.

 

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Y si se ha citado al Papa, a Médicos sin Fronteras, a la entidad oficial de la ONU para los refugiados, a Misiones Salesianas, a una fundación dependiente del Consejo General de la Abogacía Española, esto también está en la web oficial del Consejo General de la Abogacía Española:

Refugiados: Solo 18…

Un dato puede resultarnos revelador. La Unión Europea se comprometió a acoger a 160.000 refugiados cuando, tras la aparición del cuerpo del pequeño Aylan en las costas griegas, la opinión pública obligó a las instituciones a adoptar decisiones que llevaban meses postergando. De estos, España, tras regatear apoyada en la delicada situación económica que atraviesa el país (solo para este tema por lo visto, porque en otros foros todo parece indicar que la recuperación es ya irreversible), acabó por aceptar una cuota de en torno a 18.000 personas. A la fecha en que se escribe esto, solo 18 han llegado a España. 300 menores más han muerto desde Aylan, 50 solo en los primeros meses de 2016, muchos habían muerto antes sin que nada se hiciera y más de 10.000 parecen haberse esfumado en manos de redes criminales dentro de territorio europeo. Pero solo son cifras…..

Y esto es una noticia que es posible que a usted se le haya olvidado ya, porque es de enero:

10.000 niños desaparecidos.

1.01.2016

La Oficina Europea de Policía (Europol) estima, según sus previsiones más conservadoras, que al menos 10.000 niños refugiados han desaparecido nada más llegar a Europa. Algunos de ellos han acabado con familiares sin conocimiento de las autoridades, pero otros se encuentran en manos de organizaciones de tráfico de personas, según los oficiales europeos. 

Solo el año pasado llegaron a Europa cerca de 26.000 menores sin acompañamiento, según datos de Save the Children, para un total aproximado de 270.000 niños refugiados; un 27% del millón de personas que en 2015 atravesaron las fronteras huyendo de la guerra en Siria y otras zonas de conflicto. En medio del enorme descontrol sobre el flujo migratorio, la Europol no ha podido evaluar hasta ahora las terribles consecuencias de este desplazamiento en los niños.”

Y también quizá se le habrá olvidado a usted que el niño Aylan murió ahogado hace seis meses -este tuit es del mes pasado- y que muchos otros niños y niñas han muerto ahogados después.

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Y firma este post, con asco y miedo ante la Europa de los derechos que desaparece, o se pone al descubierto que  fue solo y siempre la Europa de los mercaderes,

y mientras se mira para otro lado,

hasta por nuestros políticos

que, con vista corta y mente estrecha, y ninguna perpectiva histórica ni de conjunto, por lo visto tienen cosas mejores que hacer que ser conscientes de la realidad.

Verónica del Carpio Fiestas

Dedico este post con respeto y admiración a Miguel A. Rodríguez @Marodriguez1971, cuya cuenta en Twitter es sencillamente imprescindible
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¿Tiene usted un blog? Lea esto.

¿Quién no tiene ahora un blog, sea personal o sea profesional? ¿Y cuántos saben a qué se exponen por tenerlo y cuáles son sus responsabilidades? Usted, que lee esto, y tiene un blog, o una web, ¿sabe por ejemplo a qué expone si entre los comentarios que usted publica, de otros, a un post suyo figura un contenido ilícito, por ejemplo, insultos a otros?  Y usted, que se ha visto afectado por un comentario en blog ajeno, ¿sabe qué hacer para que se elimine? Y usted, que no está en ninguno de esos casos, pero ve cada día en Internet comentarios que van subiendo de grado hasta un nivel injurioso, por ejemplo contra políticos, sabe qué responsabilidad hay? ¿Y si existen muchas condenas? Estas cuestiones y muchas otras las tiene usted en esta grabación de radio universitaria, en este enlace:

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/47235

Porque tiene usted aquí algo quizá mejor que un post donde se lo expliquemos: un programa de radio en formato ágil, de nivel jurídico pero comprensible para juristas y para no juristas, con intervención de un jurista que es uno de los mayores expertos en el tema en España, y entrevistado por juristas docentes universitarios de Derecho. 28 minutos de programa de radio educativa universitaria, también emitido por Radio Nacional de España Radio 3, dentro del curso de postgrado Experto Universitario “Cuestiones prácticas sobre Responsabilidad Civil” organizado en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), impartido bajo la dirección de la Profesora Dra. Patricia López Peláez y con mi colaboración como docente.

El ponente es Sergio Carrasco Mayans, presidente de la asociación Derecho en Red,  licenciado en Derecho e ingeniero de Telecomunicaciones, de indiscutible prestigio en el ámbito del Derecho de las nuevas tecnologías, y la grabación tiene formato de entrevista jurídica, conmigo como entrevistadora jurídica.

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No se lo pierda.

Verónica del Carpio Fiestas

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De tolerancia y convivencia

Este no es un post jurídico ni político. Voy a tratar de convivencia y tolerancia. Ya comprendo que no interesa, pero tenía que escribirlo.

Para cualquiera que observe la vida social y política española no creo que ofrezca duda que, al menos en la sobreactuación de los medios de comunicación y de las redes sociales, se está generando y propiciando, y abunda, una crispación innecesaria. Con demasiada frecuencia al adversario político se le califica de enemigo y se considera que quienes votan distinto son idiotas, malvados o desinformados. En las redes sociales el anonimato fácil, unido a la posibilidad de respuesta inmediata irreflexiva, saca lo peor de demasiados, sin responsabilidad salvo casos contados; teclado en mano, demasiada gente se convierte  en energúmeno social virtual.  Pero incluso cuando el mensaje no llega a agresión verbal, es detectable en redes sociales un excesivamente habitual desprecio hacia quien piensa distinto.

Una sociedad donde el desprecio hacia quien piensa distinto es cotidiano, y se considera normal y hasta inevitable, es una sociedad más pobre moralmente. Y una sociedad donde esto no se considera un problema que haya que solucionar con algo más que la represión en casos extremos es una sociedad que va a peor. Es un problema social y de responsabilidad y de educación. Y no creo que las redes sociales sean el problema; solo facilitan la expresión irreflexiva de lo que ya se piensa fuera de redes sociales, y lo ponen de manifiesto y magnifican.

Me pregunto si en los colegios se enseña que la responsabilidad consiste también en asumir los actos propios y no ocultarse en el anonimato para, como jaurías o lobos solitarios, atacar a quien piense distinto, o, como grupos de hooligans, enfrentarse a navajazos verbales; y lo que eso en definitiva significa también fuera de las redes sociales. Me pregunto cuántos progenitores son conscientes de que no se trata solo de controlar qué contenidos resultan accesibles por internet a sus hijos e hijas menores de edad, sino de  qué responsabilidad deben enseñarles a asumir como personas civilizadas en sus relaciones por redes sociales, para que lo aprendan y apliquen de menores y de mayores dentro y fuera de redes sociales. Claro que un progenitor que insulte a quienes piensan distinto en Twitter, y no es consciente de lo que eso revela de él mismo, y del daño social que su tuit, junto con el de muchos, causa a la convivencia, difícilmente enseñará ni con la palabra ni con el ejemplo a su prole  en qué consisten la educación, el respeto, la convivencia y la tolerancia, dentro y fuera de redes sociales.

Es urgente rebajar el nivel de crispación y para ello es urgente entender qué es la tolerancia. No pretendo dar lecciones a nadie, pero sí me gustaría explicar lo que entiendo por tolerancia, o por desiderátum de tolerancia, con un ejemplo. Y no cito a Voltaire, cuyo clásico “Tratado sobre la tolerancia” ha sido objeto de anterior post en este blog porque ese libro, del siglo XVIII, responde a un contexto muy concreto y que quiero pensar superado, salvo para terroristas y asesinos: el contexto social e ideológico malsano de que hay que matar a quien piensa distinto. Voy a dar por sentado que aquí ya hemos decidido no matarnos y ser más ambiciosa.

Las definiciones de conceptos no son casuales ni inocentes. Empecemos con el diccionario de la Real Academia.

tolerar.

(Del lat. tolerāre).

1. tr. Sufrir, llevar con paciencia.

2. tr. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente.

3. tr. Resistir, soportar, especialmente un alimento, o una medicina.

4. tr. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.

¿Se da usted cuenta de que las acepciones 1 a 3 son negativas? Es decir, que se “tolera” aquello que no queda más remedio que aguantar, a regañadientes; lo moral o socialmente reprochable, aunque se acepte, lo que sería mejor que no existiera y que no queda más remedio que aceptar o soportar, porque no queda otra. No por casualidad se llamaba “casa de tolerancia” al burdel; admitido, pero considerado moralmente reprochable.

Pero en una democracia  quien piensa distinto no es alguien moral o socialmente reprochable a quien haya que “tolerar” a regañadientes, que se ha de sufrir con paciencia y que sería mejor que no existiera. Salvo los casos contados de opiniones inaceptables, y que para eso están en el Código Penal, y en el entendido de que hay un mínimo aceptable por todos, el pluralismo político es sencillamente la esencia de la democracia. En España, recogido nada menos que en el artículo 1 de la Constitución, entre los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico:

Artículo 1

    1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

No voy a entrar en las distintas definiciones de pluralismo político, ni tampoco en hasta que punto pueda estar condicionado por el  artículo 6 de la Constitución, que establece los partidos políticos como cauce para el pluralismo. Porque por cualquier vía que se siga, el pluralismo político difícilmente puede disociarse de la convivencia y de la coexistencia de opiniones, y de que es esencia constitucional que esa variedad no solo existe y exista, sino que es bueno que exista.

O sea, que no nos quedamos en la acepción 1ª ni en la 2ª ni en la 3ª de “tolerar”; ni siquiera en la 4ª. Se trata de ir más allá. Porque la desaparición de opiniones diversas es sencillamente que la democracia deje de existir; y quien no comprenda que quien piensa distinto no es idiota, malvado o desinformado, quien no comprenda que es deseable para la convivencia que haya quien piense distinto, me temo que no ha terminado de captar qué es la democracia.

Con un ejemplo quizá consiga explicar a qué me refiero. La deliciosa película “El hombre tranquilo” de John Ford, que figura en cualquier lista de las de mejores películas de la Historia del Cine, contiene una escena de lo más descriptivo que he visto nunca sobre lo que creo que ha de ser la verdadera tolerancia. En un pintoresco pueblo irlandés en los años 30 del siglo XX conviven dos facciones ideológicas, una mayoritaria, cada una con sede local y su jefe local de filas. Por los superiores del jefe de filas local de la facción minoritaria se plantea cerrar la delegación local, pues por la escasa implantación no merece la pena tenerla abierta, y se envía a una persona para que inspeccione y decida. Y los de la facción mayoritaria, encabezados por su propio jefe de filas local, para que los minoritarios no se queden sin sede ni jefe local, porque no son ni enemigos ni adversarios sino convecinos y amigos aunque piensen distinto, ofrecen una calurosísima bienvenida al enviado de la otra facción, vitoreando cuando pasa en coche por el pueblo, para que el visitante crea que su propia facción tenía más apoyo del que pensaba y decida no cerrar la sede local.

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Cómo el jefe de filas local de la facción mayoritaria, vitoreando como el pueblo entero y animando a que vitoreen, disfraza su propia vestimenta, para que el visitante no se dé cuenta de que pertenece a los otros, es de las más hermosas escenas de la Historia del Cine.

La mayoría ayudando a la minoría a mantener sus derechos; una facción ayudando a otra porque no son enemigos sino parte de una sociedad que es bueno que sea plural. Eso exactamente, creo, son la democracia y el pluralismo político, o lo que deberían ser.

Soy una idealista, ya, o algo peor. Salvo en pueblos idílicos de película antigua sería imposible imaginar que una facción ideológica entendiera que la tolerancia consiste, no en soportar a regañadientes a las otras facciones, y por supuesto en no insultarles, sino incluso en apoyarlas y ayudar a su supervivencia. son 3 o 4

Llámeme buenista.

Y, por favor, que le quede claro: este post no va en absoluto sobre pactos electorales. Va de algo bastante más importante.

Verónica del Carpio Fiestas

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¿Usted le compraría un coche usado al Sr. Rajoy?

Si usted oyera a un presidente del Gobierno afirmar nada menos que en un importantísimo debate a dos en campaña electoral en los días previos a las elecciones, el único en el que participó en la campaña electoral, que la medida contra la corrupción de la que está más orgulloso es tal cosa, si usted viera que lo mismo lo repite en medios de comunicación  y eso es difundido por el Partido Popular y en los medios oficiales de La Moncloa y del Ministerio de Justicia, si usted oyera y viera eso, y supiera que esa medida es solo sobre el papel, ¿usted le compraría un coche usado a ese presidente del Gobierno? ¿Y pactaría con él para que pudiera seguir gobernando? ¿O aplaudiría a quien así pactara?

Pues eso ha sucedido. La medida contra la corrupción de la que el mismo Sr. Rajoy dice que está más orgulloso no existe más que en el papel.

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Y este último tuit incluso tiene un vídeo:

Que también está en la web oficial de La Moncloa aquí y en la del Ministerio de Justicia aquí.

Cito literalmente lo que dijo el Sr. Rajoy en ese debate:

He aprobado todo este paquete [de lucha contra la corrupción] y por tanto no le acepto sus acusaciones“.

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“Y la medida de la que más orgulloso me siento, Sr. Sánchez, hemos creado, ya está aprobada, una Oficina para que los corruptos además de pagar sus delitos devuelvan lo robado, todo con el voto en contra” [del PSOE, se supone].

Vea el minuto 0,41 de este vídeo, que recoge parte de ese debate, difundido por el Partido Popular en Twitter.

Le queda a usted claro que la medida estrella contra la corrupción del Sr. Rajoy, aplaudida como tal por el Partido Popular,  es una oficina para recuperar los bienes del corrupto.

Bueno, pues ahora le explico por qué esa oficina no existe. La “medida contra la corrupción de la que se siente más orgulloso el Sr. Rajoy” es una Oficina contra la Corrupción que está vacía de normativa y de personal, y por tanto de actividad, es decir, que solo existe en el BOE y que no ha tenido normativa alguna de desarrollo, pero que no obstante fue inaugurada a bombo y platillo por Rajoy y la considera su medida estrella ante el electorado.

En este blog,  expliqué en un post de sábado 24 de octubre de 2015 titulado “Rajoy inaugura nada contra la corrupción” cómo el Sr. Rajoy había aprobado en Consejo de Ministros del día anterior, 23 de octubre de 2015, el Consejo de Ministros inmediatamente anterior a aquel en el que se aprobó convocar elecciones, un decreto vacío de contenido sobre una fantasmal Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y se fue a la salida de ese Consejo de Ministros de 23 de octubre a inaugurarla ante las cámaras de los medios de comunicación. No solo se fue a inaugurarla cuando la norma AÚN no estaba publicada en el BOE, y por tanto era jurídicamente inexistente, sino que ademas necesitaba normativa de desarrollo, que cuando fue inaugurada evidentemente no existía, porque la normativa base se dictó ese día y ni siquiera estaba vigente. Inauguró  una oficina contra la corrupción ANTES de que su existencia y su regulación hubieran surgido al mundo del Derecho por su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por favor, lea ese post, porque mejor que lo expliqué ahí no sé hacerlo.

Y, como decía en ese post:

“Y además, esta Oficina contra la Corrupción, según el propio real decreto que la regula, no tiene contenido alguno hasta que se dicte una normativa de desarrollo que no se ha dictado y para la cual no hay fecha:

Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina.”

Y a día de hoy, por supuesto tras haber entrado en vigor esa ley 41/2015,  en vigor desde el día 6 de diciembre de 2015, a cuya vigencia se condicionaba la “entrada en funcionamiento operativo” (sic) de la Oficina y más de dos meses después de aprobada esa teórica oficina contra la corrupción, medida estrella de Rajoy contra la corrupción según sus propias palabras, sigue sin tener personal, sigue sin tener normativa de desarrollo y sigue sin tener actividad, es decir, que sigue sin existir.

Probar el hecho negativo de que algo no existe no es fácil, pero haré lo que pueda.

Aquí tiene enlace al buscador del BOE donde verá que buscando textos sobre “Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”, solo hay dos textos: el propio decreto, que no es nada sin su normativa de desarrollo, sin personal y sin adscripción de medios, y el nombramiento de director.

A día de hoy se ha nombrado el director general que preveía el decreto (artículo  5, se hizo por decreto del mismo día); mejor dicho, directora. Enlace a su biografía oficial en  web del Ministerio de Justicia aquí, pdf oficial aquí, descargado aquí Directora_General_de_la_Oficina_de_Recuperación_y_Gestión_de_Activos

Y hasta ahora no hay decreto alguno de desarrollo reglamentario ni nada de nada de nada.

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En esta otra web privada que recoge legislación, y que incluye la de desarrollo de cada norma cuando la hay, no figura tampoco ninguna normativa de desarrollo y acaba simplemente con la transcripción del decreto, porque no hay más.

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Y, en definitiva, tenemos una oficina creada tres días antes de que se convocaron elecciones, cuya “entrada en funcionamiento operativo” (sic) se posponía a fecha indefinida posterior a 6 de diciembre de 2015 y que además necesitaba normativa de desarrollo que no se ha dictado, y además adscripción de personal que no se ha hecho. Y todo ello, estando aprobada la norma inicial que prevía esa Oficina en marzo de 2015, reiterando otra de 2010, es decir, que ni en realidad es medida de Rajoy y, aunque lo fuera, tiempo de sobra han tenido para desarrollarla. Vea lo que dice el preámbulo del decreto:

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su disposición final primera, añadió el artículo 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ya se contempló la creación de una Oficina de Recuperación de Activos. Transcurridos cinco años, esa previsión no ha sido aún desarrollada reglamentariamente.

Y de hecho esta Oficina que se crea con rango de Dirección General dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia en el Ministerio de Justicia ni siquiera figura en la organigrama de la Secretaría de Estado de Justicia, en la web oficial del Ministerio de Justicia, enlace aquí

12Y en vano buscará usted una dirección o un teléfono en los directorios oficiales de la web del Ministerio de Justicia, o en una búsqueda general tipo Google.

Ya ve. Y eso, es la medida de la que Rajoy se siente más orgulloso en su lucha contra la corrupción.

Usted verá qué crédito da a este señor y a ese partido, y cómo piensa aplaudir a quien con su voto o su abstención permita que sigan gobernando este señor y ese partido.

Por lo demás, permítame que añada un detalle, por si esa Oficina que llevo dos meses buscando con ahínco, y no aparece, existiera.

Otra de las medidas contra la corrupción expuesta por el Sr. Rajoy en el debate, y reiterada también en los medios de comunicación es sencillamente falsa, y así lo han dicho tres asociaciones de jueces y ha dado lugar a risas e indignacion en medios jurídicos (lo de que se ha hecho la mayor convocatoria de jueces en 25 años, cuando en realidad ha sido la legislatura que MENOS jueces ha sacado). Y ahí está lo de vender el PP como “agilización de la Justicia” lo que asociaciones de jueces y fiscales denuncian como una autopista hacia la impunidad, y llevan denunciándolo desde antes de que se aprobara, hace casi un año, hasta tal punto que una asociación judicial tiene esto  como tuit fijado, es decir, para que cualquiera que entre a ver su Twitter sea lo primero que vea:

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Y los fiscales piden hasta la dimisión de la Fiscal General del Estado, por exigirles la normativa imposibles, hay 600.000 causas por revisar y no hay medios, y hasta un fiscal del Tribunal Supremo dice que esto es intentar secar el campo de fútbol inundado con cubo y fregona, y toda la oposición, en varias Comunidades Autonómas, ha instado al Gobierno a que derogue o paralice esta ley, a instancia de Brigada Tuitera #T, como por ejemplo aquí. La situación general en Justicia es tan grave que las cuatro asociaciones judiciales han presentado un frente común inédito con propuestas en Justicia y exigiendo un Pacto de Estado.

Me va a perdonar quien esto lea que no ponga ya enlaces exhaustivos de todo esto último; que, por cierto, son innumerables. Decir mentiras es fácil si se es presidente del Gobierno y se dispone de los medios de comunicación; rebatirlas con datos requiere gran esfuerzo de acopio de datos, redacción y difusión para que, total, lo lean unos pocos, y ya cansa.

Puede usted comprar un coche usado al Sr. Rajoy, si usted cree que da igual que se lo venda averiado porque cree usted que lo hace muy bien en otros temas. Votar con la nariz tapada es un sistema de mucha gente. Pero piense que si en esto no le dice verdad, en qué más cosas que vende como logros y que usted cree que son logros porque los medios de comunicación dependientes, que son casi todos, le dicen que son logros, la fantasmal oficina, el falso nombramiento de jueces y la ley de impunidad vendida como agilización de la Justicia, le estarán  también diciendo lo que no es y serán también eso, medidas de papel o peor aún.

Medidas de papel que usted creerá si cree a estos señores que venden como un logro quitar las tasas judiciales, que, por cierto, no se han quitado para PYMEs y ONGs, habiendo sido ellos mismos quienes las pusieron.

Verónica del Carpio Fiestas

 

 

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El experto en el arador de la sarna

“Todo este equipo de pensadores está muy influido por las teorías del profesor Sylvester, cuya hegemonía intelectual nadie discute en Washington. El profesor Sylvester se dio a conocer a los setenta años de edad gracias al programa televisivo Usted sabe y nosotros le premiamos. Sylvester, funcionario de correos jubilado, que había hecho un curso de filosofía por correspondencia, participó con el tema Comportamiento sexual del arador de la sarna. Dos semanas después era famoso en todo el país y le imitaba Bob Hope en el show de Ed Sullivan.

Las opiniones de Sylvester empezaron a cotizarse en cualquier terreno del saber humano” .

De la novela Yo maté a Kennedy, de Manuel Vázquez Montalbán, publicada en 1972.

Esta novela de Vázquez Montalbán, de un tono socarrón y paródico que no deja títere con cabeza, contiene ese párrafo.

Volvamos a leer la cita. Un empleado de correos jubilado que se ha hecho famoso en un concurso de televisión por sus conocimientos sobre la vida sexual de un ácaro, y sin más conocimientos ni experiencias que consten, empieza a ver  cotizadas sus opiniones “en cualquier terreno del saber humano”, hasta el punto de influir en un equipo de pensadores.

Prescindiendo de la broma, queda lo esencial. Usted, pongamos, sabe un poquito de tal cosa, y por el motivo que sea ese conocimiento sectorial se hace público.

Y de repente, por ejemplo, le empiezan a preguntar, no ya sobre la vida sexual del arador de la sarna, sino sobre la vida sexual del cangrejo de río, sobre la vida a secas de cualquier animal, sobre topos en concreto que también hacen túneles, sobre topografía, sobre toponimia, sobre topología, sobre trajes con tela de topos y sobre el carnero que topa. Puede que incluso le reprochen duramente no pronunciarse sobre técnicas y precios de maquinaria excavadora,  siendo como es experto en el arador de la sarna, y resultando tan evidente la relación.

Claro que aparte están los tertulianos. Que cobran por hacer eso. Y sin que conste que sepan siquiera sobre el arador de la sarna. Y esos sí que influyen. Vaya.

Verónica del Carpio Fiestas

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Preguntas para los candidatos a presidentes del Gobierno sobre Justicia

Si su partido ganara las elecciones y pudiera usted formar Gobierno en solitario:

  • ¿a quién exactamente tiene previsto nombrar como ministro de Justicia?
  • ¿en qué sentido exacto piensa modificar, en su caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto al Consejo General del Poder Judicial y al nombramiento del vocales del Consejo General del Poder Judicial?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto de sillas del CGPJ si hubiera una vacante en el CGPJ antes de modificar la ley, en caso de que tuviera previsto cambiarla?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto del sillas del Tribunal Constitucional?
  • ¿cómo, cuándo y en qué importe exacto piensa aumentar los presupuestos de Justicia para 2015?
  • ¿qué piensa hacer para evitar el caos en los juzgados con lo de “papel 0”?
  • ¿qué piensa hacer con la limitación de los plazos de instrucción?
  • ¿cuánto va a tardar en suprimir las tasas judiciales para PYMES y ONGs?
  • ¿qué piensa hacer  con el dinero recaudado y que se sigue recaudando por tasas judiciales?
  • ¿piensa modificar la ley y encargar la instrucción al fiscal? En caso afirmativo, ¿modificando su estatuto para hacerlo independiente, o manteniendo el actual principio de jerarquía?
  • ¿cómo piensa coordinar las competencias en Justicia con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas?
  • ¿qué piensa hacer exactamente con el Registro Civil?
  • ¿cuál es el sentido exacto de la modificación legislativa en materia de indultos que, en su caso, piensa promover? ¿Va a seguir indultando con la normativa vigente y, en caso afirmativo, conforme a qué criterios?
  • ¿qué normativa exacta de protección de denunciantes de corrupción piensa aprobar?
  • ¿en qué grado exacto va a utilizar la vía del real decreto-ley?
  • ¿en qué grado exacto va a seguir una correcta técnica legislativa en la aprobación de normas?
  • ¿piensa establecer algún mecanismo legal para que la agenda del Tribunal Constitucional no esté al albur de decisiones políticas tácitas del propio Tribunal Constitucional?
  • ¿exige su programa en Justicia un cambio constitucional? En caso de ser afirmativa la anterior pregunta, y puesto que la decisión sobre cambio constitucional no solo depende de los partidos, ¿qué piensa hacer exactamente y qué programa alternativo tiene previsto si no es posible un cambio constitucional?

Si su partido perdiera las elecciones o no ganara las elecciones con mayoría suficiente para formar Gobierno en solitario:

  • ¿piensa su partido participar en un reparto de sillas del CGPJ si hubiera  una vacante en el CGPJ estando vigente la ley actual?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto del sillas del Tribunal Constitucional?
  • ¿qué criterios exactos en Justicia está dispuesto su partido a aceptar para participar en un Gobierno en coalición o análogos?

Estas son algunas de las preguntas que yo haría a los candidatos a presidente de Gobierno en las próximas elecciones generales del día 20 de diciembre de 2015.

Con mucho gusto se las haría también a las candidatas a presidenta del Gobierno, pero, que yo sepa, en la lista de partidos principales no las hay.

Verónica del Carpio Fiestas

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13-N

En mi ingenuidad, creo que un pueblo culto es un pueblo menos manipulable, individual y colectivamente. Frente al fanatismo, cultura. El mejor pensamiento humano es superior a las armas, y ningún movimiento terrorista, por muy fuerte que sea, puede matar el pensamiento. Que los atentados en París hayan sido nada menos que en el bulevar Voltaire, el autor del “Tratado sobre la tolerancia” tiene un alcance simbólico que, haya sido o no deliberadamente buscado por los asesinos, no debemos dejar que prevalezca.

Y en cualquier caso, el Arte con mayúsculas es o puede ser un consuelo en momentos de dolor, miedo e incertidumbre. Dos obras literarias he pensado recomendar en estos momentos. Las dos sobre terroristas. Las dos, de genios de la Literatura, cuya obra, junto a la de muchas otras personas, constituye un acervo que nadie nos podrá quitar por la fuerza. Lean “El agente secreto” de Joseph Conrad y “Los demonios” de Fiódor Dostoyevski. Verán, por una parte, que hace más de un siglo ya había terrorismo, y por otra, que los valores inmarcesibles de la Literatura persisten más de un siglo después. Soy una ingenua, que se atreve a la estúpida ingenuidad de recomendar leer libros, estos y muchos otros, como parte de la lucha contra la barbarie.

Contra la barbarie, cultura y Estado de Derecho. DEP las víctimas, muera el terrorismo y viva el Estado del Derecho.

Este es un post que escribe, con profunda tristeza,

Verónica del Carpio Fiestas

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Programas electorales y cumplimiento

Ese post va de programas electorales, y se divide en cuatro partes: 1) carácter no jurídicamente exigible por vía judicial de los programas electorales; 2) una duda; 3) una constatación; 4) propuesta de modificación legislativa.

1.- Carácter no jurídicamente exigible por vía judicial de los programas electorales

El artículo 67 de la Constitución prohíbe el mandato representativo, aunque, como dijo una sentencia del Tribunal Constitucional en obiter dicta –algo que se dice al paso en una resolución judicial, sin valor jurídico-, y que además parece presuponer que hubiera un cambio constitucional para que ello fuera posible:

 “… no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediática o indirecta en la que los representantes están vinculados al mandato imperativo de los representados…” (STC 10/1983).

No es teóricamente inimaginable.  Y hay a quien, imaginando, se le ha ocurrido demandar.

Que sea un mandato no imperativo, se supone, priva de caracter contractual o cuasicontractual en sentido estricto a los programas electorales.  No son un contrato en sentido estricto; el concepto y los requisitos de un contrato son los que son y están expuestos de forma supletoria en el Código Civil para todo tipo de ámbitos, por mucho que se quiera estirar el concepto, como no sea echando abajo todo lo de contratos desde el Derecho Romano. Ni tampoco son incardinables en una promesa unilateral jurídicamente exigible por vía judicial,  ni para exigir responsabilidades ni para exigir indemnizaciones, ni para exigir que se haga algo a cambio de lo no hecho o lo hecho mal.

O eso han dicho los tribunales, cuando han tenido ocasion de pronunciarse.

Descartada la vía judicial penal (porque la descartamos, ¿no?) quedarían dos vías judiciales: la contencioso-administrativa y la civil. Vayamos por partes.

Para reclamación por la vía contencioso-administrativa, es decir, contra el Estado en sus múltiples variantes, es ilustrativo lo que en broma expone el magistrado JR Chaves, Sevach, en genial post de 2008 que parece escrito ayer, al enumerar diez razones para rechazar una hipotética demanda por incumplimiento de promesa electoral. Si hay resoluciones judiciales que hayan tenido ocasión de pronunciarse en vía contencioso-administrativa, no he dado con ellas; si alguien las conoce, encantada de que me las pase.

Y para la vía civil  los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse dos veces, que me conste. Un caso en el Tribunal Supremo y otro en la Audiencia Provincial de Madrid.

Si el post de Sevach es en broma, muy en serio argumenta el auto de la Audiencia Provincial de Madrid 272/2011, de 1 de diciembre, al confirmar la previsible inadmisión de una demanda planteada por unas personas físicas contra un partido político, el PSOE, por cumplimiento electoral de su programa.

El texto del auto no permite deducir qué pedían exactamente las demandantes. Y solo se me ocurren dos posibilidades: el cumplimiento del programa o una indemnización, con carácter acumulativo o sustitutivo. Porque otras posibilidades aparte de reclamar que algo se haga o se indemnice por no hacerlo, o se haga algo en sustitución de lo que es imposible hacer (¿hacer qué a cambio en este caso?), que yo sepa, no hay, en vía civil.

Cómo pensaban acreditar las demandantes que su voto había sido en favor del partido demandado, si el voto es secreto, lo desconozco. ¿O demandaban como afiliadas al partido político demandado? Quién sabe; el auto nada dice. ¿O la idea es que pudiera demandar cualquiera, incluso si ha votado a otro partido, ha votado en blanco o nulo o se ha abstenido? Porque ¿es el vínculo, si hay tal, con la ciudadanía o con el votante concreto que demande que haya votado a favor, si puede acreditarlo? ¿Y cómo dictar una sentencia que imponga al partido demandado una obligación de dictar una norma con efectos frente a quienes no son parte, que son los millones de restantes ciudadanos, votantes y no votantes, y en cuyo nombre habla el demandante, y que quizá estarán  conformes con el incumplimiento, o entenderían que tal incumplimiento no existe? Cualquier cosa es de esperar si vamos por estos derroteros.

Aquí los argumentos del auto de la Audiencia Provincial de Madrid:

Quinto.-La conformidad o disconformidad con estas actuaciones y omisiones es la que determina en los ciudadanos, a la hora de ejercer su participación, mediante el ejercicio del derecho al sufragio, su voto favorable a una determinada formación política y su libertad de no votarlo si defrauda sus expectativas, entre otras por no cumplir sus promesas electorales.

Sexto.- La posibilidad de control jurisdiccional de estos márgenes de libertad que exige la acción política, supondría una grave politización de la justicia y, especialmente, una invasión de un poder por otro que vulneraría el principio de separación de poderes.

Séptimo.-No estando, en consecuencia, sujetos ni al Derecho civil, ni al Derecho administrativo, los actos consistentes en “promesas electorales”, (sin otra sanción que la responsabilidad política derivada del ejercicio del derecho a voto) no cabe sustanciar una pretensión destinada, desde el principio, al fracaso.

Y me encanta este inciso de ese auto:

Si a ello se suma ya que tal posible disconformidad en la actuación política y cumplimiento del programa electoral invocado, ha podido ser expresada mediante el sufragio electoral de las pasadas elecciones del 20 de Noviembre del presente año, como cauce ordinario y constitucional de participación política de los ciudadanos…

que me hace preguntarme qué habría sucedido de no haberse dado la circunstancia de que hubo esas elecciones. Ejemplo de cómo argumentar de más debilita los argumentos.

Ese auto de la Audiencia Provincial menciona otro auto,  del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 3 de octubre de 2005, es decir, también de jurisdicción civil, en un procedimiento en el que al parecer se demandó por responsabilidad civil al secretario general del partido en el poder, es decir, quien era  presidente del Gobierno. La demanda tambien se inadmitió, sin entrar en el fondo. Así lo cita el Auto de la Audiencia Provincial:

Doctrina y jurisprudencia.-

El Tribunal Supremo Sala 1.ª, en Auto de 3-10-2005, rec. 5/2005, en caso similar al aquí enjuiciado, en donde rechaza “in límine” la demanda planteada contra el Secretario General del mismo partido por los mismos motivos, esto es el supuesto incumplimiento electoral en relación con determinado compromiso político, pone de manifiesto que:

….PRIMERO.- No obstante, el criterio manifestado por el Ministerio Fiscal, en los puntos a) y c) de su dictamen, no puede desconocerse que la demanda, aún resaltada la condición de Secretario General del P.S.O.E. del Sr. Faustino, se dirige contra quien desempeña el cargo de Presidente del Gobierno.

Segundo.-Solo en referida condición de Presidente de Gobierno y como responsable del mismo, podría responder de la ejecución o inejecución de las señaladas “promesas electorales “, a cuya exigibilidad se refiere la demanda, por lo que, en puridad, se relaciona con “hechos derivados del ejercicio de su cargo“.

Y aquí está el texto completo de este auto del Tribunal Supremo.  Muy interesante leerlo.

Curioso; las dos únicas demandas, que consten, por incumplimiento de promesa electoral son en relación con el PSOE.

Resumiendo: muy difícil exigir responsabilidades ni cumplimientos con las herramientas jurisdiccionales de la normativa vigente. No digo que imposible porque solo constan dos casos, y el auto del Tribunal Supremo en realidad no es idéntico al de la Audiencia Provincial, y nada de ello tampoco constituye jurisprudencia en sentido estricto; en sentido jurídico estricto esto por tanto no se puede considerar zanjado, aparte de que yo, personalmente, no tenga ninguna duda. En los dos caso hay inadmisión, no desestimación; o sea, que ni se tramitó el pleito. En la jurisdicción civil la inadmisión – salvo casos especiales-, es infrecuente y significa, en términos vulgares, poco menos que la demanda no hay por donde cogerla.

Y nos quedan las herramientas políticas, como ya dice la Audiencia Provincial de Madrid en el auto citado.

Y la responsabilidad política sea eso lo que sea, presupone, lo mismo que las resposabilidades juridicas, que haya en efecto un programa al que pueda remitirse y que pueda servir de base a quien reclame, ¿no?

2.- Pero exactamente ¿qué es un programa electoral según la ley? ¿Y es de verdad exigible presentarse a las elecciones teniendo un programa, aunque sea siquiera de un par de folios?

Este es un apartado de este post con preguntas sin respuestas. Porque lo que aquí digo me parece tan preocupante que espero y deseo estar equivocada.

Mi duda es en qué norma de rango de ley se regulan los programas electorales, si es exigible que se disponga de ellos en el momento de presentar la candidatura, en qué organismo público hay que depositarlos para constancia de certeza de su existencia, presentación y contenido, qué mecanismos oficiales de difusión  obligatorios para general conocimiento de su contenido completo se establecen, en qué web oficial están accesibles todos de forma clasificada y ordenada, qué sucede si no se dispone de programa y cuáles son los requisitos formales mínimos del programa.

Porque por más que busco, no doy con ello; me refiero a normas, no a elaboraciones doctrinales ni a usos políticos. El infinito ordenamiento jurídico, modelo de inseguridad jurídica, no me permite asegurar que sea correcta mi preocupante conclusión, es decir, que no existe siquiera obligación legal de tener un programa electoral, o sea, que no es ya que no pase nada si se incumpla; es que no hace falta ni tenerlo.  Y me da igual que pueda ser o no así en otros países.

Los únicos programas que veo que regula la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y normativa conexa son los de los medios de comunicación, es decir, los de televisión y radio para campaña electoral; y mención en esa ley orgánica a programas electorales, la de la Exposición de Motivos, en términos así expuestos por la Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

La finalidad de estas modificaciones es, según la exposición de motivos de la ley, «la reducción del peso de la publicidad y propaganda» en el período electoral y correlativamente «una mayor incidencia» durante el mismo de «la exposición y debate de los programas y propuestas» de las formaciones políticas que participan en las elecciones”

y la propia instrucción regula el alcance permitido a la difusión del programa electoral en tales o cuales circunstancias.

Pero qué sea un programa electoral, o si es obligatorio aportarlo junto con la candidatura, o después, o cuando sea, y qué requisitos mínimos ha de tener, no lo veo en la Ley Electoral, ni tampoco en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; porque un programa no es lo mismo que los fines estatutarios de un partido.

Sumida en perplejidad, y rebuscando por la web del BOE, el programa electoral que veo que se mencione como de exigible presentación para ser candidato es para rector de la Universidad Complutense. Para las elecciones generales y locales no veo nada.

Tampoco la jurisprudencia constitucional aclara. El Tribunal Constitucional no resuelve más que cuestiones colaterales sobre programas; e insisto, me gustaría equivocarme. Por ejemplo la bonita sentencia 60/1986 que resolvió, simplificando a estos efectos, sobre si el mero hecho de que algo figurara en un programa electoral sería suficiente como presupuesto habilitante para dictar un real decreto-ley. Y también el TC ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una agrupación de electores que se presentó sin más programa político que la denuncia de que no pudieran presentarse a las elecciones partidos disueltos (STC 68/2005, de 31 de marzo de 2005), o aparecen otros temas como la defensa de programa electorales de un candidato ya en un parlamento autonómico, y cosas así.

Pero no veo que haya una imposición normativa de que exista un programa, que se presente, que sea público, que se deposite oficialmente y oficialmente se divulgue y que tenga un contenido mínimo, y que por tanto haya podido generar controversias en su aplicación.  Si la hay estoy deseando saberlo.

Porque si se sostiene el difícilmente sostenible carácter contractual, cuasicontractual o vinculante, de un programa electoral, ¿qué contrato es ese que no es obligado documentar, ni requiere una forma mínima ni se difunde por cauces oficiales ni es indispensable que conste en una web pública única que permita comparativas, y que, en realidad, si nos vamos al fondo de la normativa vigente, no hace falta ni redactar ni tener?

Y si se sostiene el exclusivo carácter de responsabilidad política por incumplirlo, ¿cómo es que no se obliga a que exista, disponga de un contenido mínimo y a difundirlo siquiera en un organismo público en tiempo y forma?

Y ante estas circunstancia legal, ¿de verdad importa cómo se elaboren los programas, internamente  en cada partido, si en definitiva ninguna norma con rango de ley exige que  haya programa?

3.- La realidad y conclusión

Voy a referirme a las inmediatas elecciones, pero este post no se limite a ese caso ni al Partido Popular. Es solo un ejemplo, y se ha escogido a ese partido solo porque es el que está en el Gobierno.

Las elecciones generales fueron convocadas para el día 20 de diciembre de 2015 por real decreto de 26 de octubre de 2015, BOE de 27 de octubre.

boe

Se sabía, hace meses, más o menos, en qué fecha se iban a celebrar.  Y a día de hoy  hay partidos políticos que no tienen programa electoral, con una improvisación que es la regla, y explicable por el dato de que el programa da igual. El propio partido en el poder no tenía programa cuando el Sr. Rajoy convocó las elecciones; el programa electoral que a día de hoy figura en la web del Partido Popular es el de las elecciones de 2011, que subo en pdf no sea que desaparezca programa PP 2011, y de hecho la web propone participar, a día de hoy en la elaboración.

Y hoy mismo en los medios de comunicación, se recogen otras promesas más del Sr Rajoy en relación con la futura legislatura que no sabemos si quedarán reflejadas en el programa; es decir, que no sabemos siquiera si serán exigibles moralmente, porque jurídicamente aquí no hay nada exigible, y políticamente poco.

Y los medios de comunicación se hacen eco de tales y cuales contenidos de programa, “a falta de su presentación oficial”. ¿Qué presentación “oficial” y ante quién?

La conclusión es: no se preocupe si los programas no se cumplen, no se incluye en ellos lo recogido en promesas previas o su elaboración es cosa de última hora, o si, sencillamente, como dicen muchos, incluyendo políticos, nadie los lee, ni tampoco dedique tiempo al tema de hasta que punto pueden ser exigibles los programas en una Constitucion que establece que el mandato de los parlamentarios no sea imperativo. No se preocupe por los programas.  A día de hoy ni siquiera es obligatorio tener programas.

Por tanto, da igual que el partido en el Gobierno se invente porcentajes de cumplimiento de programa. Que, por cierto, son muy divertidos si hablamos de Justicia, porque lo más importante de lo hecho en Justicia esta legislatura no estaba contemplado en el programa, y en cosas que sí estaban contempladas se ha hecho lo contrario; y no es cuestión de crisis porque no costaban dinero, como el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en el que el programa decía una cosa y se ha hecho lo opuesto.

Porque con unos programas que ni siquiera es obligatorio que existan da todo igual. Estamos hablando de marketing, no de Derecho y quizá ni siquiera de Política. Y el marketing es marketing.

4.- La propuesta

O mejor dicho dos propuestas alternativas.

Propuesta 1. Propongo que se sustituya por ley el inútil programa por un vídeo donde todos los candidatos o las candidatas, o al menos quienes sean cabezas de lista o candidatos/as a la presidencia del Gobierno, o a la alcaldía, o a lo que sea, bailen, canten o toquen un instrumento musical. Así la ciudadanía podrá valorar si sería o no un buen gobernante con la imprescindible capacidad de hacer el ridículo sin sonrojarse y la necesaria cintura política (esto se apreciará especialmente en el baile)  y quedaría eliminada toda posible duda del carácter de espectáculo de la política. El vídeo podría quedar depositado en una web oficial, por ejemplo, la de Telecinco o La Sexta. En el caso de que se prefiera el instrumento musical, mejor tocando el instrumento musical más popular entre políticos: el autobombo.

Propuesta 2. La otra propuesta, alternativa, es que se modifique la Ley Electoral, o la Ley de Partidos, y se imponga a los partidos, de forma simultánea a la presentación oficial de candidaturas, la presentación de un programa electoral con un contenido mínimo que abarque cuanto menos los puntos esenciales de un futuro Gobierno, y que se difunda en la web oficial de la Junta Electoral Central, a disposición permanente del electorado, de forma fácilmente accesible y en formato fácilmente comparable con otros programas.

La primera propuesta es más fácil. De hecho, sin necesidad de reforma legal ya se está aplicando, creo.

Verónica del Carpio Fiestas

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Son españoles los que no pueden ser otra cosa

Lo de “Son españoles los que no pueden ser otra cosa” se atribuye al político conservador Antonio Cánovas del Castillo (ese que da nombre a una fundación vinculada al Partido Popular), en diversos contextos. Esta frase, útil para arrimar el ascua a todo tipo de sardinas, suele decirse que la dijo en comentario de pasillo en el Congreso con ocasión de definir el concepto de nacionalidad española un texto legal. Según unos, en relación con el Código Civil de 1889, según otros con la Constitución de 1876, u otra norma cualquiera.

Pérez Galdós, en libro de 1912, cita frase y contexto. Si alguien dispone de fuente más antigua y/o fiable, encantada.

Libro: “Cánovas“, sexta novela de la quinta serie de los Episodios Nacionales, capítulo XI. Contexto: entrada de Alfonso XII en Madrid, para la Restauración, y sus festejos. Contexto más concreto: elaboración parlamentaria de la Constitución de 1876. Texto, este:

Y ahora, lector mío, a mi modo continuaré la Historia de España, como decía Cánovas. En cuanto terminaron los desaboridos festejos, las Cortes enredáronse en el arduo trajín de fabricar la nueva Constitución, la cual si no me sale mal la cuenta, era la sexta que los españoles del siglo XIX habíamos estatuido para pasar el rato. Naturalmente, se nombró una Comisión cuyos individuos trabajaban como fieras para pergeñar el documento, y a este propósito os diré que la última nota del regocijo público, en los jolgorios de la paz, la dio don Antonio Cánovas con una frase graciosísima que vais a conocer. Hallábase una tarde en el banco azul el Presidente del Consejo, fatigado de un largo y enojoso debate, cuando se le acercaron dos señores de la Comisión para preguntarle cómo redactarían el artículo del Código fundamental que dice: son españoles los tales y tales… Don Antonio, quitándose y poniéndose los lentes, con aquel guiño característico que expresaba su mal humor ante toda impertinencia, contestó ceceoso: «Pongan ustedes que son españoles… los que no pueden ser otra cosa».”

Y ahora, lo que se aprobó sobre nacionalidad en la Constitución de 1876. Porque su Titulo Preliminar en efecto recoge una definición de los españoles. Aquí enlace al texto oficial original de la Constitución de 1876.

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c4O sea, así:

Artículo 1º. Son españoles:

Primero. Las personas nacidas en territorio español.

Segundo. Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

Tercero. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

Cuarto. Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

La calidad de español se pierde: por adquirir naturaleza en país extranjero y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.

Así quedaron definidos los españoles cuando el entonces presidente del Gobierno, harto o ingenioso, dijo “pongan que son españoles los que no pueden ser otra cosa“.

Y quizá quiera usted saber qué dice la Constitución vigente de 1978 sobre quiénes son españoles, ¿no? Pero resulta que la Constitución de 1978 no dice sobre nacionalidad más que lo que figura en un artículo, el 11:

    1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
    2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
    3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Así que quiénes son españoles, ya no viene definido por la Constitución, ni siquiera a grandes rasgos, por primera vez en nuestra Historia constitucional, y de forma infrecuente en el Derecho Comparado, como puede comprobarse en la web del Congreso. Desde 1978 la condición jurídica de nacionalidad española se define por una ley ordinaria, “de acuerdo con la ley”, que en la práctica es el Código Civil, y podría ser en cualquier ley ordinaria que el legislador considerara oportuno, y en los términos que se quiera, con los solos límites de privación de nacionalidad y doble nacionalidad que marca la Constitución. Y no menciono lo que dice hoy el Código Civil porque son tantas las redacciones que ha tenido en este punto, desde 1978 cinco si he contado bien, que  cuando lea usted esto quizá el texto será distinto; ahora mismo se está tramitando otra reforma, y ya serían dos esta legislatura.

Así que ahora son españoles quienes decida la mayoría parlamentaria en cada momento, y por ley ordinaria. O sea, por mayoría simple de las Cortes se decide quién es y quién deja de ser persona de nacionalidad española.

No lo decide un poder constituyente. Y ni siquiera se exige una mayoría parlamentaria como para ley orgánica.

La normativa electoral, la de asociaciones, la de derecho al honor o la penal, por poner unos ejemplos entre muchos, sí requieren mayoría absoluta para aprobarse en las Cortes; el concepto de quién es español (o española) y cómo adquiere la nacionalidad y se le priva de ella, basta que se defina por las Cortes por mayoría simple. Paradójico, pero es así. Se rebajó la decisión de quién es y quién deja de ser español a decisión del legislador ordinario, es decir, a mera decisión política del partido mayoritario, sin necesidad siquiera de consenso.  El (breve) debate y la votación parlamentaria de las Cortes constituyentes, en concreto en el Congreso, pueden consultarse en este enlace.

Cómo es posible dejar definición conceptual de tan inmensa importancia en manos de un partido mayoritario, y que pueda cambiarla cuando quiera, y en solitario, es curioso, curiosísimo. Pero así es, y así lo lleva siendo desde 1978, y se considera normal que eso puede decidirse por mayoría simple en las Cortes, y así se viene haciendo, al albur de los vaivenes políticos.

Y no solo eso. Además,  la nacionalidad también se otorga a mera voluntad del Gobierno de turno, sin necesidad de justificación alguna y a la persona, personas o grupos de personas a las que Gobierno le parezca oportuno concedérsela, de forma incontrolable y sin requisitos de ningún tipo, ni siquiera de residencia ni de parentesco ni de vínculos con España ni conocimientos de su realidad española fáctica y jurídica, sin tener que someterse a esos curiosos exámenes de españolidad que se exigen a cualquier otra persona que quiera acceder a la nacionalidad española. Esta concesión por el Gobierno se efectúa  a través de la llamada “carta de naturaleza”, recogida en el Código Civil; en evidente paralelismo teórico con otra institución de origen preconstitucional, el indulto, también arbitrario.

Así que desde 1978 la nacionalidad española se da y se quita, sin más, con lo que decida un Gobierno directamente (para darla, y sin control judicial) y un partido mayoritario en las Cortes (para establecer los requisitos de darla y quitarla, y con control judicial en vía contencioso-administrativa respecto de su aplicacion concreta a solicitante concreto en cuanto a concurrencia de los requisitos que en cada momento establece el cambiante Código Civil si se deniega por la Administración la concesión y el solicitante cree que esa denegación no es acomodada a Derecho). Es decir, que no establece la nacionalidad española un poder constituyente. Ni siquiera se necesitan mayorías parlamentarias especiales. Y todo ello con los únicos límites de ese artículo 11; verdaderamente muy elásticos, porque apenas dice nada.

Ni siquiera se define constitucionalmente qué es en sentido jurídico un español “de origen” a quien según el artículo 11 de la Constitución nunca se le podría privar de nacionalidad.

Esa “nacionalidad de origen” es concepto no definido constitucionalmente, sino por ley; por mera ley ordinaria, cambiante pues a mera decisión de un partido mayoritario en las Cortes. Y puesto que depende del legislador ordinario, puede cambiar, y en efecto, ha cambiado, y más de una vez. Y a día de hoy ese concepto de nacionalidad de origen, legalmente, o sea, según el Código Civil, no es equivalente en absoluto ni a haber nacido en España ni tener padres españoles ni a haber ostentado la nacionalidad española desde el nacimiento. A día de hoy el concepto de nacionalidad de origen está regulado en el artículo 17 del Código Civil, artículo que si he contado bien, ha tenido cuatro redacciones desde la original de 1889, y tres desde la Constitución, y también en otros preceptos, hoy el 19, para casos de adopción, y hasta por ejemplo la Ley de Memoria Histórica permitió acceder a la nacionalidad de origen a determinadas personas que antes habían ostentado otras.

Es decir, que ser “español de origen” no solo no equivale necesariamente a nacer en España o ser hijo de españoles -nacer en España ni siquiera otorga per se la nacionalidad española- sino que puede crearse legislativamente hasta una curiosa “nacionalidad de origen” que no se tenga desde el nacimiento, sino que se adquiere cuando el legislador considera oportuno en personas hasta mayores de edad.

Esto lleva siendo desde la Constitución de 1978: que las vías concretas de adquisición de nacionalidad, incluso el concepto de nacionalidad de origen que constitucionalmente impide privar de nacionalidad a quien la ostenta, sea, ni más ni menos, lo que en cada momento decidan las Cortes y por mera ley ordinaria.

[-Disculpe. ¿Todo este rollo viene a cuento del tema de Cataluña?

-No. O quizá sí, la verdad. Me sorprenden un poco las extrañas discusiones sobre el artículo 11 de la Constitución que veo de un tiempo a esta parte. Me pregunto cuántos de quienes hablan de este artículo 11 sabían antes que existía y cuántos son capaces de captar que la condición jurídica de español no está en realidad perfilada constitucionalmente en detalle, y que por tanto basta para que quede perfilada hasta la simple decisión de un partido mayoritario en las Cortes; y cuántos son además capaces de distinguir lo que en materia de definición de la condición jurídica de español es de rango constitucional, solo modificable vía reforma constitucional, poquísimo, y qué es mera ley ordinaria que hoy está de una forma y mañana lo estará de otra, tranquilamente, solo con que lo quiera un partido mayoritario, y tanto es así que de hecho ya ha cambiado cinco o seis veces desde 1978; y cuántos que entiendan que la prohibición de privar de nacionalidad de origen depende de lo que el propio legislador ordinario, no un poder constituyente, defina como nacionalidad de origen, y que este concepto de nacionalidad de origen, no definido en la Constitución, es  variable, se modifica por mera mayoría simple en las Cortes, y en efecto varía, y que legalmente, a día de hoy, ni equivale haber nacido en España ni a haber sido español desde siempre, y mañana podría ser otra cosa, como ya ha sido  más de una desde 1978, y sin necesidad de ningún cambio constitucional; y que la doble nacionalidad solo existe en sentido estricto en los casos constitucionalmente tasados -sí, ya sé que en la práctica existe la doble nacionalidad de hecho o la no reconocida por las leyes, y ahí está el artículo 9 del Código Civil, pero eso es otro tema- y además existe solo si el Estado español quiere concederla y por tanto no puede ser impuesta por ningún otro Estado.

Pero es que este artículo 11 de la Constitución de 1978 se ve que solo sirve para arrimar el ascua a la respectiva sardina de unos y otros, como unos y otros hacen también uso también de la curiosa frase de Cánovas respecto de la Constitución de 1876 en relación con muchas variadas sardinas.

Por mi parte, lo tengo claro: tengo claro que cada vez comprendo menos.]

Verónica del Carpio Fiestas

Publicado en arbitrariedad, artículo 11 de la Constitución, carta de naturaleza, Cataluña, Cánovas, Código Civil, Constitución, Constitución de 1876, Estado de Derecho, Historia, nacionalidad, nacionalidad de origen, Pérez Galdós, Son españoles los que no pueden ser otra cosa | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Rajoy inaugura nada contra la corrupción

En este post explicaré al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia la diferencia entre verdad y mentira, la diferencia entre lo vigente y lo jurídicamente inexistente, con un ejemplo concreto relativo a corrupción. Lo que aquí se explicará lo sabe el alumnado de primero de Derecho. En el post veamos primero la propaganda, después la realidad jurídica.

1.- La propaganda

Esto es lo que ha dicho Rajoy, desde su cuenta oficial en Twitter, y en la cuenta oficial de La Moncloa, en una serie de tuits del viernes 23 de octubre de 2015, con información profusamente recogida en medios de comunicación. Viernes, día de Consejo de Ministros, #CMin en jerga Twitter.

La noticia se ha completado por otros tuits, todos ellos del viernes 23 de octubre de 2015:

2.- La realidad jurídica

Esta es la propaganda, masiva como puede comprobarse.

Y ahora vayamos a la realidad jurídica.

Y voy a prescindir hasta del dato de que este MISMO Presidente del Gobierno dijera lo de “Luis sé fuerte” al Sr. Bárcenas tesorero de su partido,

Luis sé fuerte

e incluso del dato sangrante, burla sangrante, de que con los solos votos del Partido11 Popular se haya aprobado una ley que TODAS las asociaciones de jueces y fiscales, en comunicados sin precedentes que constan en anterior post, dicen que es de imposible aplicación y que tendrá como consecuencia la impunidad, la Ley de Punto Final.

Voy a centrarme SOLO en la diferencia entre propaganda y Derecho, entre verdad y mentira, en el caso concreto de la Oficina contra la Corrupción que ha inaugurado Rajoy a bombo y platillo y que dicen medios de comunicación que es su “medida estrella” contra la corrupción.

1

Ya sorprende que una medida estrella contra la corrupción se apruebe a un mes de fin de legislatura, habiendo tenido cuatro años, o sea, que mucho no urgiría; pero esto, con ser importante, es lo de menos.

Lo importante es que es además FALSO que se haya creado la Oficina contra la Corrupción que se ha inaugurado.

Y falso por dos motivos:

  1. Porque cuando se inauguró, la tal Oficina contra la Corrupción NO HABÍA NACIDO SIQUIERA para el ordenamiento jurídico
  2. Y porque cuando esa Oficina ha nacido para el ordenamiento jurídico, DESPUÉS de haber sido inaugurada, resulta que además el propio real decreto que lo regula dice que NO ENTRA EN FUNCIONAMIENTO hasta que se dicte otra norma posterior que no se ha dictado ni tiene fecha para que se dicte.

Veamos separadamente los motivos.

2.1. Cuando Rajoy inauguró la tal Oficina contra la Corrupción, esta Oficina NO HABÍA NACIDO SIQUIERA para el ordenamiento jurídico

Rajoy y el Ministro de Justicia han inaugurado una Oficina contra la corrupción creada por Consejo de Ministros ese mismo día. Así lo dicen los tuits anteriores: “sin más dilación” va Rajoy a inaugurar el mismo día en que el Consejo de Ministros lo aprueba.

El artículo 9 de la Constitución garantiza el importantísimo principio de publicidad de las normas, 1

conforme al cual ninguna norma surge al mundo del Derecho, es decir, existe, mientras que no sea publicada.

  • Cómo se efectúa la publicación se regula en un artículo básico, el abecé del Derecho, que estudia el alumnado de Derecho en primero de carrera, el artículo 2.1 del Código Civil: “Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa”.

Sin publicación en el Boletín Oficial del Estado no EXISTE norma. Sin publicación lo aprobado no surte efectos. Sin publicación no hay nada de nada en el ordenamiento jurídico. Está constitucionalmente PROHIBIDO que surta efectos una norma que no se ha publicado.

Y resulta que se inaugura una oficina contra la corrupción ANTES de que su existencia y regulación hayan surgido al mundo del Derecho por su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Ninguna duda había cuando la propaganda arriba transcrita ya decía que el Sr. Rajoy iba corriendo un viernes a inaugurar lo que ese mismo viernes, media hora  antes, había aprobado el Consejo de Ministros y era evidente que NO se había podido publicar aún en BOE.

Y efectivamente, por si alguien lo dudaba (¿pero quién va a dudar, si nadie dedica medio segundo a pensar en esto y vivimos en la Jauja jurídica donde solo vale la propaganda y el Derecho es también propaganda?): el real decreto aprobado por el Gobierno un viernes, y que ha dado lugar ese mismo viernes a que se inaugure una oficina, ha salido publicado EL SÁBADO en el BOE.

Rajoy ha inaugurado, no ya una autopista no terminada, caso clásico, sino algo inaudito: una oficina que carecía de sustento jurídico, inexistente en el mundo del Derecho.

Aquí está en real decreto publicado el BOE el sábado 24 de octubre de 2015, es decir, un día DESPUÉS de inaugurada por Rajoy la oficina que es creada por tal decreto.

1Aquí enlace al texto completo en el BOE al

Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, publicado en «BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2015, páginas 100169 a 100183 (15 págs.)

2.2. Y además, esta Oficina contra la Corrupción, según el propio real decreto que la regula, no tiene contenido alguno hasta que se dicte una normativa de desarrollo que no se ha dictado y para la cual no hay fecha

Veamos el real decreto.

Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina.

O sea:

  • el real decreto de creación de la Oficina resulta que no da lugar a la “entrada en funcionamiento operativo (sic) de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
  • se pospone esa entrada en funcionamiento
  • el 6 de diciembre de 2015 entra en vigor esa Ley 41/2015 que menciona el decreto
  • a  partir de 6 de diciembre de 2015, en fecha indeterminada, se dictará la normativa de desarrollo para dar lugar a “La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”
  • es decir, que cuando se ha inaugurado la Oficina contra la Corrupción, no había nada de nada, la inexistencia jurídica doblemente
  • es decir, que desde ahora hasta el 6 de diciembre de 2015 tampoco habrá nada
  • es decir, que la normativa de desarrollo se dictará en plena campaña electoral, o incluso perfectamente puede darse el caso de que no se dicte.

Conclusión: que, una vez más, nos toman por idiotas con la colaboración de medios de comunicación acríticos.

O eso, o el Sr. Presidente del Gobierno y su Ministro de Justicia, juristas ambos, conviene que se pongan a estudiar otra vez Derecho Civil I, asignatura de primero de carrera.

Ah, y que alguien me explique algo a lo que no paro de dar vueltas: cómo puede salir Rajoy en fotos estrechando la mano a funcionarios de una Oficina que, cuando se toma la foto, no existe.

Verónica del Carpio Fiestas

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