A partir de un momento, hace ya años, la Comunidad Económica Europea decidió llamarse Unión Europea y el Derecho Comunitario pasó a llamarse Derecho Europeo y hasta surgió una llamada “ciudadanía europea”; y sí, ya sé que estoy simplificando. Y todo ello, y sigo simplificando, respondió a dos planteamientos: el de intentar, o plantearse, o desear promover, o superar la fase de unión meramente económica para pasar a una Europa social y de ciudadanía, por una parte, y por otra al márketing de intentar equiparar «Europa» con los países que componen la Unión Europea. Algunos de entre quienes ya éramos adultos cuando España se incorporó al entonces Mercado Común, o Comunidad Económica Europea, o Comunidades,  recordamos el enfado que sentimos cuando los titulares, las portadas y los blablás políticos de entonces decían «hemos entrado en Europa» como si Europa fuera equivalente a ese número de países que habían decidido unirse parcialmente desde la semilla inicial de los seis hasta los que había a la sazón, como si España no fuera Europa antes y después, como si no fueran Europa los países que estuvieron después, como si no fueran Europa países que jamás se ha planteado que se incorporen y que pertenecen al espacio geográfico y cultural de Europa. Esa sonrojante sumisión lingüística de entonces no fue coyuntural y sigue a día de hoy, y mucho más aún desde que la Unión Europea empezó a llamarse así.

Un grupo de países europeos, entre los cuales se encuentra el nuestro, ha decidido suplantar a Europa empezando por el nombre y por el Derecho, que ya no se llama Derecho Comunitario sino Derecho Europeo o de la Unión Europea. A semejanza de los Estados Unidos de América, que tranquilamente se llama a sí mismo «América» y a sus ciudadanos «americanos», como si no fueran americanos los brasileños, los peruanos, los canadienses o los haitianos, y no fuera América también Brasil, Perú, Canadá o Haití, quienes deciden por nosotros pero sin nosotros, como verdadero despotismo ilustrado, han decidido que Europa somos unos cuantos concretos y no otros y que Derecho Europeo es el que sale de los hornos jurídicos de las instituciones de la Unión Europea, como si no fuera Derecho Europeo, no ya el Derecho suizo o el de Macedonia, sino el propio Derecho español. La terminología nunca es inocente: hay un principio de primacía del Derecho Europeo respecto del nacional.

Y con esta equiparación falsa y abusiva de Europa con concretos países, y de un Derecho concreto con el Derecho Europeo, ha pasado lo que tenía que pasar: que la terminología define los límites. El Derecho de cada país que compone la Unión Europea se difumina, incluso cuando se acomoda al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos -y uso deliberadamente las mayúsculas- y es usurpado y eliminado por un falso Derecho que no procede siquiera de órganos de elección democrática, dejando vacío el Derecho estatal, dejando vacíos los Derechos Humanos y dejando vacía la responsabilidad política y jurídica de quienes toman esa decisiones por sí y ante sí saltándose la normativa internacional. Porque correlativamente a definir «Europa» como grupo concreto de países, lo que no sea eso queda fuera. Los de fuera no tienen Derecho Europeo, no tienen ciudadanía europea, no tienen en definitiva ni Derecho ni ciudadanía, ni derechos. Y siguiendo con ese razonamiento excluyente,  tampoco tienen Derecho ni derechos, ni ciudadanía, ni europea ni de ningún sitio, quienes vengan de fuera huyendo de la guerra.

Da igual que dos sentencias recientes del Tribunal Supremo español (texto 2015-12-18 Derecho Asilo y sentencia sirio) resuelvan que debe acogerse a los ciudadanos sirios que huyen de la guerra porque es notorio que quien huye de allí necesita asilo, y, por cierto, lo ha dicho porque a dos personas sirias, un hombre y una mujer, el Gobierno español les denegó el derecho de asilo, y no está de más recordarlo cuando el presidente del  Gobierno en funciones se llena la boca, causando estupefacción su desfachatez, con que a los sirios hay que protegerlos. Da igual, porque quienes manejan en la Unión  Europea han decidido que el principio de primacía del Derecho Europeo significa que decisiones irrecurribles de un grupo de gobernantes se aplican de inmediato sin consulta alguna ni siquiera a los parlamentarios del mal llamado Parlamento Europeo, ni control. Hay en Derecho español tres tipos de decisiones del Gobierno -y de nuevo simplifico, y mucho-: los reales decretos-leyes, que al menos en teoría sólo pueden dictarse en ciertos temas y circunstancias y que  requieren convalidación del Congreso y que además son recurribles ante el Tribunal Constitucional; las decisiones de tipo reglamentario o reglado, susceptibles de recursos ante los tribunales ordinarios y hasta de suspensión cuando se recurren, y actos de tipo político con responsabilidad, siquiera, política. Pero los acuerdos de la Unión Europea contrarios a normativa internacional e interna, a los Derechos Humanos y a la mínima humanidad, y que nos pasarán factura política y humana a nosotros y a nuestros descendientes, los relativos a los refugiados,  esos no tienen recurso de ningún tipo, y si lo hay no se aplica o no es eficaz. Los acuerdos más graves y más ilegales adoptados en la Unión Europea ahí quedan.

No llamemos al Derecho de la Unión Europea ni Derecho ni Derecho Europeo. Porque el Derecho parte del control y de la responsabilidad y de la jerarquía normativa, y nos han creado unas instituciones comunitarias -uso a propósito este adjetivo- en las que acuerdos gravísimos contrarios a normativa internacional y a normativa interna se adoptan y aplican sin tramitación prelegislativa, sin contar con los representantes parlamentarios estatales y en los propios organismos de la Unión,  y sin control judicial ni constitucional eficaz. Ha tenido que pasar ese ataque gravísimo a otros a quienes los que se autodenominan europeos consideran no personas para que muchos nos demos cuenta de que la Unión Europea es sencillamente la arbitrariedad máxima, un islote jurídico inmenso de No-Derecho que se impone al Derecho y a los derechos. Cuando los actos políticos del Gobierno, y por tanto incontrolables, están tan en retroceso aquí en teoría que hasta el indulto ahora ha de ser motivado, está paradójicamente en expansión el acto político supranacional. La denegación individual de asilo de unos pobres sirios que huyen de la guerra es recurrible aquí ante los tribunales ordinarios, y en efecto ha sido recurrida y ganada; en España una hipotética colectiva denegación de asilo por vía reglamentaria o por modificación legislativa del Derecho de asilo serían recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional. ¿Y una decisión de lo que en definitiva es un grupo de jefes de Estado o de Gobierno está exenta de control, o no vemos que se controle? ¿Es posible tal regresión  del Estado de Derecho?

La decisión ilegal de cerrar fronteras y el ilegal acuerdo con Turquía son un ejemplo terrible de adónde vamos. Vamos a la antidemocracia, a la vulneración impune e incontrolable de la normativa internacional y nacional, e incluso de la Unión Europea. Vamos, en definitiva, de vuelta  De vuelta también al acto político del Gobierno incontrolable por la mera circunstancia de haberse adoptado en comandita con otros Gobiernos también incontrolables.

Eso no es Derecho. Eso no es Europa. Europa, por cierto, según el mito del rapto de Europa, era una mujer fenicia. O sea, del territorio que hoy es Siria.

No lo llamemos Derecho Europeo. No es Derecho aquel que no garantiza mecanismos eficaces para el control de la arbitrariedad y de su propio incumplimiento, que permite que un grupo de gobernantes quede sin control incluso ante vulneraciones flagrantes de Derecho. Como ciudadana, quiero que recurramos lo que se adopta ilegalmente y que perjudica a otros y me perjudica a mí. ¿Y ni yo ni los representantes que he elegido puede recurrir nada ante nadie?

Quienes sepan más que yo de lo que deliberadamente vuelvo a denominar «Derecho Comunitario» que me digan si hay recurso y que estoy equivocada, y cuando digo recurso quiero decir un recurso rápido y eficaz, porque aquí también Justicia tardía no es Justicia. Porque si estoy equivocada, y ojalá lo esté, quiero que me contesten los políticos una cosa: por qué no han recurrido ya y por qué si se ha recurrido no se ha paralizado. Porque si el recurso es como ciudadanos, ellos lo son y tienen medios, obligación específica de conocer los mecanismos de recurso, y cobran, y si es como políticos también. ¿Qué es esto de que una onegé como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR tenga que estar analizando vías posibles de recurso y llegando a la conclusión de que no hay mecanismos eficaces de paralización, o que dependen de los propios políticos, o que no serían rápidos y por tanto eficaces?  ¿Cómo es posible que no estén ahora mismo y desde hace meses todas las asesorías jurídicas de todos los partidos de la oposición, en España, y en el resto de la Unión, echando humo y con las armas jurídicas preparadas y en marcha? Y cuando digo «todos» quiero decir «todos». Porque si están a tope con esto todos no nos hemos enterado, y si han estado a tope para llegar a la conclusión de que no hay nada que hacer tampoco leo que estén todos denunciando públicamente la insuficiencia jurídica de los mecanismos de defensa e iniciando lo pertinente para modificar ya una arquitectura jurídica que propicia la ilegalidad y la arbitrariedad en esto y en todo; porque si pasa en esto es que pasa en todo. ¿O es que estamos en los blablás políticos que no cuestan esfuerzo pero la lucha contra la arbitrariedad no es prioridad?

Ni quiero islotes de repugnante arbitrariedad. Quiero Derecho. Y no quiero esta minieuropa que usurpa el nombre de Europa.

Quiero en definitiva, Estado de Derecho.

No quiero refugiados sin refugio en el barro, expulsados esposados, atacados con gases lacrimógenos, devueltos a zona de guerra, que prefieren suicidarse a ser devueltos, que son devueltos sin que les atienda un abogado, por vías de hecho ilegales y por acuerdos ilegales que han denunciados públicamente por todo tipo de onegés, la ONU, Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía Española. Quiero, en definitiva Derecho. No el Derecho de la Barbarie entronizado ante la mirada impotente y estupefacta no solo de  refugiados sin refugio sino de ciudadanos de la propia Unión Europea que ya sabemos, porque nos lo dejan muy claro, que si mañana necesitamos derecho de asilo, como tantas veces lo hemos necesitado en nuestra Historia, nos dejarán tirados los mismos que dejan tirados a otros, y que vulnerarán cualesquiera otros de nuestros derechos como vulneran los derechos de otros, incontrolablemente y sin recurso o sin recurso eficaz.

Si democracia es control eficaz frente a la arbitrariedad de los gobernantes y de las instituciones, ya lo sabemos: no tenemos democracia.

Y ahora, siga usted hablando de fútbol.

Verónica del Carpio Fiestas