¿De verdad es indispensable que los parlamentarios juren o prometan la Constitución?

La exigencia de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como requisito imprescindible para alcanzar en plenitud la condición de Diputado no viene impuesta por la Constitución, pero tampoco es contraria a ella. Ha sido establecida por una decisión del legislador (art. 108, 6.º de la Ley Orgánica 5/1985) y antes que por él, por el Congreso de los Diputados, en uso de la autonomía reglamentaria que la misma Constitución (art. 72.1) le otorga, actuando, el uno y el otro, dentro del ámbito de libertad para la creación jurídica que constitucionalmente les corresponde.

Sobre la conveniencia política de imponer estas obligaciones pueden mantenerse opiniones dispares, pues, tratándose de una decisión legislativa o reglamentaria, tan legítima es, desde el punto de vista constitucional, la postura de quienes la propugnan como la de quienes la estiman inadecuada o anacrónica.

¿Le parece revolucionaria o una barbaridad esa posibilidad de que en nuestro ordenamiento no existiera legalmente la necesidad de jurar o prometer de acatar la Constitución? Los dos párrafos anteriores son transcripción prácticamente literal de la sentencia del Tribunal Constitucional 119/1990, de 21 de junio, dictada en el famoso asunto del juramento “por imperativo legal” de unos diputados de Herri Batasuna.juramento 1.JPG

Me pregunto si ha llegado el momento de plantearse si de verdad necesitamos que los reglamentos del Congreso y del Senado impongan que se jure o prometa la Constitución. No me estoy refiriendo  a si debe haber una fórmula u otra de juramento más o menos estricta, o a qué sucede o qué debería suceder si se usan fórmulas “creativas” o condicionadas de expresión de la voluntad, sino a qué aporta exactamente el propio juramento o promesa en sí, si lo que aporta es superior a los inconvenientes y qué sentido tiene a día de hoy, teniendo en cuenta que se trata de un requisito que es constitucionalmente admisible si el legislador -en sentido amplio- lo impone, como en efecto lo ha impuesto, pero que no es constitucionalmente indispensable que el legislador lo imponga. O sea, que es una simple opción para el legislador exigir juramento o promesa, y la pregunta es si esa opción sigue siendo acertada.

juramento 2.JPGEl requisito del juramento o promesa es una supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el empleo de ritos o fórmulas verbales ritualizadas como fuentes de creación de deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales” (y de nuevo cito literalmente esa sentencia del Tribunal Constitucional).  Cuando ya es poco menos que habitual que los parlamentarios aprovechen el momento del juramento o la promesa para expresar públicamente sus convicciones políticas -ya, por otra parte, públicas y notorias-, o para hacer ostentación de egos, de cursilería o de creatividad jurídico-política o jurídico-poética, o para poner de manifiesto sus reservas mentales, o para propaganda, o para generar controversia, o para lo que sea, es decir, cuando el uso de fórmulas es fuente de conflicto, se diluyen los hipotéticos beneficios de la opción del legislador de incorporar al ordenamiento jurídico el juramento o promesa.

La obligación de expresar acatamiento a la Constitución no la impone la Constitución, sino la ley o el reglamento, y la ley y el reglamento podrían no imponerla. ¿De verdad queremos tener estas controversias -iba a decir escandalera- cada vez que se constituyan nuevas Cortes, por lo que muy acertadamente en mi opinión, llama el catedrático de Derecho Procesal  Jordi Nieva-Fenoll “una antigualla absurda”? ¿Cuántas veces más  vamos a tener las portadas llenas de titulares sobre si la expresión añadida tiene o no valor condicionante o limitativo de la promesa y sobre las consecuencias de ello? ¿Y cuántas más veces se dedicarán los analistas políticos -o sea, todos- a comentar en tono agrio, de risa, de apoyo, de burla o de escándalo a algo que es innecesario?

¿Es que acaso podemos permitirnos luchas políticas sobre cuestiones que la Constitución no considera indispensables y que podrían evitarse?  

La obligación de prestar juramento o promesa de acatar la Constitución no crea el deber de sujeción a ésta, que resulta ya de lo que dispone su art. 9.1 y aunque pueda entenderse que lo refuerza, creando un vínculo suplementario de índole religiosa o moral, esta vinculación más fuerte en el fuero interno no tiene, como tal, trascendencia jurídica ni es, en consecuencia, la finalidad perseguida por la norma legal o reglamentaria que la impone“, y una vez más cito esa sentencia del Tribunal Constitucional, así que si alguien cree que jurar añade algo jurídicamente, que se vaya desengañando. Como tampoco añade un compromiso sobrenatural.

Esta antigualla que no añade nada sustancialmente jurídico está causando daño, sin que sea posible vislumbrar ningún beneficio de verdad; porque el posible beneficio propagandístico de unos y otros dudo que en efecto sea un beneficio para la ciudadanía en su conjunto. A lo mejor, quizá, ha llegado el momento de pensar en olvidarnos de antiguallas y propagandas y que solo se discuta lo de verdad importante. Pero eso, claro, es más difícil, porque obliga a pensar qué es lo de verdad importante.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

 

Acerca de Verónica del Carpio Fiestas

Abogada desde 1986. Colegiada ICAM nº 28.303 Profesora de Derecho Civil en el Departamento de Derecho Civil UNED desde 1992 Despacho profesional: C/ Santísima Trinidad, 30, 1° 5, 28010 Madrid (España) Tf. (+34) 917819377 e-mail veronica@delcarpio.es
Esta entrada fue publicada en Constitución, Sin categoría, Tribunal Constitucional y etiquetada , , , , . Guarda el enlace permanente.