La ley más importante de esta legislatura, la que dará lugar a la impunidad de los corruptos, y de muchos otros delincuentes, la ley de punto final, fue denunciada públicamente una y otra vez, cuando aún era proyecto, por los juristas,  cuando aún era evitable su aprobación por la presión social, entre un estruendoso silencio mediático. No voy a recurrir a autocita; está feo y además solo resaltaría lo que ya sé, la irrelevancia de lo que escribo. Sí voy a citar tres fuentes de verdad importantes que sí deberían ser leídas por los medios de comunicación, entre muchas, y por escoger tres ámbitos distintos, el universitario, el judicial y el del Ministerio Fiscal, y tres casos, entre los muchos que llevan denunciando esto muchos meses.

Lo denunciado lo simplifico: se imponen plazos tasados de instrucción sin dar medios en juzgados sobrecargados y con gravísimas carencias de medios, «olvidando» que hay numerosas diligencias que requieren tiempo, e imponiendo a los fiscales la posibilidad de pedir que se prolongue ese plazo, pero -incluso sin tener  cuenta su dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, que haría depender la decisión final de este si interesara-, encima sin darles ningún tipo de medios para ello.  Se pide lo imposible por ley, por una ley de nombre engañoso, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (sic), y no se dan medios a los profesionales y se les echará la culpa a ellos cuando no se consiga.

Bonito sistema de impunidad.

Tres fuentes de denuncia desde hace meses, entre muchas:

• El ilustre catedrático de Derecho Procesal D. Andrés de la Oliva, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En su blog, de referencia en Derecho Procesal, numerosos posts en lenguaje comprensible explican que  la reforma de las leyes procesales penales en el sentido planteado daría lugar a impunidad. Han sido difundidos masivamente en redes sociales por juristas y no juristas, durante meses.
• La asociación judicial Foro Judicial Independiente, cuyas constantes denuncias resumo copiando un tuit de 13 de marzo de 2015: «Repetimos: Fijar plazos tasados de instrucción sin dar+medios a la Justicia es sencillamente crear autopistas hacia la impunidad«

• La asociación de fiscales Unión Progresista de Fiscales ya lo denunciaba en un comunicado de diciembre de 2014.

Ahora, con la ley ya en BOE, TODAS las asociaciones y jueces y fiscales han denunciado  públicamente que la reforma es inviable, si no se quiere causar impunidad.

TODAS.

• Aquí comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales excepto una (JUECES PARA LA DEMOCRACIA, ASOCIACIÓN DE FISCALES, ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES, UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES,

en términos inequívocos. Una «auténtica ley de punto final»:

«Por si esto fuera poco, su entrada en vigor está prevista en el plazo de dos meses desde su publicación. Así, el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello como dice la propia ley sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna.

Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes, solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma«.

• Aquí, comunicado de la restante asociación judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria,

  generalmente calificada como «conservadora» o «próxima al Gobierno», también en términos inequívocos:

«la empírica dificultad –casi imposibilidad- de que las investigaciones complejas culminen en el plazo inicial de 18 meses y la imposibilidad legal de que los Jueces puedan prorrogar por sí mismos el tiempo de investigación inicial, muestra claramente que los órganos a los que se encomienda la investigación (los juzgados de instrucción) no podrán asegurar el éxito de lo que se les confía»

«Una objeción de la reforma que para nosotros es esencial y profunda, más aún si observamos su casi inmediata entrada en vigor y constatando que las infraestructuras personales, materiales e informáticas de la Justicia, dificultarán en muchos casos la terminación de la investigación en el plazo inicialmente concedido por la ley«

• Aquí tuit que se hace eco de que en cuatro días se han recogido 1.000 firmas de fiscales

Unos piden la reforma de la ley, otros al menos la posposición de su entrada en vigor.

Y con la ley ya aprobada y publicada en el BOE y que solo están pendiente de que llegue el día 5 de diciembre de 2015, el plazo señalado para su entrada en vigor, AHORA, cuando ya hay que luchar contra una ley, no contra un proyecto, AHORA, es portada en un periódico nacional.

Lo mismo pasó con las tasas judiciales. Inexistentes mediáticamente cuando se aprobaban, empezaron a salir en medios cuando ya sus efectos empezaron a ser letales e inocultables y hubo que luchar contra una ley con muertos jurídicos por el camino.

A estas alturas, no me puedo creer que los medios de comunicación sean inocentes. Que tuvieran tan escaso olfato periodístico para no detectar lo que juristas no paraban de decir: que se estaba siguiendo el «sistema Berlusconi» de conseguir el carpetazo en procesos incómodos mediante el sistema de sacar leyes procesales que darían lugar a ello. No me puedo creer que no tengan ojos para ver y oídos para oír a los muchos que decíamos que es una repugnante hipocresía la del partido en el poder que por una parte dice que lucha contra la corrupción y por otra aprueba una ley que dejaría sin posibilidad de perseguir las macrocausas de corrupción.

Toda democracia es imperfecta. La democracia perfecta no existe; todas tienen defectos. Pero muy imperfecta es una democracia

• en la que no solo se aprueban leyes de impunidad
• sino que además los medios de comunicación no avisan a la opinión pública para que la presión pública pueda evitar que se aprueben.

Ahora tenemos una ley que aún tiene un plazo por delante, corto, para su entrada en vigor. Aún se puede arreglar.

Pero solo puede decidirlo el Sr. Rajoy, y solo lo hará si hay masiva presión social y mediática.

El Sr. Rajoy -y digo el Sr. Rajoy porque el ministro de Justicia no pinta nada aquí ni es suya la responsabilidad- tiene cuatro posibilidades:

• No hacer nada. En este caso, cuando la ley ya publicada entre en vigor, empezará el goteo de impunidad, sin vuelta atrás para los casos en que se vaya aplicando, incluso si hay posteriores reformas legislativas cuando gobiernen otros en la siguiente legislatura.
• Instar INMEDIATAMENTE una reforma -esto es suscepible de real decreto-ley – para hacer una de tres cosas:
  • derogar la ley en lo que a esto se refiere
  • reformarla
  • posponer su vigencia

Porque la otra solución, que es dar inmediatamente más medios a los juzgados y a los fiscales, esa no se la cree nadie. ¿O usted sí?

Porque ya venía en el proyecto, allá por marzo de 2015, este mismo interesante artículo que al final recogió la ley aprobada, pese a las denuncias de los juristas:

«Disposición adicional única. Previsión de costes.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.«

O, sea, que ni un un euro de inversión. Ni un solo euro.

Y salió aprobado EXACTAMENTE igual, pese a las denuncias de los juristas. Sabían lo que aprobaban. Cómo no iban a saberlo si estamos en la única legislatura en la que no se ha creado ni un solo juzgado nuevo, y así lo dice por enésima vez este tuit de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de 28 de septiembre de 2015:

y en la que los jueces han tenido que desmentir una y otra vez la afirmación del Gobierno de que se estén dedicando medios contra la corrupción, falsedad flagrante hasta el punto de calificarlo de «patraña» una asociación judicial, como se ha recogido en este post.

Y con lo que la Unión Europea ha dicho de que en los Presupuestos Generales del Estado hay que controlar más el déficit, ¿de verdad que van a soltar aquí los ingentes recursos económicos indispensables? Venga ya.

Por cierto: espero con ansia comprobar el esfuerzo masivo de la oposición parlamentaria y no parlamentaria para presionar en relación con este disparate de ley.

Y tengo voto.

Verónica del Carpio Fiestas