El periódico New York Times ha publicado un editorial sobre España en el cual nos saca los colores, y con razón, además de mencionar la «manifestación» de hologramas que NO ha sido portada en España y debería haberlo sido; al triste papel de la prensa española me he referido en post anterior. España, el país de la charanga y la pandereta, el del sol y la playa, el que es different, el de Franco, vuelve a ser el país de Franco en el editorial en uno de los periódicos más influyentes del mundo.  Me estoy refiriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Franco murió en 1975, hace cuarenta años. Me da vergüenza que cuarenta años después y con una Constitución desde 1978, todavía hayan de relacionarnos con Franco. Refleja, por una parte, la pervivencia de los estereotipos y la importancia exigua de España, vista desde fuera; tras cuarenta años, ni siquiera hay otra referencia mental que esa para analizar una ley inadmisible. Y demuestra, por otra parte, que no es manía de la oposición y las onegés e instituciones de todo tipo cuando insisten en que vamos en una línea muy equivocada, y no precisamente #EnLaBuenaDirección.

Que el New York Times hable de «ley ominosa» en el titular, ya es bastante explícito.

Que diga que la Comisión Europea debería condenar rapidamente la Ley de Seguridad Ciudadana permite suponer que el New York Times tiene la misma confianza en los controles de constitucionalidad del Tribunal Constitucional español que tenemos muchos. O sea, poca.

Que el New York Times haga referencia a cómo la ONU rechaza la ley quizá sea una sorpresa para usted; a usted nadie, o pocos, le han contado que la ONU ha dicho eso sobre esta ley (y no solo sobre ella).

Y que diga el New York Times de esta ley que «It has no place in a democratic nation», es más que claro.

A continuación el texto completo del editorial del New York Times de 22 de abril de 2015, enlace aquí, que transcribo por su interés y para nuestra vergüenza.

Spain’s Ominous Gag Law

On April 10, a group called No Somos Delito or We Are Not a Crime, projected a hologram of protesting marchers filing in front of the Parliament building in Madrid. For the time being, virtual protests in the form of holograms are not illegal in Spain. Incredibly, however, almost every other kind of peaceful protest soon will be if a new law goes into effect as scheduled on July 1.

The law on public security — dubbed the “ley mordaza” or “gag law” — would define public protest by actual persons in front of Parliament and other government buildings as a “disturbance of public safety” punishable by a fine of 30,000 euros. People who join in spontaneous protests near utilities, transportation hubs, nuclear power plants or similar facilities would risk a jaw-dropping fine of €600,000. The “unauthorized use” of images of law enforcement authorities or police — presumably aimed at photojournalists or ordinary citizens with cameras taking pictures of cops or soldiers — would also draw a €30,000 fine, making it hard to document abuses.

The law was introduced in 2013 by the government of Prime Minister Mariano Rajoy, whose conservative party enjoys a majority in both houses of Parliament. The lower house approved the law in December, and, despite pleas from rights groups and the United Nations, the Senate approved it last month.

The law’s main purpose, it appears, is to help the ruling party maintain its hold on power by discouraging the anti-austerity protests that have snowballed into widespread support for the populist Podemos party. Podemos looks set to make major gains in elections this year.

The European Commission should act swiftly to condemn the new law. Maina Kiai, the special rapporteur at the United Nations on the rights to freedom of peaceful assembly, has urged Spanish lawmakers to reject the measure, arguing: “The rights to peaceful protest and to collectively express an opinion are fundamental to the existence of a free and democratic society.” Spain’s new gag law disturbingly harkens back to the dark days of the Franco regime. It has no place in a democratic nation, where Spaniards, as citizens of the European Union, have more than a virtual right to peaceful, collective protest.

Releo el editorial, y me estremezco. Señor Rajoy, si usted no sabe inglés y tampoco sabe Derecho, o le interesa actuar como si no supiera, hay bastante gente que se las apaña en uno o en ambos campos. Y tiene voto.

No quiero tener un legislador que dé lugar a que pervivan los estereotipos.

Quiero un sistema de control constitucional serio, es decir, eficaz, independiente y rápido. No es de recibo que tengamos masas de leyes inconstitucionales vigentes porque no existe ningún sistema preventivo de constitucionalidad ni la posibilidad de suspender leyes estatales ni un control de la agenda del Tribunal Constitucional, que lo mismo resuelve sobre leyes al día siguiente de un recurso que diez años después, a su gusto y conveniencia.

Quiero un país donde no suceda que el Gobierno SEPA que sus leyes inconstitucionales van a pervivir indefinidamente, por lo que DA IGUAL que las saque adelante, porque no pasa nada

Quiero un país donde las leyes inconstitucionales no se aprueben, o si se aprueban, sean anuladas rápido y no tener que pensar que solo podrán ser derogadas en las siguientes elecciones, si se consigue echar por los votos a un Gobierno que usa la Constitución a su gusto y no para respetarla él mismo, y que saca adelante leyes que le consta que son inconstitucionales, y las mantiene a pesar de ello.

Quiero, por lo visto, lo imposible: quiero una democracia que funcione bien.

Verónica del Carpio Fiestas