El presidente del Gobierno Sr. Rajoy ha pedido perdón por la corrupción. Por motivos desconocidos dan por sentado algunos políticos

• que la responsabilidad política se lava con el perdón, no con la dimisión, y que además el mero hecho de pedir perdón excluye ya cualquier otro tipo de responsabilidad
• que el perdón es un acto unilateral, es decir, que es suficiente con que se PIDA, pero que DA IGUAL que se CONCEDA por los destinatarios de la petición de perdón, personas que, por cierto, NO están obligados a concederlo, porque el perdón es un acto VOLUNTARIO, no obligado
• que por tanto da igual cualquier otra cosa que se haga o NO se haga, como por ejemplo, asumir como partido las responsabilidades económicas de la corrupción
• que con las repetidas referencias a que personas desaprensivas han abusado de la buena fe del Sr. Rajoy, de la Sra. Aguirre y al parecer, de muchos otros gobernantes de otras comunidades autónomas de otros signos políticos, parece que da igual lo que en Derecho se llamaría la responsabilidad -económicamente exigible en otras ramas del Derecho-, por la culpa in eligendo y la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad por haber escogido mal a las personas a quienes se ha encomendado una labor, o por no haber supervisado suficientemente esa labor, cuando hay daños para terceros; aquí no solo no se plantea responsabilidad alguna por lo que tantísimos ámbitos jurídicos sería, no ya responsabilidad MORAL, sino ECONÓMICA
• por no hablar, naturalmente, de que el PP es un partido cuya sede central ha sido registrada por orden judicial; de que está recogido en numerosos autos el manejo de ingentes cantidades de dinero B a cambio de extrañas «donaciones» de empresas y que fueron distraídas en parte por un señor llamado Bárcenas sin que -tanto dinero se manejaría-, se detectara siquiera; de que unas obras en la sede central del partido fueron pagadas con dinero B al parecer sin que nadie lo supiera; de la sorprendente pasividad de la Fiscalía -dependiente. en definitiva, del Fiscal General del Estado, que nombra el Gobierno- en perseguir la corrupción en numerosos casos de todos conocidos, denunciada públicamente por abogados que, en nombre de particulares o instituciones, han intervenido en esos asuntos penales para instar la acción de la Justicia por no actuar el Fiscal antes y están tirando del carro solos o incluso contra el fiscal (casos Bankia y Gürtel, sin ir más lejos, que del caso de la infanta Cristina mejor ni hablamos).

No es ya que la política no sea un confesionario, y que la responsabilidad política no tiene nada que ver con un pecado, sino que es una responsabilidad política y, en su caso, penal. Es que INCLUSO en un confesionario el perdón hay que concederlo; no solo pedirlo, sino que ALGUIEN debe concederlo. Y puede denegarse. Y que para que se conceda, hacer falta, por ejemplo, propósito de enmienda y reparación del daño.

Qué curiosa esa insólita generalización de los perdones de un tiempo a esta parte, y no solo en Españajistán. Tal Gobierno pide perdón por lo que hicieron otros Gobiernos en su país cien años antes; se exige a tal delincuente que pida perdón y se escandaliza la gente de que no lo pida, y se llega a veces hasta a reprochar a las víctimas que NO lo concedan, como si DEBIERAN hacerlo. Residuos históricos y hasta psicológicos del concepto privado de la Justicia, en el que el ofendido tenía un derecho a exigir Justicia penal, y por tanto podía dejar de exigirla, en vez de tratarse de una acción pública. O concepto religioso, de religiones en las que un dios o sus representantes están facultados para perdonar, y el perdón de los pecados es por un lado una vía de extinción de responsabilidad para el que causó el daño y por otra un deber religioso de perdonar las ofensas para el que lo sufrió. O mezcla ideológoca extraña con un concepto puramente jurídico-civil de la condonación de deudas, el perdón de las deudas civiles, algo que por cierto no se presume y que exige un acto del que condona, no solo la petición del que pide.

Cada cual es muy libre de hacer lo que quiera. Por mi parte, no perdono. No perdono porque no estoy obligada a hacerlo, porque no creo que el perdón sea la vía y porque no se ha impedido el daño, pudiendo hacerlo, ni se ha hecho lo posible por no agravarlo ni por perseguirlo, ni se ha reparado el daño.

• ¿Hace falta recordar que en una  legislatura en la que se ha aprobado una ley orgánica en nueve días, y reales decretos-leyes masivos de 172 páginas, en una legislatura donde se legisla ASÍ, a lo bestia, no se ha dictado NINGUNA norma para agravar penas, facilitar persecución de los delitos desde el punto de vista procesal y dar medios a unos juzgados cuya saturación se denuncia cotidianamente?
• ¿Hace falta recordar que cualquier norma penal con MÁS penas o que tipifique nuevos delitos NO sería aplicable retroactivamente, y que por tanto CADA DÍA de demora significa que corruptos se irán de rositas?
• ¿Hace falta recordar las trabas constantes a la investigación  de delitos, los policías retirados de ciertos puestos porque eran incómodos, los discos duros sorprendentemente borrados, las fiscalías haciendo funciones de abogado defensor, los juzgados sin medios para que no puedan investigar y a los que encima se les reprocha que no vayan rápido, la confusión de responsabilidad penal con responsabilidad política para que los absueltos de todo pelaje sigan como si nada ejerciendo funciones públicas y envalentonados, los indultos y las extrañas concesiones de tercer grado?
• ¿Hace falta recordar también que hay quien plantea, desde responsabilidades de Gobierno o desde puestos significativos de partidos -Dª Esperanza Aguirre, que habla de los políticos como si ella no lo fuera y de los corruptos como si ella no hubiera nombrado al Sr. Granados -hoy en prisión provisional- como su consejero de JUSTICIA en la Comunidad de Madrid-, que se limite el plazo de la instrucción de los delitos, lo que significa sencillamente impunidad, porque eso tendría que hacerse archivando procedimientos judiciales que superaran el plazo, o sea, dando carpetazo a gusto del que manda solo con no dar medios a un juzgado, o exigir responsabilidad a jueces y demás funcionarios, como si las cosas se pudieran hacer mágicamente sin medios?

Y no perdono, porque, por si fuera poco, en lo que dice que es su primera medida anticorrupción en la misma semana en la que nos pide/exige perdón, el Sr. Rajoy MIENTE diciendo en un acto público, en presencia de una mandataria extranjera además, que mejor ni pensar lo que pensará  de Españajistán cuando sepa que se ha mentido delante de ella, que se han creado 300 plazas de jueces para la corrupción. Falso de toda falsedad.

Asco, pena y miedo da que se mienta en un tema que afecta de lleno a la Justicia y a la corrupción. Y más aún que los medios de comunicación, borregos, vendidos o temerosos de enfrentarse con el Poder o perder su publicidad institucional, o con dejadez inaceptable o todo a la vez, recojan acríticamente todo lo que salga de la boca de políticos con responsabilidades de Gobierno, esta y tantas otras falsedades flagrantes, como si fueran verdades, dejando los desmentidos para la nota a pie de página o ni eso siquiera.

Aquí tiene usted  los desmentidos de TRES asociaciones judiciales, que dicen CLARAMENTE que es de todo punto falso que se creen 300 plazas de jueces contra la corrupción

• Asociación de Jueces «Francisco de Vitoria»: tuits de 31 de octubre de 2014

«Ni una sola de las plazas de juez que anuncia el Gobierno es de Juez de Instrucción. Nada que ver con la #CorrupcionEP«

• Asociación de Jueces «Jueces para la Democracia». Comunicado y tuits de 31 de octubre de 2014.

Comunicado: enlace aquí

«El presidente del gobierno ha anunciado como medida especial contra la corrupción la incorporación de 300 jueces, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, desde Jueces para la Democracia debemos aclarar que Mariano Rajoy no está diciendo la verdad. El Decreto al que se refiere el presidente del gobierno no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación irregular de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados. Es decir, no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos. Acompañamos el Decreto [NOTA: BOE AQUÍ] y se podrá comprobar desde su introducción que es falso que se creen 300 jueces nuevos para actuar contra la corrupción.

En la línea de los recortes aplicados, desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años. Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional. Ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación. Este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo. La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, 2 magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones.

Tras dos años en los que el gobierno ha estado anunciando medidas contra la corrupción sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos. Desde Jueces para la Democracia lamentamos que el presidente del gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa. Reclamamos cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas. También pedimos que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones.

Además, nuestros órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados. Recordamos que nuestro país se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante. Y que la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados y tienen una carga de trabajo que es superior al 150% de las previsiones institucionales, como ha señalado un reciente informe del CGPJ. A pesar de ello, el Gobierno no ha creado ni un solo juzgado nuevo en tres años. Y, con anuncios falaces como el que acaba de realizar el presidente del gobierno, todo seguirá exactamente igual, también en materia de corrupción.»

• Asociación de Jueces «Foro Judicial Independiente». Comunicado enlace aquí y en la imagen lo más significativo:

«no podemos evitar tener que denunciar el oportunismo de tales declaraciones.

La opinión pública debe saber que no se crean plazas de jueces (ni fiscales) desde hace tres años, y que, como las oposiciones se han ido convocando anualmente, ello ha generado en una situación dramática para los jueces de esas últimas promociones, los cuales, tras años de dura preparación teórica y práctica, se encuentran sin juzgado al que ir, obligados a permanecer en una situación de interinidad y en una indefinición profesional y salarial que las asociaciones judiciales ya hemos denunciado varias veces y que, desde luego, no se merece nadie, pero menos quienes, ya en su juventud, ven así pagado su tremendo esfuerzo.

Por lo tanto, la creación de estas plazas no responde a ninguna política del gobierno dirigida a acabar con la corrupción política, sino a la necesidad de dar salida a cientos de jueces que actualmente se hallan sin destino fijo, en una lamentable situación de precariedad y provisionalidad. El propio Sr. Ministro, Sr. Catalá, lo expresó así el pasado 15 de octubre, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando señalo: “Desde 2011 la Planta Judicial permanece inalterada y, sin embargo, que la Escuela Judicial ha seguido aprobando y, por lo tanto, poniendo a disposición del Poder Judicial jueces en los últimos años que, sin embargo, no han podido adscribirse a destinos judiciales. En este momento, tenemos un déficit de 276 plazas, y les anuncio ya que el Gobierno se propone crear 282 unidades jurisdiccionales con el fin de resolver esta grave disfunción que tenía sumida en una incertidumbre a una parte de la carrera judicial, precisamente a los más jóvenes, los recién incorporados a la carrera, los que acaban de aprobar sus oposiciones y que lo que desean es empezar a trabajar”. Esta misma situación se reconoce igualmente en la Exposición de Motivos del Real Decreto por el que se procede a la creación de estas nuevas plazas judiciales.

En consecuencia, se trata de una buena noticia que, sin embargo, no responde a la demanda social de que el Gobierno reaccione contra la corrupción, sino a la necesidad de tratar de arreglar, al menos en parte, la desacertada política judicial de años anteriores.»

Como puede verse, lo que el Sr. Rajoy quiere vender como 300 jueces anticorrupción es, simplificando, dar destino a jueces pendientes de destino, en lo que sea, que están trabajando hace ya tiempo en condiciones precarias. Punto, y que nada tiene que ver con la corrupción.

Y ello, por cierto, además, tras haber prescindido el Gobierno de los servicios de 1.500 jueces sustitutos, que por recortes intolerables que afectan a la entraña del Estado de Derecho, han quedado fuera sin trabajar -y sin cobrar-, y consiguientemente ha quedado fuera también la tutela judicial efectiva por dilaciones indebidas cuando como consecuencia de todo ello hay juicios señalados para 2017 y 2018.

¿Que no ha habido medidas en relación con la corrupción? Sí, ha habido UNA medida A FAVOR de la corrupción: poner tasas judiciales en la vía contencioso-administrativa para que no sea recurrible la arbitrariedad  del Estado, arbitrariedad que como es bien sabido, tristemente a veces incluye OTRAS cosas.

Da mucha tristeza ver cómo la mentira y la manipulación son sistema cotidiano de comunicación del Gobierno. De verdad, no es indispensable. Y si usted cree que es normal que una asociación judicial tenga que calificar unas declaraciones de un presidente del Gobierno como «patraña» y que otra asociación insista en que no se engañe nadie, y una tercera hable de oportunismo, pues qué quiere que le diga.

Ah, y el Sr. Rajoy pide perdón «a todos los españoles». Al parecer los ciudadanos extranjeros que viven en Españajistán y aquí pagan sus impuestos, y que son afectados por la corrupción en su patrimonio, en sus derechos y en la calidad democrática del Estado, como cualquiera de nacionalidad española, no tienen derecho a que se les pida perdón; no cuentan. Será quizá porque no votan en las elecciones generales.

Verónica del Carpio Fiestas